Veritas Online

Ejercicio Profesional

Dictamen fiscal, la presunción de la certeza

Dictamen fiscal, la presunción de la certeza
septiembre 01
08:25 2017

Este documento, que ha ido transformándose con el tiempo, no ha dejado de dar certeza del cumplimiento de los contribuyentes cuando es suscrito por contadores públicos. Está en ambos hacer valer su presunción.

En el evento anual de la Academia de Estudios Fiscales (AEF) de la Contaduría Pública se presentan al público interesado en la materia tributaria algunos de los temas que han ocupado la labor de investigación y discusión al interior de nuestro organismo.

No fue coincidencia que el evento del pasado mayo haya tenido verificativo en la misma fecha en que se celebraron los primeros 100 años de la Contaduría en México. Por esta razón, en el desarrollo del programa se buscó destacar el papel y aportación de la profesión contable a la fiscalidad en México.

En ese contexto, el primer tema que se presentó y discutió en el foro se denominó Relevancia de la Contaduría Pública en la Adecuada Tributación con la participación de Enrique Calvo Nicolau, Óscar Márquez Cristerna (ambos miembros de la AEF), José Luis García Ramírez y Roberto Resa Monroy (Presidente y Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, respectivamente).

Como preámbulo de este panel se detallaron los antecedentes del dictamen fiscal que prepara y suscribe el contador público y cómo, en el año de 1959 surgió el informe fiscal derivado de la auditoría practicada por los contadores públicos. Inicialmente, tal informe fue obligatorio para ciertos contribuyentes, pero después se eliminó la obligatoriedad para traducirlo en una alternativa para los gobernados. Este dictamen fiscal fue de gran utilidad para el erario puesto que generaba una considerable recaudación secundaria; por otra parte, para los contribuyentes, esta alternativa implicaba ciertos beneficios, como la limitación al ejercicio de facultades de la autoridad fiscal.

En 1991 se incorporó el artículo 32-A al Código Fiscal de la Federación (CFF) a través del cual se obligó a todos los contribuyentes a que se ubicaran en los supuestos allí establecidos, a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Esta obligatoriedad produjo dos efectos fundamentales, que el contador público pudiera ver coartada su independencia profesional en la medida en que él estaba obligado a informar a las autoridades las deficiencias en el cumplimiento de obligaciones tributarias relativas a quien patrocinaba sus servicios; en segundo término, ante la necesidad generalizada de que los contribuyentes dictaminaran su información financiera, comenzaron a surgir contadores públicos con bajos escrúpulos dispuestos a empeñar su firma para ocultar deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de obligaciones impositivas de los contribuyentes. De manera que la obligatoriedad del dictamen fiscal afectó la credibilidad y confiabilidad de los reportes e informes presentados por los contadores públicos. Por lo tanto, en 2014 se eliminó la citada obligatoriedad para dejar al dictamen fiscal como una prerrogativa para los contribuyentes.

Esta situación, volvió a dar al dictamen fiscal un valor e importancia singulares que llevan aparejados beneficios para los contribuyentes. En ese orden de ideas, es meritorio estudiar la trascendencia de la auditoría para fines fiscales que desarrolla el profesional de la contaduría.

El artículo 52 del CFF establece que se presumen ciertos los hechos afirmados por los contadores públicos en los dictámenes e informes que rindan para efectos tributarios. Así, el dictamen suscrito por contadores públicos jurídicamente tiene una presunción de certeza que solo puede ser desvirtuada por las autoridades fiscales con hechos y documentos que lo descalifiquen. Ese es el valor intrínseco del dictamen fiscal.

Paralelamente, el artículo 52-A del CFF concibe el procedimiento conocido como “revisión secuencial”. Por virtud de este, la autoridad no puede ejercer facultades de comprobación directamente sobre los contribuyentes sin antes requerir al contador público que hubiese suscrito un dictamen fiscal. Lamentablemente, en la práctica, esta revisión secuencial se traduce en un simple trámite por virtud del cual las autoridades requieren a los profesionales de la contaduría información que, en muchas ocasiones está fuera del alcance de su auditoría. Habiendo agotado tal instancia, ejercen las facultades de comprobación respecto del sujeto de las obligaciones tributarias. Lo anterior implica violaciones a los derechos de los contribuyentes y de los profesionales de la Contaduría en la medida en que el ejercicio de facultades de las autoridades exactoras es improcedente al soslayar la presunción de certeza de la información contenida en los dictámenes fiscales.

El dictamen suscrito por contadores tiene una presunción de certeza que solo puede ser desvirtuada por las autoridades”.

En efecto, para que proceda cualquier ejercicio de facultades y liquidación de diferencias en las contribuciones objeto del dictamen fiscal, primeramente la autoridad deberá desvirtuar los hechos consignados en el multicitado dictamen para entonces proceder al ejercicio de sus facultades. En la práctica esto no ocurre así y las autoridades se limitan a agotar una revisión secuencial a nivel formal, pero sin desvirtuar los hechos afirmados por los auditores.

Recientemente, se han dictado resoluciones jurisdiccionales en las cuales las actuaciones de las autoridades resultan anuladas al no haber desvirtuado los hechos afirmados por los contadores públicos en sus dictámenes. Con lo anterior, queda demostrado que el dictamen fiscal tiene una presunción legal de certeza que está en los contribuyentes y en los propios contadores hacer valer.

También se destacó el hecho de que cada uno de los apartados del dictamen fiscal o del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED), como también se le conoce, constituye una afirmación y que el hecho de que una de ellas sea descalificada, no implica que el resto tengan la misma suerte. En caso de que las autoridades controviertan exitosamente alguna de las afirmaciones, solo respecto de ella procederá el ejercicio de facultades.

Ante lo expuesto en este foro se concluye que es menester de los contribuyentes, sus asesores y de los propios contadores públicos hacer valer esta garantía inherente al dictamen fiscal para limitar las violaciones cometidas por las autoridades en el ejercicio de sus facultades.

Este evento organizado por la academia contó en una concurrida asistencia y con magníficas aportaciones de los académicos e invitados. Así, una vez más, se puso en práctica nuestro lema: “Por la Justicia y la Razón”.

C.P.C. y Lic. Óscar Márquez Cristerna
Presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública
omarquez@cnmc.mx

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

A %d blogueros les gusta esto: