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Constitución política y normas. Garantía de igualdad.

Constitución política y normas. Garantía de igualdad.
abril 01
07:17 2017

El fin de la igualdad es que exista equidad entre los ciudadanos; un trato igualitario ante la ley y en atención a sus circunstancias particulares. Las leyes deben garantizar que se haga valer este derecho.

México, a través de su historia constitucional ha tenido una evolución social y cívica, encaminada a lograr una nación libre e independiente. Tanto ha cambiado que el concepto de igualdad ha evolucionado, y solo puede construirse a partir de asimilar que nuestro sistema jurídico se encuentra integrado por las normas de origen nacional —Constitución y leyes— y por las normas de origen internacional —tratados—, no solo a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, sino desde antes, por medio del Artículo 133 constitucional. Pero con el nuevo contenido, principalmente el Artículo 1º en tres párrafos iniciales, se puede ver el valor que tienen los derechos humanos en tratados, pues ya no son parte de la Ley Suprema de la Unión, sino fuente constitucional de derechos humanos.

Es necesario establecer que el objetivo de la igualdad es evitar privilegio que no sea justificado y que exista equidad entre los ciudadanos, esto es, que el trato igualitario de todas las personas ante la ley sea llevado a cabo en atención a sus circunstancias particulares. Teniendo en cuenta el objetivo que persigue, a continuación se enlistan las normas integrantes del concepto de igualdad.

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

• 4. Primer párrafo, del texto constitucional, que establece: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.

• 13. Primer párrafo de la Constitución que ordena: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”. Asimismo, el derecho humano a la igualdad se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales como son los siguientes:

  • Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 24. “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley”.
  • Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

• Artículo 2.1. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

• Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni alguna otra”.

Sin embargo, la igualdad de trato ante la ley en atención a la dignidad de las personas no implica necesariamente que en todos los casos deba existir un tratamiento “idéntico” a las personas.

En efecto, no todo trato jurídico diferente es discriminatorio porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva a la dignidad humana. Por tanto, solo es discriminatoria una distinción que carece de una justificación objetiva y razonable.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido a través de la opinión Consultiva 4/84, en relación con el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos que: “… por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por s í misma, de la dignidad humana”.

En suma, no habrá discriminación si una distinción de tratamiento está legítimamente establecida, es decir, que no conduzca a situaciones contrarias a la justicia. L a igualdad, por tanto, refleja dos mandatos específicos: uno al legislador, para crear leyes que den un tratamiento igual para todas y todos que no sea discriminatorio, y que, en caso de que exista la necesidad de hacer una diferenciación, esta solo será válida si está basada en causas objetivas y razonables, otro al aplicador de la ley, sea juez o cualquier ente del Estado, para no incluir ni hacer distinciones que las normas no hagan y aplicar la ley de manera igual para toda persona, en tanto no tenga facultades para evaluar la regularidad constitucional de la norma y para dejar de aplicarla por no garantizar la igualdad ante la ley, aplicando otra que sí lo haga.

El derecho a la igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará prohibido, mientras que en otras estará permitido o, incluso, exigido vía Constitución.

El establecimiento de distinciones por parte de nuestro legislador puede ser sujeto de análisis profundo a fin de determinar si estas distinciones se encuentran en bases objetivas y razonables, por lo que este es, precisamente, el punto medular que debemos analizar en cada una de las normas jurídicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, a través de diversos criterios jurisprudenciales, que para llevar a cabo este análisis es necesario:

  • Si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida.
  • Si es racional la distinción elaborada por el legislador, siendo un medio para alcanzar el objetivo buscado.
  • Si es una medida proporcional, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos afectados por ella, tomando en cuenta que la persecución del objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.
  • En cada caso, respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo.

En estos casos podrá considerarse que las distinciones efectuadas por el legislador se encuentran apegadas al derecho humano de igualdad, y por tanto, son constitucionalmente válidas (Barra Mexicana Abogados, 2014).

CONCLUSIONES

Los aspectos que se deben cuidar para aplicar la igualdad son:

[1] Que la exigencia hacia el legislador sea establecer normas que traten igual a los iguales y desigual a los desiguales, generando que reciban el mismo trato aquellos que se encuentran en similar situación de hecho, o en su caso, establecer distinciones normativas que sean razonables dentro de la generalidad y abstracción de la ley, si no hay prohibición expresa de ello, justificando de manera clara en todos los casos las distinciones que haga, las cuales solo estarán basadas en causas objetivas y razonables.

[2] Que la exigencia hacia la aplicación de la ley implique la no discriminación, al no hacer diferencia alguna que el derecho expresamente no establezca, a toda persona que se encuentre en la misma situación y aplicando a iguales situaciones de hecho el mismo trato, sin privilegio alguno.

La igualdad ante la ley ha transitado de la generalidad al reconocimiento de que puede haber distinciones admisibles y seguirá evolucionando hasta que surja la necesidad de volver a revisar y justificar dicho concepto.

Profa. Lisette Flores Garcia
Mtra. en Impuestos y líder de materia
del Campus Tlalnepantla de la EBC
lisette@hotmail.com

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