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Contabilidad Gubernamental

Contabilidad gubernamental: Transparencia y rendición de cuentas

Contabilidad gubernamental: Transparencia y rendición de cuentas
enero 02
2014

Por C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz

Presidente de la Comisión de Contabilidad y auditoría Gubernamental y

Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE

alfredo.cristalinas@ife.org.mx

 

Estos dos conceptos son la clave para atender una sociedad que demanda una gestión pública responsable e información accesible y clara; cimientos de un anhelado México democrático.

La profesión contable, a lo largo de su historia, ha jugado un papel fundamental para las instituciones públicas en México; ha fungido como instrumento imprescindible en la producción de información financiera, presupuestaria y contable a nivel nacional, otorgando a los ciudadanos confiabilidad en sus instituciones sobre el uso y manejo eficiente de los recursos públicos. Es por ello que la Contaduría Pública se ha preocupado por la homogenización de criterios para que dicha información sea comprensible y de fácil acceso a la sociedad.

La contabilidad gubernamental está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas específicas encaminadas a promover el cumplimiento de dos elementos que son de carácter prioritario en toda democracia: la transparencia y la rendición de cuentas.

Ambos elementos guardan relación entre sí, más no son sinónimos. La transparencia es un atributo por el cual se apertura la información al escrutinio público, y la rendición de cuentas es un diálogo que existe entre gobernantes y gobernados, pues se constituye a través de dar cuenta sobre la actuación de las autoridades, quienes son sometidas a la evaluación de los ciudadanos.

En la actualidad, nos encontramos en un ambiente no solo de transición administrativa, sino también de reformas estructurales que han suscitado una serie de conflictos sociales y económicos a nivel nacional. Las políticas públicas, leyes y reformas instauradas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, tienen la misión de cerrarle espacios a la corrupción imperante e inhibir prácticas desleales de los servidores públicos que han afectado el progreso y el beneficio social.

Alentar la gestión pública responsable y lograr que la sociedad cuente con mayor y mejor información sobre sus instituciones públicas son retos que ha asumido la actual administración y que deberán ser pilares fundamentales para la construcción de un México más democrático.

El régimen político ha impulsado una creciente necesidad de acceder a la información sobre el manejo de las cuentas públicas; por ello, su arquitectura gubernamental ha establecido en los últimos tiempos la obligación ineludible del servidor público para hacer frente a sus responsabilidades. Para ello, existe un marco normativo que deberá atender y regular tales exigencias propias de la democracia.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2008, tiene la finalidad de establecer reglas para lograr la armonización de la información financiera del ciclo hacendario en los tres órdenes de gobierno. Dicha Ley fue sujeta de una reforma, publicada en el DOF el 11 de noviembre de 2012, que se caracterizó por implementar cambios trascendentales como las reglas de transparencia con las que, a partir de entonces, operan los entes públicos en lo que se refiere a información financiera. Asimismo, la LGCG incluye la armonización en la presentación de dicha información, estableciendo el uso de documentos homogéneos en los tres órdenes de gobierno.

La transparencia es un atributo por el cual se apertura la información al escrutinio público, y la rendición de cuentas es un diálogo entre gobernantes y gobernados

Lo anterior tiene el objetivo de facilitar al ciudadano el análisis y la comparación del desempeño de los entes públicos. Este cambio al marco normativo respectivo ha representado un impacto positivo para promover la gestión pública responsable, ya que los entes públicos harán más accesible su información a la ciudadanía por medio de la divulgación de esta en sus respectivas páginas de internet, fortaleciendo con ello la transparencia y estrechando un canal de comunicación vital entre gobierno y gobernados.

Las modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a otros ordenamientos, entre ellos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se han ido articulando con la finalidad de mejorar los mecanismos existentes para robustecer el Sistema Nacional de Fiscalización.

Este Sistema Nacional se ha fortalecido con las técnicas implementadas y las nuevas formas de combatir y prevenir la corrupción impulsadas a partir de la reforma en 2012, pues los beneficios de transparentar y rendir cuentas a la población no solo favorece a la ciudadanía, sino también permite el mejoramiento de los sistemas de información y comunicación de los entes gubernamentales.

El tránsito del sistema de rendición de cuentas vertical (que supone una rendición burocrática, donde la estructura piramidal del gobierno deposita indebidamente la vigilancia de la gestión pública en una sola persona, e implica que el vigilante no sea vigilado) al sistema de rendición de cuentas horizontal (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los distintos niveles de gobierno, se rinden cuentas a través de la efectiva vigilancia entre sí) otorgará mayor credibilidad a las instituciones públicas frente a otros organismos autónomos facultados para evaluar y calificar su gestión, pues estos ejercerán su función tomando en cuenta el presupuesto basado en resultados y la evaluación al desempeño de los funcionarios públicos.

La cultura de la transparencia y rendición de cuentas implica que los gobernantes no se concentren solamente en cumplir con lo que la Ley les obliga. Además, deberán fomentar el beneficio social en todos los actos que realicen. Por su parte, los gobernados deberán asumir su papel con responsabilidad, obteniendo información a través de los diversos mecanismos de transparencia, y haciendo diagnósticos y análisis de la gestión del erario. Es deseable que formulen propuestas a las autoridades en aras de alcanzar un creciente desarrollo económico y social, con lo cual se podrá generar sinergia y virtuosismo ciudadano.

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