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Ámbito Universitario

Derechos y obligaciones fiscales: en defensa del contribuyente

Derechos y obligaciones fiscales: en defensa del contribuyente
noviembre 29
10:12 2013

Por C.P.C. y A.C. Héctor Torres Sánchez

Docente de la EBC Campus Tlalnepantla y Miembro de la Comisión de Docencia del Colegio

h.torres@ebc.edu.mx

Es común que se hable de la evasión del contribuyente, pero muy pocas veces se mencionan las obligaciones que la autoridad debe cumplir para no violar los derechos del mexicano.

La Constitución Política de México establece en su artículo 31 cuáles son las obligaciones de los mexicanos, particularmente en la fracción IV, señala: “Contribuir para los gastos públicos de la Federación, el Estado, Distrito Federal y Municipio en que resida de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”; en esta última parte hace referencia a aquellas disposiciones jurídicas emanadas del Poder Legislativo, denominadas como leyes de impuestos  específicos, las cuales establecen una serie de hipótesis normativas que en el momento de actualizarse en la realidad generan el nacimiento de la relación tributaria, entendiéndola como aquella formada por dos elementos personales; por un lado, el sujeto activo (autoridad ­scal) y en el otro extremo, el sujeto pasivo(contribuyente), unidos por un vínculo jurídico con la naturaleza de una obligación, por medio del cual, el primero exige al segundo el cumplimiento de una prestación en su favor.

Cuando se piensa en la relación tributaria, generalmente se asocian a ella solo obligaciones a cargo del contribuyente, mismas que no se limitan al cumplimiento de pagar impuestos, sino que también comprenden las denominadas formales (de hacer, no hacer y tolerar). Sin embargo, resulta fundamental reconocer que también la autoridad ­ fiscal tiene a su cargo una serie de obligaciones respecto del contribuyente.

RECIPROCIDAD

De forma general, se puede decir que la obligación fundamental de la autoridad se refiere a que en su actuación tiene que respetar las disposiciones establecidas en la Constitución, las leyes y sus propios reglamentos, aspecto que no es menor, y que en ocasiones por dolo, omisión o mala fe no hace. En el momento en que la autoridad incumple con su obligación de sujetar su actuación a las disposiciones legales, es posible que el contribuyente haga uso de alguna vía de defensa contra esos actos con la ­finalidad de restablecer la legalidad. Las vías para combatir esos actos se pueden dividir en dos tipos, de acuerdo con la esfera de actuación en que son promovidos:

Ámbito administrativo

Ámbito de los tribunales

A los Contadores Públicos nos corresponde verificar que en las etapas del proceso de ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal, esta se apegue estrictamente a las disposiciones legales y, en su caso, identificar la posibilidad de interponer la defensa que nos resultaría natural, previa a un juicio, en el ámbito mismo de la autoridad que hubiera realizado el acto o emitido la resolución que se pretende combatir.

Si bien esta posibilidad de defensa se encuentra en diversos ordenamientos legales. Hay que recordar que el sujeto activo de la relación tributaria está representado por distintos entes, dependiendo del tipo de contribución que se trate, por ejemplo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se le denomina Recurso de Revocación, mientras que para el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se le llama Recurso de Inconformidad y evidentemente se encuentra regulado por los respectivos ordenamientos legales y con características distintivas. En este caso, se abordarán los aspectos relativos al medio de defensa previsto en el CFF.

Es fundamental reconocer que también la autoridad _ fiscal tiene a su cargo una serie de obligaciones con el contribuyente.

Este medio de defensa es optativo, es decir, puede elegirse o proceder a la interposición de un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso pretende una autorrevisión del acto o resolución por parte de la propia autoridad, con el propósito de que sea revocado, anulado o modifi­cado una vez que se comprueba su ilegalidad. De forma general el plazo para su interposición es de 45 días posteriores a aquel en que haya surtido efectos la noti­ficación del acto o resolución que se impugne. Sin embargo se establecen las siguientes excepciones: tratándose de actos en el procedimiento administrativo de ejecución sería de 10 días siguientes a la publicación dentro de la convocatoria; el mismo plazo posterior a la noti­ficación del avalúo base para el remate de bienes y negociaciones embargadas; y en cualquier tiempo hasta el remate, enajenación o adjudicación a favor del fisco federal tratándose de actos que afecten el interés de terceros.

De acuerdo con el CFF, el recurso de revocación procede en contra de resoluciones definitivas dictadas por autoridades ­ fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; nieguen devoluciones que sean procedentes; sean dictadas por autoridades aduaneras, y cualquiera que cause agravio al contribuyente en materia ­ fiscal. Así como en contra de actos de las propias autoridades ­ fiscales federales en los que: se cuestione la existencia de un crédito o su cuantía; violen las disposiciones legales antes del remate dentro del procedimiento administrativo de ejecución; si afectan el interés jurídico de terceros; o establezcan el valor base para la enajenación de bienes embargados.

El recurso deberá cumplir con señalar el nombre, la denominación o razón social, el domicilio fiscal y el RFC; señalar la autoridad a la que se dirige y su propósito; incluir la dirección o el correo electrónico; establecer la resolución o acto que se impugna; precisar los agravios que le causa al contribuyente la resolución y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.

Una gran ventaja de este recurso es que, al interponerlo, el contribuyente tiene un plazo de cinco meses para garantizar el interés ­ fiscal. En 2009 se hicieron modi­fi caciones al CFF para fortalecer la efectividad de este medio, y aun cuando la autoridad con­forme la legalidad de su actuación, es recomendable su interposición como forma de preparación o para el perfeccionamiento de aquellos argumentos que se harían valer en un juicio de nulidad.

El Contador Público debe procurar hacer valer la legalidad en la actuación de la autoridad en defensa de sus clientes y tener los elementos necesarios para hacer valer el medio de defensa en el ámbito administrativo o funcionar como parte coadyuvante en el caso de un juicio.

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