Veritas Online

Ejercicio Profesional

Declaraciones informativas de partes relacionadas. Análisis de la sentencia constitucional

Declaraciones informativas de partes relacionadas. Análisis de la sentencia constitucional
octubre 01
07:00 2017

  A partir de que la SCJN declaró constitucional la presentación de las declaraciones, se deberá realizar un análisis exhaustivo de las normas, las cuales pueden causar un daño a las empresas multinacionales debido a la información que les obligan a proporcionar.

En los últimos años, el gobierno mexicano ha implementado diversas medidas para efecto de recabar información, con la posibilidad de analizar una posible evasión fiscal, agilizar la fiscalización de los contribuyentes cautivos y, por vía de consecuencia, mejorar la recaudación.

En ese mismo contexto, nuestro gobierno se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la erosión de la base imponible vía el traslado de utilidades por parte de los grupos multinacionales, generar la información necesaria para identificar prácticas y estrategias fiscales, y que las autoridades puedan actuar en contra de los actos de elusión y evasión fiscal.

Por ello el Estado Mexicano adoptó a partir del ejercicio fiscal de 2014 las siguientes medidas: (i) contabilidad en medios electrónicos, (ii) revisiones electrónicas, (iii) operaciones relevantes y (iv) declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, esta última, adicionada a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de noviembre de 2015.

Las declaraciones informativas antes mencionadas son las siguientes: i) la informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, ii) la informativa local de partes relacionadas y iii) la informativa país por país del grupo.

Los contribuyentes consideraron que dichas declaraciones resultaban inconstitucionales y, en esa medida, presentaron diversas demandas de amparo, considerando como principal argumento que mediante dichas declaraciones se les estaba requiriendo información que no se encontraba en su poder.

No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) consideró que resultaba constitucional la nueva obligación de presentar las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, a partir de lo siguiente.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

En primer término, antes de analizar las razones por las cuales resolvió la Segunda Sala como inoperantes o infundados los argumentos hechos valer por los quejosos, es importante señalar cómo describió a cada una de las declaraciones:

[I] Declaración informativa maestra: Dicha declaración recoge información estandarizada correspondiente a todos los miembros del grupo multinacional, es decir, contendrá información de alto nivel acerca de las operaciones o negocios globales, así como las políticas de fijación de precios de transferencia.

[II] Declaración informativa local: El contribuyente deberá presentar información referente a las operaciones significativas del contribuyente local. Esta información es exclusiva para cada país, la cual incorpora documentación detallada sobre precios de transferencia en relación con sus transacciones, identificando aquellas en específico con entidades vinculadas, el monto de dichas transacciones y el análisis de la determinación de esas operaciones.

[III] Declaración informativa país por país: Contiene cierta información acerca de la distribución mundial de los beneficios y los impuestos pagados, junto con determinados indicadores de la ubicación de la actividad económica dentro del grupo multinacional.

En este contexto es que a continuación se analizarán los principales conceptos de violación hechos valer por los contribuyentes en las demandas de amparo, así como la resolución de la Segunda Sala en relación con dichos conceptos.

Violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Los quejosos, a grandes rasgos, señalaron que el artículo 76-A de la LISR violaba los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la medida que requiere información que no se encuentra en su poder, siendo además una carga administrativa excesiva y de difícil cumplimiento.

Ahora bien, la Segunda Sala resolvió que no se transgreden los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, en tanto que en el artículo 76-A de la LISR se estableció claramente la información que se requiere, además de que se solicita a los contribuyentes información de sus partes relacionadas que tiene en su poder por la vinculación que existe entre las empresas del grupo y como consecuencia de las operaciones que entre ellas se lleva a cabo.

Adicionalmente, la Segunda Sala señaló que no se transgreden los principios antes mencionados, pues estimó que la información exigida al contribuyente se encuentra íntimamente vinculada con el método de determinación de los precios de transferencia, misma que los contribuyentes deberán tener para demostrar que los precios o contraprestaciones que fijaron con sus partes relacionadas, se encuentran a valor de mercado.

Lo resuelto por la Segunda Sala no es compartida por los autores, pues existe información requerida a los contribuyentes mediante las declaraciones informativas de partes relacionadas la cual no tienen en su poder y que no es compartida como producto de las operaciones que se realizan entre las partes relacionadas, incluso, contrario a lo señalado, el que una persona moral sea parte relacionada de otra no le da acceso a su contabilidad.

Violación al derecho fundamental de protección de datos personales. Los contribuyentes en las demandas de amparo señalaron que el artículo 76-A de la LISR resultaba inconstitucional, en la medida en que no existen medidas suficientes para garantizar la confidencialidad de la información que los contribuyentes están obligados a proporcionar, información que incluso puede configurar la figura de secreto industrial o comercial, argumento que la Segunda Sala resolvió como inoperante.

Lo anterior, pues desde el punto de vista de la Segunda Sala, en el caso hipotético de que se concediera el amparo, el efecto sería obligar a la autoridad a emitir una norma dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual resulta violatorio del principio de relatividad de las sentencias.

El principio de relatividad de las sentencias señala, grosso modo, que el juicio de amparo únicamente se ocupara de los quejosos que sean titulares de un interés jurídico o legítimo individual o colectivo y que por virtud de una norma, acto u omisión se transgreda, lo que produce una afectación real, debiéndose la sentencia limitar a ampararlos y protegerlos, no estando en posibilidades de ampliar dicha protección a nadie más que no hubiere figurado como reclamante de la norma.

No obstante a lo anterior, en opinión de los autores, lo resuelto por la Segunda Sala es incorrecto, pues tenemos conocimiento de que lo solicitado por los quejosos en diversas demandas era que se desincorporara de su esfera jurídica la obligación de enviar las declaraciones informativas, no así que se diera un efecto general a la sentencia.

Con la sentencia, los contribuyentes deberán compartir información que no tienen en su poder y que no es producto de las operaciones entre partes relacionadas”.

Violación a los principios de subordinación jerárquica, reserva y primacía de Ley. Los quejosos adujeron, de igual forma, que el artículo 76-A de la LISR resultaba inconstitucional, siendo que habilitaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a fijar mediante reglas de carácter general, la información adicional que pudiera requerir a los contribuyentes, sin que existan las bases, parámetros y límites a esa cláusula habilitante.

Al respecto, la Segunda Sala, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 76-A de la LISR, señaló que no se analizarían dichos conceptos, pues tales argumentos se revisarían una vez que la autoridad hacendaria hubiere ejercido su facultad reglamentaria, estableciendo los aspectos técnicos u operativos referidos. Adicionalmente, la Segunda Sala de la SCJN señaló que la cláusula habilitante contenida en el artículo 76-A de la LISR establece una base mínima que se debe de plasmar en la materia a desarrollar.

Nueva oportunidad de combatir las declaraciones informativas. En relación con la cláusula habilitante contenida en el último párrafo del artículo 76-A de la LISR, es importante mencionar que el 15 de mayo de 2017 se publicó en el DOF la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, en la cual se incluyeron las reglas 3.9.15., 3.9.16. y 3.9.17., mismas que regulan la información y documentación que los contribuyentes se encuentran obligados a proporcionar para cumplir con la presentación de las declaraciones informativas de partes relacionadas en materia de precios de transferencia contenidas en el artículo 76-A de la LISR.

En opinión de los autores, las reglas mencionadas van más allá de la base establecida en el artículo 76-A de la LISR, por tanto, se abrió una nueva oportunidad para combatir las obligaciones que nos ocupan en relación con las reglas establecidas para cumplir con las declaraciones informativas de partes relacionadas, nueva oportunidad que incluso fue reconocida por la Segunda Sala de la SCJN y aprovechada por varios contribuyentes, los cuales presentaron los correspondientes medios de impugnación.

Lo anterior es así, siendo que la regla 3.9.16. requiere información que va más allá de la base establecida en la fracción II del artículo 76-A de la LISR, como lo es la descripción de la cadena de valor del grupo al que pertenece el contribuyente, identificando la ubicación y participación del contribuyente obligado en dicha cadena de valor, describiendo en cada etapa de dicha cadena las actividades específicas, así como si se tratara de actividades rutinarias o de valor añadido, y la descripción de la política de asignación o determinación de utilidades a lo largo de dicha cadena de valor, así como la lista de los principales competidores del contribuyente y la descripción de la estrategia para el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de intangibles del grupo.

Incluso, la violación se puede advertir en la parte que la regla 3.9.16. requiere la información financiera y fiscal de las partes relacionadas extranjeras que sean contraparte en cada transacción analizada, consistente en activo circulante, activo fijo, ventas, costos, gastos operativos, utilidad neta, base gravable y pago de impuestos, especificando la moneda en la que se proporciona dicha información.

Así, resulta claro que la regla en comento, viola el principio de Subordinación Jerárquica, pues la autoridad administrativa no respetó la base contenida en la fracción II del artículo 76-A de la LISR y que señala que la declaración informativa local deberá contener: a) descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas e b) información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis.

Es necesario señalar que en relación con la declaración informativa maestra el penúltimo párrafo de la regla 3.9.15. señala que los contribuyentes obligados a presentarla, cuyo contenido esté en línea con el Reporte Final de la Acción 13 del Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, podrán presentar la información elaborada por una entidad extranjera que forme parte del mismo grupo empresarial multinacional, siempre que se presente por el contribuyente obligado en idioma español o inglés por medio de la herramienta que disponga el SAT para esos efectos, situación que debe ser considerada como una facilidad.

La segunda sala realizó un estudio poco profundo de las violaciones hechas valer or los contribuyentes en e contrato del artículo 76-A de la LISR”.

CONCLUSIONES

En opinión de los autores, la Segunda Sala de la SCJN realizó un estudio poco profundo de las violaciones hechas valer por los contribuyentes en contra del artículo 76-A de la LISR.

Ello es así, pues, por citar un ejemplo, resulta claro que el artículo 76-A de la LISR requiere información del grupo multinacional que no tienen los contribuyentes en su poder, violación que es posible aducir nuevamente y de una forma más clara en contra de las reglas 3.9.15., 3.9.16. y 3.9.17.

Consideramos que las nuevas reglas que regulan las declaraciones informativas de partes relacionadas abrieron una puerta para volver a presentar un nuevo medio de impugnación y demostrar las violaciones de dichas obligaciones a preceptos constitucionales, así como tratados internacionales, oportunidad que fue aprovechada por diversos contribuyentes.

En relación con lo anterior, la SCJN deberá de realizar un análisis exhaustivo y verificar la regularidad constitucional de dichas normas, las cuales, pueden causar un importante daño en los grupos multinacionales, siendo que los obligan a proporcionar información que pueden configurarse como secretos industriales, mismos que se encuentran protegidos por la regulación nacional e internacional.

Así, la tarea de la SCJN no será fácil, pues por un lado tiene los compromisos que adquirió el Gobierno mexicano con la OCDE, que en opinión de los autores la regulación que nos ocupa va más allá de dichos compromisos, y, por otro lado, tiene el compromiso de velar por los derechos fundamentales y principios protegidos por la Constitución, así como los Tratados Internacionales.

 

Manuel González López
Socio del área de Litigio Fiscal de EY
Manuel.GonzalezLpz@mx.ey.com

Luis Alonso Carrillo López
Senior Manager del área de Litigio Fiscal de EY
Luis.Carrillo@mx.ey.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

A %d blogueros les gusta esto: