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Contrataciones públicas y corrupción

Contrataciones públicas y corrupción
febrero 01
2020

En no pocos casos, la 4T decidió utilizar la adjudicación directa de contratos que debieron ser licitaciones públicas. A reserva de su estrategia, se debe apuntar al diseño de medidas preventivas, como las que se mencionan, para evitar la celebración de pactos previos y secretos.

El volumen y el monto de recursos anuales involucrados en las contrataciones públicas, que oscilan entre 10 y 11% del Producto Interno Bruto (PIB), casi 30% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y más de un billón de pesos anuales, determinan que sean un punto de inflexión para la proliferación de prácticas corruptas e irregulares, en las que participan, tanto las autoridades gubernamentales, como los proveedores y contratistas del sector privado. Por su alto riesgo, es tarea obligada de cada gobierno impulsar cambios para garantizar la integridad de los sistemas de adquisiciones y obra pública bajo su propia óptica administrativa, así como mediante el uso de diversos instrumentos legales y técnicos.

Transformación

Los cambios más notables en México ocurrieron durante los últimos quince años y se originaron en los convenios internacionales contra la corrupción que firmó el país con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como por la presión ejercida por otros organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Otros aspectos que influyeron son el uso de las nuevas tecnologías de información, el internet y la denuncia constante de algunas organizaciones de la sociedad civil, que crearon en la opinión pública un ambiente de rechazo a la corrupción y a la ineficiencia.

En esencia, se buscaba mayor transparencia en los procedimientos de contratación, es decir, ampliar los causes para la difusión de los procedimientos y su información soporte, así como garantizar la equidad e igualdad de condiciones de participación en los concursos y en su adjudicación. Otro elemento fue la incorporación de CompraNet como medio para hacer visible y publicitar a todos los interesados las reglas, de tal modo que pudieran ser conocidas y analizadas antes del inicio formal del procedimiento.

El cambio logrado mediante el uso de tecnologías adecuadas facilitó la incorporación de instrumentos más eficientes y novedosos en las contrataciones, como las subastas inversas, las compras consolidadas y los convenios marco, además de sistemas interactivos de registro de proveedores, presentación de ofertas, aclaraciones a las bases del procedimiento y los fallos, con lo que se evitó de manera notable el contacto directo entre el proveedor y la autoridad durante el proceso de contratación.

Debe señalarse que el producto final de la modernización se orientó a rescatar el valor público de los procedimientos de contratación. En este sentido, se entendía como la responsabilidad de eficientar, lo más posible, la prestación de los servicios públicos, al anteponer como eje de acción los derechos e intereses de la ciudadanía. Es decir, lograr en las contrataciones la maximización del valor de recursos erogados, a efecto de garantizar la obtención de bienes, servicios y obras públicas, con la máxima calidad, al menor precio y en términos de transparencia y equidad. Pese a los avances observados en la modernización de las contrataciones públicas se debe reconocer que el sistema mexicano es un producto inacabado con importantes retos.

A más de un año de la llegada del nuevo gobierno y con la bandera de la lucha contra la corrupción como distintivo, la 4T optó por centralizar las contrataciones públicas de mayor monto en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El argumento usado apuntó a la falta de probidad imperante en la mayor parte de las áreas de adquisiciones de las demás dependencias y entidades. Por otra parte, en no pocos casos, la nueva administración ha decidido utilizar la adjudicación directa de contratos que debieron ser licitaciones públicas, como ocurrió en el área de medicamentos, el sector energía y las pipas para el traslado de combustible, entre otros.

Lado oscuro

A reserva de la estrategia que tenga prevista el gobierno para enfrentar con éxito el problema de la corrupción en las contrataciones públicas, se debe apuntar al diseño de medidas preventivas como lo más importante para evitar la celebración de pactos previos y secretos, entre los responsables de contratación y los proveedores nacionales e internacionales, dado que es el punto ciego más sensible a la corrupción y menos posible de detectar. Este problema constituye el punto neurálgico de cualquier intento de perfeccionamiento del sistema y para ilustrarlo podemos ver el esquema a la izquierda, que muestra lo que es visible y lo que no lo es en una licitación pública.

Dicho de otra manera, las oportunidades para adoptar conductas corruptas en las contrataciones públicas son múltiples y muchas de ellas difíciles de detectar, puesto que pueden ocurrir de manera previa a la instrumentación del procedimiento al proporcionar a un determinado proveedor información confidencial y privilegiada como el “techo presupuestal” o monto autorizado sobre el cual deberán preparar su propuesta económica; también pueden ser las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir, restringir información a algunos proveedores, dirigir el contenido de las bases al perfil de algún proveedor en particular, descalificar con argumentos fabricados a proveedores potenciales o declarar con engaños la contratación “desierta” para poder adjudicar los bienes o servicios de manera y directa, sin que exista competencia.

Conclusiones

Algunas de las mejores prácticas en la materia apuntan a la necesidad de crear un instrumento independiente y autónomo que centralice, regule y supervise los componentes del sistema, así como la consolidación de CompraNet y la trazabilidad de todas las fases de los procedimientos de contratación, incluidas las inconformidades y quejas. Otro paso sería fortalecer la participación de la sociedad en las contrataciones públicas, ya sea mediante el uso de observadores y la presencia con conocimiento técnico y normativo que aportan los testigos sociales y que ha logrado inhibir y en muchos casos desalentar las conductas indebidas e irregulares en los procedimientos de contratación.

Por último, se deberían realizar los cambios necesarios en las leyes de adquisiciones y obra pública, así como en sus respectivos reglamentos, para minimizar las adjudicaciones directas y fortalecer la licitación pública como medio normalizado para adquirir bienes y servicios en el sector. Así se podrá aspirar a un sistema de contrataciones públicas que base su operación en términos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MAP. Enrique J. Arce Bravo
Presidente del Consejo Consultivo 2018-2020
Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C.
earce@bargallo.com.mx

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