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Contribuyentes, medios de defensa ante la autoridad fiscal

Contribuyentes, medios de defensa ante la autoridad fiscal
mayo 01
2019

Recurso de revocación, Juicio contencioso administrativo o Juicio de amparo. ¿Cómo y en qué casos puede recurrir el contribuyente a estos medios de defensa?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 16 que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, asimismo, en el artículo 14 menciona que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. En materia fiscal, las autoridades pueden ejercer sus facultades de comprobación como revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, visitas domiciliarias y de verificación o compulsas a contribuyentes —entre otras—, así como sus facultades de presunción en el caso de operaciones inexistentes o transmisión indebida de pérdidas fiscales, las cuales se establecen en el Título III del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Ante dichos actos administrativos de la autoridad fiscal, los contribuyentes que consideren que fueron violentados sus derechos al momento de que la autoridad ejerció sus facultades de comprobación o presunción tienen tres medios de defensa:

1. Recurso de revocación (tradicional y de fondo).

2. Juicio contencioso administrativo (tradicional y de fondo, sumario y en línea).

3. Juicio de amparo (directo e indirecto). El propósito de este artículo es mencionar de manera general cuáles son las características, procedencia, requisitos y tiempos para interponer cada uno de los medios antes mencionados.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Este recurso está regulado en el Título V del CFF y es un medio de defensa administrativo porque se presenta ante la misma autoridad fiscal, y procede en contra de:

a) Resoluciones definitivas que determinen las contribuciones y los accesorios, nieguen la devolución de cantidades que procedan, dicten las autoridades aduaneras y cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, excepto las relacionadas con aclaraciones administrativas, resoluciones administrativas favorables y condonación de créditos fiscales.

b) Actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales, cuando éstos se han extinguido o que su monto es inferior al exigido; se realicen en actos administrativos de ejecución (embargos) y afecten el interés jurídico de terceros.

Es importante mencionar que en los artículos 124, 124A y 126 del CFF se establecen las causales de improcedencia y de sobreseimiento del recurso, el cuál se presenta a través del buzón tributario del contribuyente dentro de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de los actos administrativos antes mencionados. Para tales efectos, el contribuyente podrá aportar toda clase de pruebas que considere pertinentes, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Además de los requisitos establecidos en el artículo 18 del CFF, el escrito de interposición del recurso deberá señalar la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. En caso de que no se cumpla con estos requisitos, la autoridad solicitará al contribuyente solvente dichas deficiencias en un plazo de cinco días y en caso de no hacerlo, se considerará por no interpuesto dicho medio. Al escrito se debe acompañar los documentos que acrediten la personalidad, el promovente o su representante, documento en que conste el acto impugnado; la constancia de notificación del acto impugnado y las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial.

La autoridad fiscal tiene un plazo de tres meses a partir de la fecha de interposición del recurso para emitir su resolución. En este caso, es aplicable la negativa ficta y el contribuyente podrá esperar la resolución o impugnar la negativa ficta. El sentido de la resolución a este recurso podrá ser:

Desechar por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo. Confirmar el acto impugnado.

Mandar a reponer el procedimiento administrativo o emitir una nueva resolución.

Dejar sin efectos el acto impugnado.

Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Cabe señalar que hay un recurso de revocación especial para impugnar sólo las resoluciones definitivas que deriven de las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas, cuya cuantía sea superior a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año. Este medio se conoce como recurso de revocación exclusivo de fondo, porque el promovente sólo podrá hacer valer agravios de fondo o aquel que se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, es decir, no se impugnan violaciones a las formalidades de los actos administrativos. Para tales efectos, el promovente debe indicar desde un principio que opta por este recurso en su escrito, sin que pueda cambiar la vía.

A diferencia del procedimiento tradicional, en este recurso, el contribuyente tiene derecho a una audiencia para ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución impugnada, así como desahogar las pruebas periciales que considere pertinentes. Por último, la resolución del recurso de revocación de fondo se emitirá en el sentido de confirmar el acto impugnado, dejarlo sin efectos, modificarlo o, incluso, dictar uno nuevo que lo sustituya. Es importante señalar que la interposición de este recurso es optativa para el contribuyente previa a iniciar un procedimiento fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

También conocido como querella de nulidad, el juicio contencioso administrativo es un medio de defensa jurisdiccional que se tramita ante un tribunal especializado en materia fiscal y toma el carácter de litigio fiscal, el cual está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) con la finalidad de resolver conflictos entre particulares y la autoridad fiscal. Este medio de defensa procede en contra de resoluciones definitivas por:

a) Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Ante cualquier medio de defensa, el contribuyente debe contar con profesionales en materia legal y fiscal”.

b) Las dictadas por autoridades fiscales federales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

c) Las que nieguen la devolución de impuestos de acuerdo con el CFF.

d) Las que causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores.

e) Las que resuelvan los recursos administrativos (recurso de revocación) en contra de las resoluciones.

f) Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como impugnación que no se hayan aplicado en su favor los referidos tratados.

g) Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señale el CFF.

Es importante mencionar que en los artículos 8 y 9 de la LFPCA se establecen las causales de improcedencia y de sobreseimiento. Por otra parte, por tratarse de un litigio, también hay causales de impedimentos y excusas para los jueces.

Este proceso se divide en la presentación de la demanda, que debe hacerse en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que se pretende impugnar o haya iniciado la vigencia del decreto, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa; la contestación por parte de la autoridad responsable (30 días, una vez emplazada); se presentan alegatos finales por escrito y se cierra instrucción por el magistrado instructor para iniciar con la formulación del proyecto de sentencia, la cual se dará a conocer en los siguientes 45 días hábiles al cierre de la instrucción.

El escrito de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la LFPCA y deberán anexarse los documentos que el artículo 15 de la misma Ley establece, entre los que se encuentran la resolución impugnada y su constancia de notificación. En esta querella serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que éstos se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

El juicio contencioso administrativo puede tramitarse en línea a través del Sistema de Justicia en Línea, siempre que el demandante lo manifieste en la demanda sin que después pueda cambiar de vía. En este caso, le aplican las mismas reglas y plazos que un litigio tradicional. Para tales efectos, se deberá contar con la firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña proporcionada por el sistema. Además del proceso en línea, se establece el litigio sumario, aplicable a los asuntos de cuantía menor a 15 veces la UMA vigente elevada al año sin incluir accesorios.

La LFPCA también establece el juicio contencioso administrativo de fondo, el cual también tiene la finalidad de resolver conflictos entre la autoridad y el contribuyente por resoluciones derivadas de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas, cuya cuantía sea superior a 200 veces la UMA elevada al año. Los plazos y requisitos son diferentes a una querella tradicional y sumario. El sentido de la sentencia por esta causa podrá ser:

Confirmar la validez del acto impugnado.

Declarar la nulidad del acto.

Sobreseer el juicio.

Una combinación de los tres anteriores, dependiendo de lo impugnado.

Cuando el contribuyente considere que el TFJFA no resolvió el conflicto entre la autoridad fiscal y él, tiene derecho a interponer la querella de amparo directo.

JUICIO DE AMPARO DIRECTO

Un medio de control constitucional mediante el cual un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa verificará que se hayan respetado los derechos constitucionales del contribuyente por el TFJFA al momento de resolver y emitir su sentencia es el juicio de amparo directo. La Ley de Amparo es la que regula este litigio, el cual actúa en contra de sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a una querella, dictadas por tribunales judiciales y administrativos, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Para este procedimiento, también se establecen causales de improcedencia y sobreseimiento, así como escusas e impedimentos para el tribunal que conozca del asunto.

Este juicio inicia con la presentación de la demanda, que deberá ser puesta durante los 15 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, por conducto de la autoridad responsable. Una vez que ésta certifique la fecha de notificación de la resolución impugnada y corra traslado a terceros interesados, presentará ante el tribunal colegiado de circuito el informe de justificación y la demanda de amparo. Una vez admitida la demanda por el tribunal, se da lugar a alegatos por las partes y en un periodo de 90 días se emitirá el proyecto de sentencia.

Los requisitos de la demanda se establecen en el artículo 175 de la Ley de Amparo y son nombre y domicilio del quejoso, datos de terceros interesados, autoridad responsable, acto reclamado, fecha de notificación del acto, derechos humanos violados y conceptos de violación. En caso de que el quejoso lo solicitara, la autoridad —en un plazo de 24 horas a partir de la solicitud— decidirá sobre la suspensión del acto reclamado.

Las sentencias podrán ser en el sentido de conceder, negar o sobreseer. En el caso de la concesión, la sentencia deberá contener el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución.

En contra de las sentencias por amparos, los quejosos tienen el recurso de revisión, queja, reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se podrá apreciar, los contribuyentes cuentan con varios medios de defensa administrativos y jurisdiccionales, los cuales deben ser agotados de acuerdo con las disposiciones fiscales que los establecen.

En el caso de recursos administrativos, éstos se presentan ante la misma autoridad que emitió la resolución impugnada y pueden ser tradicionales o de fondo. En el caso de recursos jurisdiccionales, los contribuyentes cuentan con el juicio contencioso administrativo —tradicional, sumario, en línea y de fondo—, el cual se lleva ante un tribunal especializado en la materia fiscal, así como el juicio de amparo directo, que tiene la finalidad de asegurarse que los derechos constitucionales de los contribuyentes fueron respetados por tribunales administrativos al momento de resolver conflictos entre particulares y autoridades.

Sin excepción, los medios de defensa están regulados y deben cumplirse con requisitos de tiempo y forma para que éstos puedan ser admitidos por las respectivas autoridades y cumplir con su objetivo. Por lo anterior, es importante que el contribuyente antes de iniciar algún medio de defensa, cuente con la asesoría de un profesional especializado en la materia de impuestos y legal, para identificar la estrategia de defensa idónea al caso y no complicar aún más la situación. Otra opción es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), un organismo público que proporciona de forma gratuita servicios de orientación, representación legal y defensa en contra de actos de las autoridades fiscales federales.

C.P y P.C.FI. Luis Alberto Castro Román
Integrante de la comisión Fiscal 2 del Colegio
castroman1951@hotmail.com

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