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Economía digital

Economía digital
enero 01
2019

Cuando la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) lanzó su campaña para exigir “políticas públicas y regulatorias que garanticen servicios telecom en condiciones de cobertura universal; como lo ordena la Constitución de la República [porque] esos servicios son habilitadores de derechos fundamentales como son educación, salud, seguridad, acceso a la cultura y derecho a la información”, lo hizo en el ejercicio de su atribución para demandar, además de un derecho instituido, un instrumento básico para dotar a la sociedad mexicana de herramientas fundamentales para avanzar en la construcción de una economía digital acorde con la sociedad del conocimiento en que estamos imbuidos, y en atención a requerimientos cotidianos de una productividad que nos mantenga competitivos globalmente, e incluso que haga crecer nuestras ventajas comparativas.

El inicio de tal campaña coincidió con el diagnóstico que, en la misma materia, hizo público la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este documento señala que los países dela región latinoamericana deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital para prosperar en el desarrollo económico que asegure equidad en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Si bien México ha hecho esfuerzos en algunos de los rubros relacionados con las necesidades sociales básicas, muestra rezago de más de una década, según el cálculo dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al comparar el avance de nuestra economía digital con el resto de los países miembro del organismo. Es decir, que si bien la difusión del internet y la inserción de la banda ancha tienen algunos puntos de similitud con los avances logrados por algunos de los países desarrollados, la brecha entre las diversas regiones de nuestro país es aún muy grande y ha generado una enorme heterogeneidad y asimetría económica y social. Por ejemplo, en México solo 46% de los hogares tiene acceso a internet y este está concentrado en las entidades con mayor crecimiento económico, cuando en los países desarrollados la cobertura alcanza al 80% de sus habitantes. Las profundas desigualdades en el ingreso, así como el dispar acceso a la educación y los servicios públicos, condicionan el patrón de adquisición y uso de internet, y en general el uso de las TIC. A estas condiciones debe añadirse que los servicios de banda ancha son más caros y de menor calidad que los ofertados en los países con mayor desarrollo.

Como advierte la CEPAL en el informe de referencia, en el nuevo mundo de la revolución tecnológica hay cada vez menos espacio para la competitividad basada en la dotación de recursos naturales abundantes y mano de obra barata. Las ventajas, cada vez más, provienen de la producción basada en la innovación, los avances tecnológicos aplicados al ejercicio cotidiano y, desde luego, la educación y capacitación en las TIC y su aplicación y operación práctica, es decir, en la economía digital.

EPÍLOGO

AMEDI y CEPAL tienen toda la razón. Es toral avanzar y consolidar una economía digital que nos permita continuar siendo competitivos al diversificar nuestros lazos comerciales con el mundo. Desde luego, para poner cimientos sólidos a tal esfuerzo, es necesario superar aquellos factores críticos que son limitantes, es decir, debe proveerse al conjunto de la población, en forma extensiva y suficiente, atención a las necesidades sociales básicas, tales como salud, educación, abastecimiento de agua potable, políticas y programas sobre salud reproductiva, empleo bien pagado,superación de la pobreza extrema… El avance debe ser simultáneo.

C.P.C. Roberto Álvarez Argüelles
Expresidente del IMCP
mireyagarza14@yahoo.com.mx

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