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Debate, Guardia Nacional y militarización

Debate, Guardia Nacional y militarización
mayo 01
2019

Aunque se modificó la propuesta original para aprobar la Guardia Nacional, aún queda incertidumbre por la forma en que operará.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional en los términos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la oposición denunció que la reforma implicaba militarizar las funciones de seguridad pública, las presiones de algunos gobernadores sobre los legisladores de sus entidades, así como el acercamiento de varios diputados perredistas al partido de Morena allanó el camino para obtener la mayoría calificada exigida para la aprobación de la reforma.

CRÍTICAS Y COMPLICACIONES

Las críticas de expertos y líderes ciudadanos a lo aprobado por los diputados no se hicieron esperar. Las audiencias públicas fueron tachadas de farsa y se insistió en la idea de la militarización. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las principales agencias multilaterales relacionadas con el tema expresaron su franco rechazo.

El siguiente paso del trámite legislativo de la reforma constitucional fue la aprobación por parte del Senado de la República. Durante los primeros días del proceso, la tónica imperante fue el esfuerzo de Morena y los partidos aliados (Partido del Trabajo, PT; Partido Encuentro Social, PES, y Partido Verde Ecologista de México, PVEM) por sacar adelante la reforma en los términos en que los diputados la habían aprobado.

En comisiones, el dictamen caminó sin la presencia de senadores de oposición, pero el proceso se complicó. Los números no fueron suficientes para sacar adelante la reforma en los términos deseados por el presidente. La suma de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) fue suficiente para impedir la conformación de la mayoría calificada, a pesar de que, tras una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los gobernadores del PRI expresaron su apoyo a la reforma. En este marco, el proceso legislativo demandó una verdadera negociación.

Los partidos de oposición, que previamente habían presentado una propuesta de reforma, fueron capaces de poner sus principales demandas sobre la mesa. El resultado fue que ambas partes cedieron en algunas de sus posturas para alcanzar un consenso pleno: 127 de 128 votos a favor. Vale la pena centrar la atención sobre el aval otorgado por todas las fuerzas partidarias y la legitimidad en que se sustenta la reforma y, por ende, con la que nace la Guardia Nacional.

MANDO CIVIL O MILITAR

Tal vez el punto más álgido del debate en torno a la Guardia Nacional fue si este nuevo cuerpo debía tener un carácter civil o militar. Lo aprobado en el Senado establece con claridad que deberá considerarse como un órgano de carácter civil con mando civil. La decisión fue importante en tanto se superó la ambigüedad implícita en la reforma elaborada por los diputados que establecía una suerte de mando bicéfalo: la instancia civil (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) se haría cargo de la coordinación administrativa, mientras que la militar (Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Secretaría de Marina, Semar) se encargarían de la parte operativa. Por ahora, el presidente López Obrador lo ha señalado, no se impide nombrar a un militar para dirigir la Guardia Nacional. No obstante, el militar nombrado, en tanto esté al frente, será considerado como civil y no estará supeditado a la Sedena, sino a la Secretaría de Seguridad, pues la reforma establece que la Guardia Nacional actuará en conformidad con una doctrina policial y no militar.

ENTREGA DE RESULTADOS

Cierto, el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, pero se definió un límite de cinco años para ello. En ese lapso, será preciso que la nueva corporación consolide su estructura organizativa y operativa.

Otro aspecto que merece ser resaltado es el relativo a la introducción de mecanismos de rendición de cuentas. Tal vez éstos no sean suficientes, pero no deja de ser relevante el que cada año los gobernadores deberán presentar un informe sobre las actividades de la Guardia Nacional y sus resultados; este informe también deberá permitir evaluar el grado de compromiso asumido por ellos en el combate a la inseguridad. Adicionalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad deberá dar un informe al Senado y comparecer ante el poder legislativo. Por lo pronto, puede afirmarse que la reforma aprobada por el Senado reduce los riesgos de militarización implícitos en la propuesta original.

Después de legitimar la pieza clave de su estrategia de seguridad, el presidente no podrá atribuir problemas o fracasos futuros a los pasados mandatos”.

La pregunta ahora es ¿cómo lo aprobado contribuirá a reducir la violencia y la inseguridad? La respuesta no puede darse a priori. Habrá que estar atentos a cómo se diseñan e instrumentan los mecanismos concretos que guíen la operación de la Guardia y si la presentación de informes periódicos será suficiente para detectar posibles lagunas legales o deficiencias operativas y redunde en mejores resultados.

En efecto, la reacción inicial del presidente López Obrador a la reforma aprobada por el Senado no fue positiva, lo que hizo pensar en la posibilidad de que en la Cámara de Diputados la minuta fuese objeto de nuevas correcciones. Pero en la unanimidad del acuerdo, le dejaron claro que, si bien no se ajustaba plenamente a su proyecto original, la creación de la Guardia Nacional, pieza clave de su estrategia de seguridad, nacía con altas dosis de legitimidad.

En tal virtud, tanto en las filas de Morena como en las de sus aliados en la Cámara de Diputados, se impuso la idea de aprobar sin cambios la minuta enviada por el Senado. De esta manera, con excepción de la diputada independiente Ana Lucía Riojas, la reforma constitucional fue aprobada con 463 votos a favor.

El proceso concluyó con la aprobación de la reforma por parte de los 32 congresos locales. Ahora queda por ver cuáles serán las reglas y los criterios específicos a que deberá ceñirse la acción de la Guardia Nacional. También será de suma importancia ver cuál será el camino a seguir para profesionalizar los cuerpos de seguridad estatales y municipales o si, por el contrario, la Guardia evoluciona en el sentido del Mando Único.

Como último recurso, el presidente López Obrador logró que se aprobara con gran legitimidad la pieza clave de su estrategia de seguridad. En la práctica, ello significa que no contará con el recurso de atribuir eventuales problemas o fracasos a la herencia del pasado. Ya tiene el instrumento que consideró idóneo y, con él, tiene también toda la responsabilidad por sus resultados.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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