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Economía y salud, ausencia de una estrategia contracíclica

Economía y salud, ausencia de una estrategia contracíclica
mayo 01
2020

En el documento “Los precriterios generales de política económica 2020-2021”, llevado al Congreso, se presenta el reconocimiento de que los efectos de la pandemia sobre la economía serán enormes. A pesar de que algunos analistas siguen viendo muy optimistas las estimaciones contenidas en el llamado Marco Macroeconómico 2020-2021, debe señalarse que al menos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asume que en el presente año tendrá lugar una contracción de la actividad económica que será mayor a la registrada en 2019.

Es un hecho que la autoridad hacendaria debe evitar escenarios catastróficos que golpeen aún más la poca confianza de los agentes económicos. Pero es también claro que un exceso de optimismo erosiona la credibilidad de las estimaciones gubernamentales y no ofrece una guía confiable para la elaboración del presupuesto del próximo año.

La SHCP prevé que en este 2020 la variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) fluctúe entre 0.1 y -3.9%, mientras que en 2021 se estima un crecimiento entre 1.5 y 3.5%. A la luz de los primeros resultados de este año, pero sobre todo de los impactos que las medidas de distanciamiento social están teniendo ya sobre la mayor parte de las actividades productivas, parece poco realista la estimación del crecimiento de la economía.

No se puede cuestionar el hecho de que la canalización de recursos a la atención de la emergencia sanitaria es una prioridad no sujeta a discusión».

En paralelo a los sombríos escenarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una caída superior a la ocurrida en 2009, Standard & Poor’s estima un decremento de 8%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica uno de 6%. Podría pensarse que, después de esta disminución, en 2021 habría un efecto de rebote y, por tanto, tasas positivas de crecimiento. El problema es que esta posibilidad de una trayectoria en forma de “V” depende de un repunte significativo de la inversión y éste, a su vez, de una mayor confianza de los inversionistas.

De igual manera, las estimaciones relativas al precio de la mezcla mexicana de petróleo y a la plataforma de producción no se antojan viables. Dados sus profundos problemas estructurales, la acumulación de resultados negativos y de dificultades crecientes en materia financiera, Petróleos Mexicanos (Pemex) no parece capaz de alcanzar los mil 850 millones de barriles diarios en este año ni los 2 mil 027 millones en 2021.

Así, el panorama que se configura en las finanzas públicas se explica a partir de la conjunción de un menor crecimiento, menores ingresos petroleros y menor recaudación. De ahí que los precriterios hayan abandonado el objetivo del superávit primario y, en cambio, pronostiquen un déficit del orden de 0.4% del PIB.

En este contexto vale la pena señalar que, con el fin de hacer frente a la demanda de recursos requeridos para atender la pandemia, el gobierno tomó la decisión de echar mano de los fondos colocados en diferentes fideicomisos. La medida, desde luego, fue presentada como parte del combate a la corrupción. Y si bien es cierto que ha habido casos en los que el manejo de estos recursos ha sido poco transparente y no exento de corrupción, lo cierto es que no a todos se les puede juzgar con la misma vara. Sin embargo, se aplicó la socorrida fórmula de tirar el agua sucia de la tina con todo y el niño.

En los precriterios se señala que “para hacer frente a las ampliaciones de gasto necesarias para atender la emergencia en salud derivada del coronavirus COVID-19, se utilizarán activos disponibles tanto en fondos y fideicomisos del sector salud, previstos en diversas disposiciones normativas, como de otros activos del gobierno federal”.

Cuando hace unos días el presidente Andrés  Manuel López Obrador afirmó que se contaba con más de 400 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia, era claro que se refería a la utilización de los fideicomisos.

Según cifras de la SHCP, al 31 de diciembre de 2019 existían 338 actos jurídicos entre fideicomisos, mandatos y análogos, que en total tienen resguardados 740 mil 573 millones de pesos. Es una cantidad considerable, si bien no todos los fideicomisos podrán ser apropiados por el gobierno. Tal es el caso de los laborales y pensionarios que suman 114 mil millones de pesos. De cualquier manera, se tomarán recursos que, en principio, estaban destinados a asegurar el equilibrio presupuestario, las transferencias a los estados, la respuesta a los estragos de eventos como terremotos y huracanes, y el apoyo a la ciencia, el arte y la cultura, entre otros.

Lo que no es de suyo evidente es que se deban sacrificar objetivos como los que se buscan con los fideicomisos, sobre todo teniendo en cuenta que dichos fondos sólo podrán ser empleados una sola vez, pues en cuanto se disponga de ellos y se agoten, no habrá de dónde echar mano. Tal vez hubiera sido mejor idea renunciar a los proyectos faraónicos de dudosa viabilidad en que está empeñada la administración: Tren Maya, refinería de Dos Bocas y aeropuerto de Santa Lucía.

Pero el presidente no está dispuesto a renunciar a sus proyectos. Tampoco abandona su ilusión de rescatar a Pemex a costa de lo que sea. Eso explica por qué, a diferencia de lo que está haciendo la mayoría de los países, en México el gobierno no parece dispuesto a adoptar una estrategia anticíclica.

Con base en su lema de “por el bien de todos, primero los pobres”, el presidente ha rechazado de modo enfático la alternativa de ofrecer a las empresas alguna forma de alivio fiscal. No se trata de rescatar grandes empresas que, por diferentes razones, se encuentran al borde de la quiebra; se trata, en realidad, de salvaguardar la planta laboral y el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Más aún, ninguna de las organizaciones del sector privado ha solicitado la condonación de impuestos, sino plazos razonables para sortear la coyuntura y contar con liquidez para mantener su planta laboral y retomar en las mejores condiciones posibles su actividad una vez que se supere la contingencia sanitaria.

Pero, el titular del Ejecutivo se sigue negando a esta posibilidad y, por el contrario, el rechazo a un alivio fiscal se ha justificado en un discurso que vuelve a presentar a los empresarios como minoría voraz. En los círculos políticos y mediáticos cercanos a la 4T, han ganado terreno posturas antiempresariales y contrarias a la economía de mercado. Es la materia prima ideológica necesaria para impulsar un modelo de economía centrada en el Estado, que sea convertido en motor y orientador de la actividad económica y, en el plano social, en padre proveedor de los necesitados.

En este contexto, causó revuelo la afirmación del presidente López Obrador acerca del carácter transitorio de la crisis provocada por la pandemia y de que, por consiguiente, “no nos van a cambiar, vamos a salir fortalecidos en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.

La pregunta es si la funcionalidad de la crisis respecto a los fines de la 4T consiste precisamente en que ofrece al presidente la coartada perfecta para saltarse todo obstáculo legal e institucional o, incluso, para tomar decisiones por decreto. En otras palabras: ¿La emergencia sanitaria y la contracción económica vienen como anillo al dedo en la medida en que son la coartada perfecta para afianzar el proyecto político del líder?

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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