Veritas Online

Cumplimiento

COVID-19, caso fortuito y fuerza mayor

COVID-19, caso fortuito y fuerza mayor
junio 01
2020

Se abordan las implicaciones legales del cumplimiento de obligaciones contractuales ante la crisis económica derivada de las medidas para mitigar la contingencia causada por el coronavirus.

Es sabido que las empresas suscriben diversos acuerdos para el cumplimiento de sus fines, entre ellos, arrendamiento, suministros mercantiles o financiamiento. Dichos convenios pueden verse seriamente interrumpidos o incumplidos por causas ajenas a la voluntad de los suscriptores como sucede en la actualidad, cuando, al existir parálisis económica causada por el confinamiento sanitario obligatorio
a empresas no esenciales, éstas han sido forzadas a cerrar sus puertas.

En tal sentido, es importante destacar que la legislación prevé las figuras jurídicas de caso fortuito o fuerza mayor, que permiten eximir del cumplimiento de obligaciones contractuales. Generalmente, es aceptado que el caso fortuito lo constituye un acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impida, en forma absoluta, el cumplimiento
de una obligación legalmente adquirida. Por su parte, la fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito, no es ajena a la voluntad del hombre, pues, depende de la de un tercero distinto de los sujetos de la relación jurídica que impide, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.

A mayor consideración, la fuerza mayor y el caso fortuito exigen que el hecho impida, de una manera absoluta, el cumplimiento de la obligación. En el caso de que el cumplimiento se haga más gravoso y no lo impida de manera absoluta, no se está ante ninguna de estas figuras, sino ante la “teoría de la imprevisión” (o lesión sobrevenida) que permite que una obligación se reduzca cuando se torna más onerosa.

Imposibilidad contra dificultad

Es importante destacar que no puede confundirse la imposibilidad de cumplir una obligación, con el sólo hecho de que la misma se torne más difícil de cumplir, ya que se parte del supuesto de que los contratos se suscriben para cumplirse, y que, atendiendo a los principios de buena fe y equidad en los acuerdos de voluntades, las partes pueden prever situaciones que modifiquen el cumplimiento, o bien, negociar las modificaciones pertinentes para que el cumplimiento no se torne más oneroso e inequitativo para alguna de ellas.

De acuerdo con la doctrina jurídica, el caso fortuito o fuerza mayor exigen la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho más difícil, que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior.

En otras palabras, el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor porque éste se ve impedido a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo no ha podido evitar, dado que a lo imposible nadie está obligado.

Las características principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto, el deudor debe tomar las prevenciones
correspondientes para evitarlo y si no lo hace así no hay caso fortuito o de fuerza mayor (la habrá si aunque haya tomado las medidas no hubiera podido evitarlo); el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las prestaciones recíprocas.

Obligaciones

Ahora, derivado de la epidemia de H1N1 de 2009, se reformó la legislación civil para prever que cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de
tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones.

Es importante destacar que los efectos de la modificación equitativa o la rescisión del contrato no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento extraordinario e imprevisible, sino que estas modificaciones aplicarán a las prestaciones por cubrir con posterioridad
a éste. Por otra parte, en el caso de contratos o acuerdos mercantiles, la legislación y tribunales disponen que aquellos obligan a las partes al
exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y además, a las consecuencias que de los mismos se deriven, según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley; precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la teoría de la imprevisión
en razón de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, “cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos
que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen”.

Es decir, estos acuerdos mercantiles deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisieron obligarse. En ellos se consagra el principio de pacta sunt servanda, esto es, que lo estipulado por las partes, en cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto y debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos
legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar
el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las
condiciones de los contratos.

M.D. Raúl Herrera
Director del área de Litigio, Civil Mercantil, Familiar y Arbitraje Comercial
Socio de BC&B
rherrera@bcb.com.mx

Related Articles

Búsqueda