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Criterios judiciales acerca del acceso a la justicia

Criterios judiciales acerca del acceso a la justicia
mayo 01
2015

Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo siguen dando frutos a la fecha. Lo anterior se evidencia claramente de la lectura del cúmulo de criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que emite constantemente el Poder Judicial de la Federación, mismos que son publicados en el Semanario Judicial de la Federación.

En días pasados, una interesante tesis aislada en materia constitucional fue emitida por el recién creado Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, mismo que reside en el Distrito Federal, pero tiene jurisdicción en toda la República Mexicana.

Dicha tesis con número I.1o.A.E.48 A (10a.) amplía la definición clásica de lo que debe entenderse por el derecho fundamental de acceso a la justicia. Ese derecho aludido, se encuentra plasmado en diversos dispositivos jurídicos, principalmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, razón por la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Además, nuestro máximo ordenamiento jurídico señala que el servicio de los tribunales será gratuito y que deben establecerse los medios necesarios para que se garantice la independencia de los mismos y la plena ejecución de sus resoluciones.

Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos preceptúan que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Asimismo, se consagra que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o dicha Convención.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la jurisdicción es aquél del que gozan las personas para acudir ante la autoridad competente y exigir que se les haga justicia por el daño que han sufrido.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del país, con base en la interpretación de los diversos preceptos constitucionales y convencionales aludidos, han establecido diversas definiciones relacionadas con el derecho a la jurisdicción o el derecho de acceso a la justicia.

Anteriormente, dichos órganos señalaban que la garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era un derecho público subjetivo que toda persona tiene para que, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Como se observa, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia se integra también por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, los cuales permitirán que los gobernados ejerzan plenamente sus derechos.

De todo lo anterior, también puede inferirse que el derecho de acceso a la justicia es en sí mismo una garantía necesaria e indispensable para poder ejercer los otros derechos reconocidos por los tratados internacionales de los que México forma parte, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes del país.

Ahora bien, anteriormente se estimaba (como se observa en la tesis de jurisprudencia de 2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte con número 2a./J. 192/2007) que las únicas autoridades obligadas a la observancia del acceso a la impartición de justicia, eran aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, aquéllas competentes para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho.

No obstante, con la emisión del criterio sustentado en la tesis número I.1o.A.E.48 A (10a.) referida inicialmente, el Poder Judicial de la Federación establece que las autoridades obligadas a respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no son sólo las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales, esto es, tribunales y jueces establecidos.

En efecto, dicha tesis estima que en atención al principio de progresividad contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal, mismo que se plasma como una obligación a cargo del Estado de buscar siempre una mayor protección de los derechos humanos, dentro de los sujetos obligados a respetar el derecho de acceso a la impartición de justicia, deben incluirse necesariamente a aquellas otras autoridades que intervengan en mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes.

En otras palabras, el Poder Judicial de la Federación estima que el derecho de acceso a la justicia debe salvaguardarse también en procedimientos administrativos que inicien con una solicitud, independientemente de la existencia de un conflicto.

Se estima que el campo de aplicación que ofrece este nuevo criterio en comento es realmente protector de derechos humanos y demuestra el ánimo de los órganos judiciales del país por buscar que a las personas se les conceda verdaderamente la protección más amplia de sus derechos humanos, al abrir mayores posibilidades de la promoción de juicios de amparo.

 

Dr. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

 

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización previa y por escrito de su autor.

 

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