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División de poderes, órganos constitucionales en una nación polarizada

División de poderes, órganos constitucionales en una nación polarizada
abril 01
2019

El papel que desempeñan las instituciones autónomas es muy importante en la división de poderes; el recorte a su presupuesto evidencia un acotamiento injustificado sobre el cual se han presentado controversias ante la Suprema Corte de Justicia.

Aunque rara vez ocupan un lugar preeminente en el debate público y en la cobertura de los medios de comunicación, la relevancia de los organismos constitucionales autónomos está fuera de duda. Las funciones que desempeñan los convierte, por un lado, en una suerte de salvaguarda para que las decisiones complejas que deben adoptar se sometan a criterios técnicos y no dependan de las necesidades coyunturales de los gobiernos ni de la presión de los intereses que pudiesen verse afectados por esas decisiones.

Por otro lado, desde la perspectiva de la arquitectura del sistema político, los órganos autónomos son una pieza importante de la división de poderes, en tanto contribuyen a evitar los excesos en materia de concentración del poder. Este doble papel resulta crucial en el actual contexto, caracterizado por visibles dosis de voluntarismo e ideologización en la toma de decisiones, así como por una manifiesta voluntad de concentración del poder. Conviene hurgar en la racionalidad de las entidades del Estado y, a partir de ahí, referirnos a las amenazas que la autonomía enfrenta.

Después de que en 1929 la Universidad Nacional consiguiera su autonomía, pasaron más de sesenta años para el surgimiento de una institución autónoma. Durante ese largo periodo, en el marco del modelo de la presidencia imperial y del partido hegemónico, ni siquiera se concibió la posibilidad de que determinadas áreas de la política pública fuesen sustraídas al control del Poder Ejecutivo.

Fue hasta entonces, a consecuencia de los catastróficos efectos de los excesos presidenciales en el manejo de la economía (las finanzas nacionales se manejan desde Los Pinos, el crecimiento económico con endeudamiento externo y la crisis de 1976) que se consideró indispensable construir salvaguardas legales que blindaran la política monetaria de injerencias políticas que comprometiesen la estabilidad de la economía. Así, en 1993, se reformó el artículo 28 de la Constitución, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México.

Pocos años después, se concedió la autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Federal Electoral (IFE), producto de los avances democráticos del país, que tanto la promoción y la defensa de los derechos humanos, como la organización de los procesos electorales debieron ser sustraídas al control directo del gobierno.

Desde luego, ninguno de estos organismos es perfecto. Se han criticado, por ejemplo, los excesos de gasto en que algunos han incurrido; también se ha llamado la atención sobre la adopción de facto de un sistema de cuotas partidistas mediante el cual se definen los nombramientos de las autoridades que los gobiernan. Con todo, cabe afirmar que estas instituciones han arrojado resultados con saldo positivo: el Banco de México se ha erigido en un auténtico baluarte de la estabilidad monetaria; el INE (antes IFE), dadas sus capacidades técnicas, es garante de elecciones apegadas a la ley donde los votos se cuentan y cuentan bien.

Todos los órganos autónomos sufrieron importantes recortes de presupuesto, pero tal vez los casos más emblemáticos sean los del INE y el INEGI.”

A su vez, organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen información confiable indispensable para la formulación de las políticas públicas. No se trata de presentar un listado de los efectos positivos que la actuación de estas instituciones conlleva, sino de llamar la atención sobre la necesidad de blindarlos frente a los embates de un gobierno voluntarista.

Desde la campaña, y aún antes, el presidente López Obrador ha manifestado la desconfianza que estas instituciones le inspiran. Como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, chocó frontalmente con el órgano encargado de garantizar la transparencia de los actos de gobierno. En meses recientes, se han multiplicado las críticas al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), al que acusa de no haber acabado con la corrupción (cuando la transparencia es sólo un elemento más de la estrategia contra este flagelo). Cabe mencionar los intentos, hasta ahora fallidos, de subordinar a los órganos autónomos del sector energético a la secretaría del ramo.

El embate presupuestal también está presente. Prácticamente todos los órganos autónomos sufrieron importantes recortes, pero tal vez los casos más emblemáticos sean los del INE y el INEGI. Por lo pronto, varios organismos han presentado ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales.

El INE, incluso, señaló que el recorte de 950 millones de pesos pone en entredicho su capacidad para llevar a cabo las funciones que debe desempeñar.

En el caso del INEGI, la institución argumentó que el menor presupuesto asignado le impedirá llevar a cabo el plan de trabajo previsto para 2019. Aunque se mantendrán proyectos sustantivos como el Censo Económico, otros como el Censo Agropecuario y una gran variedad de encuestas sobre problemáticas sensibles (como es el caso de la percepción de inseguridad) deberán cancelarse.

Puede parecer absurdo que un gobierno que deberá hacer frente a una enorme variedad de problemas complejos y ofrecer resultados asuma el riesgo de no contar con información confiable y técnicamente validada. Sin embargo, no parece tan absurdo a la luz del estilo personal de ejercer el poder de un líder que, cuando la información no avala sus posturas, recurre sistemáticamente (al menos desde 2006) a la descalificación y a la afirmación de que él tiene otras cifras.

En suma, la existencia de un amplio abanico de órganos autónomos no representa, por definición, un obstáculo para la llamada “Cuarta Transformación” ni para ningún otro proyecto de gobierno, siempre y cuando sus decisiones se ajusten al marco legal y respeten las reglas básicas garantes de su viabilidad técnica. Son, por supuesto, una presencia incómoda para un gobierno que ve en el sistema de pesos y contrapesos un acotamiento injustificado a sus pretensiones de concentración de poder que, además, pone en evidencia el voluntarismo y la ideologización de muchas de sus decisiones clave.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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