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Declaraciones informativas, ¿pueden ser inconstitucionales?

Declaraciones informativas, ¿pueden ser inconstitucionales?
abril 01
2015

Actualmente, con las nuevas tecnologías, proveer datos e informes a la autoridad pone en debate si es justificable o excesivo, si es legal o pone en riesgo la privacidad y seguridad de los contribuyentes.

Originalmente la declaración para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tenía que ser “calificada” por la autoridad fiscal, lo que cambió cuando se estableció que el propio contribuyente sea quien se autodetermine y pague el importe de la contribución correspondiente, con lo cual el fisco federal desconoce la realización del hecho generador. A partir de entonces surgió la obligación de presentar declaraciones de carácter informativo con lo cual la autoridad obtiene datos e información que son evidencias tributarias para vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Así, el fisco solicita a los contribuyentes que proporcionen datos e informes relacionados con el momento o la fecha de realización del hecho generador, la determinación y el pago de la contribución relativa, así como algunas circunstancias relacionadas con ello, incluyendo las personas involucradas y sus datos fiscales; sin embargo, proveer datos e informes se ha incrementado notablemente y en ocasiones suele decirse que es excesivo y se cuestiona su legalidad.

Esto se ha acentuado más con el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), un factor que amenaza la privacidad y seguridad jurídica de las personas por cómo los datos fiscales son accedidos y tratados, pues actualmente es posible mover un gran volumen de estos e interrelacionarlos entre sí con resultados ciertos o falsos, dependiendo de los criterios de búsqueda.

A continuación se explica de forma breve el criterio que los tribunales deben seguir para analizar si una declaración informativa o cualquier otra obligación de proporcionar información a la autoridad fiscal puede estimarse inconstitucional.

PUEDE SER INCOSNTITUCIONAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado, a través de diversas ejecutorias, que a las declaraciones informativas no les aplican los principios tributarios de legalidad, equidad y proporcionalidad a que se refiere el Artículo 31, Fracción IV constitucional, dado que no impactan en el pago del tributo, pues estos principios solo están circunscritos al contenido de la contribución.

Sin embargo, la SCJN precisa que ello no implica que este tipo de declaraciones escapen del control constitucional de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF), toda vez que cualquier producción normativa —sea legislativa o administrativa— debe pasar el análisis de la Constitución federal, por lo que el estudio de las declaraciones informativas deben realizarse a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad que derivan de los artículos primero, 14 y 16 constitucionales, salvo que la declaración informativa:

[1] Repercuta directamente en la contribución.

[2] Modifique algún elemento esencial de la contribución.

[3] Altere la cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir, en cuyos casos su análisis constitucional sí podrá llevarse bajo estos principios tributarios, pues en dichos supuestos la declaración informativa sí está dentro del perímetro de la obligación del pago del tributo.

En consecuencia, la impugnación constitucional en contra de una declaración informativa que se considere excesiva en datos e información o estos no estén circunscritos al ámbito tributario, así como cualquier forma de proveer información al fisco, debe realizarse a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad.

La impugnación constitucional contra una declaración considerada excesiva debe hacerse a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad

Estos derivan de los artículos constitucionales citados, desmembrando, en primer lugar, la obligación tributaria de que se trate, ya que esta deberá dar los parámetros y marco normativo del actuar de la autoridad fiscal para que expida el formato respectivo y, posteriormente, qué datos e información debe proporcionarse a la administración tributaria para que estos sean idóneos y susceptibles de alcanzar la finalidad o fin perseguido por la ley y así pueda estimarse constitucional.

De no ser así, los órganos jurisdiccionales del PJF debieran estimar contrario a la Constitución proveer los datos o la información que no sea de carácter tributario y estimar inconstitucional suministrarlos.

CONCLUSIÓN

Actualmente, la administración tributaria, a través de las declaraciones informativas, obtiene amplios y detallados datos e información de las operaciones o actos que realizan los contribuyentes o los terceros vinculados con estos, no solo del hecho generador de las contribuciones, sino que ahora solicita información que no necesariamente está ligada con los tributos e incluso documentos de manera ilegal e inconstitucional.

En su tarea de fiscalización, esto le es y será de gran utilidad; pero para que la actuación de la autoridad se considere dentro del marco de la Constitución deberá ceñirse al fin de la obligación tributaria a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad que derivan de los artículos constitucionales aludidos, vinculándose además a las disposiciones legales que regulan el acceso y tratamiento de los datos suministrados por los particulares, pero sobre todo en materia de protección de los datos personales, en cuyo tema el fisco no está exento de cumplir.

Lic. Alberto Vela Peón

Integrante de la Comisión Fiscal del Colegio

alberto.vela@avpabogados.com

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