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El caso Lozoya, hipótesis sobre una trama de corrupción

El caso Lozoya, hipótesis sobre una trama de corrupción
junio 19
2019

Como resultado de un trabajo de investigación iniciado desde la administración anterior, la Fiscalía General de la República arribó a la conclusión de que Emilio Lozoya Austin, en su calidad de Director General de Petróleos Mexicanos, causó un fuerte quebranto a la empresa a raíz de la compra a Altos Hornos de México de la planta productora de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Además de las dudas sobre la conveniencia de la adquisición de una empresa que acumulaba ya varios años sin funcionar y que, al parecer, estaba reducida a chatarra, la operación se caracterizó por el sobreprecio de alrededor de 600 millones de pesos que Pemex pagó. En tal virtud, se giraron órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos. Asimismo, se decretó el congelamiento de las cuentas de ambos.

En principio, la noticia es positiva. Podría ser la primera muestra importante del compromiso del presidente López Obrador con el combate a la corrupción, que, desde la campaña, fue su principal bandera; de igual manera, se ha intentado ver en esta acción de la justicia la prueba contundente de la inexistencia del pacto de impunidad que, supuestamente, suscribió el expresidente Peña Nieto con el presidente López Obrador.

Pero, haciendo eco a diversas voces críticas, se puede afirmar que “una golondrina no hace un verano”. Las razones de esta actitud inicial de desconfianza se hallan en la tradición del sistema priista según la cual cada nuevo titular del Ejecutivo ritualiza su deslinde con el gobierno anterior mediante el encarcelamiento de un prominente “chivo expiatorio”. Así, para no remontarnos muy lejos en la historia, baste recordar los casos de Jorge Díaz Serrano, de Joaquín Hernández Galicia o la de Raúl Salinas de Gortari.

Y si bien la práctica de la captura de peces gordos no fue muy socorrida en las administraciones panistas, el presidente Peña Nieto la retomó al encarcelar a la profesora Elba Esther Gordillo. La pregunta es si Andrés Manuel López Obrador, dado su ADN priista, está recreando esta tradición o, en realidad, está empeñado en combatir la corrupción.

Un factor que no se debe desdeñar es que la acción en contra de Emilio Lozoya ocurre en medio de una coyuntura muy compleja y que ya se ha empezado a reflejar en la caída en los índices de aprobación del presidente López Obrador que, dicho sea de paso, siguen siendo elevados. De esta manera, frente a la clara tendencia al estancamiento de la economía y la menor generación de empleos formales, la ola de violencia, la crisis del sector salud, amén los impactos de los recortes indiscriminados en servicios públicos de primera importancia, la noticia podría contribuir a revertir esta incipiente pérdida de aprobación de la gestión presidencial.

Más allá de cualquier especulación, lo que sí vale la pena resaltar es que la lucha contra la corrupción parece tener un carácter más de gesta heroica que de procedimiento institucional. Es de sobra conocido el desdén del presidente López Obrador hacia el andamiaje legal e institucional construido en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. Sigue habiendo nombramientos pendientes, no hay noticias respecto a la manera en que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se ha integrado a las actividades del Sistema ni si la Secretaría de la Función Pública está realmente cumpliendo su papel como integrante del propio Sistema.

Así las cosas, se puede aventurar la afirmación de que en la 4T el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pese a sus méritos técnicos y jurídicos, está arrumbado, de tal suerte que la lucha contra la corrupción no parece ser el fruto de la operación de instituciones que, al margen de criterios políticos, cumplen su función. En este marco, el riesgo es que se envíe el mensaje de que el combate a las prácticas corruptas depende, en lo fundamental, de la buena voluntad de un mandatario honesto. En otras palabras, no está en las instituciones el antídoto contra la corrupción. En esta batalla, el único héroe posible es el presidente.

Por otro lado, una implicación adicional del caso de Agro Nitrogenados y las acusaciones contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira es que son parte de una vasta trama de actos ilícitos cuyas denuncias, a decir de la Fiscalía, se presentarán por separado. Entre estos casos destaca el de Odebrecht y la supuesta entrega de diez millones de dólares a Emilio Lozoya cuando éste era el responsable de las relaciones internacionales del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto.

No es por tanto gratuita la suposición de que, independientemente de la amistad, la protección que el expresidente brindó al exdirector de Petróleos Mexicanos se explique en función de la necesidad de evitar que el inculpado dé a conocer hechos relacionados con la campaña y que pondrían a Enrique Peña Nieto en una posición muy incómoda.

Precisamente por ello no se debe pasar por alto las reiteradas declaraciones del abogado Javier Coello Trejo en el sentido de que la defensa podría solicitar la presentación del expresidente Peña, así como las de Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, toda vez que estos dos últimos, en tanto secretarios de Hacienda y de Energía, eran miembros del Consejo de Administración de Pemex y tuvieron que avalar la compra de la productora de fertilizantes; en paralelo, ambos cumplieron una función relevante en la campaña presidencial del 2012: el primero como jefe de la misma y el segundo como presidente del PRI.

Finalmente, si la Fiscalía actúa de manera autónoma, como lo mandata la reforma constitucional que le dio origen, la trama de la corrupción en la que está inmerso Emilio Lozoya podría develar muchas sorpresas.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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