El viernes 23 de mayo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las leyes secundarias que desarrollan la reforma político-electoral hecha recientemente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de haberse reformado diversos ordenamientos -Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos-, se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Es precisamente en el último ordenamiento en donde quiero llamar la atención del lector, especialmente del Contador.

Desarrollo

En el artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, basado en el artículo 403 del Código Penal Federal –ya no vigente a partir de la entrada en vigor de esta nueva Ley-, se prevén múltiples supuestos en los que puede caer un votante o cualquier persona, en general. Son delitos que van desde votar dos veces, hasta abrir paquetes electorales o comunicar encuestas.

Sin embargo, dentro de esta larga lista de supuestos, señalados a lo largo de 21 fracciones, son de llamar la atención las fracciones XVIII, XIX y XXI, pues tienen repercusiones contables. A continuación se transcriben:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I a XVII…

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX …

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Los partidos políticos, coaliciones, agrupaciones políticas o candidatos, deben tener un estricto control contable de sus gastos y no pueden exceder los topes previamente establecidos por la autoridad electoral competente. Esto no cambia en cuanto al marco vigente, pero lo que si cambia será que está claramente establecido ahora que aceptar recursos del extranjero es un delito, y también se tipifica ahora, como delito, el que se expidan o utilicen facturas alterando los costos reales.

Así las cosas, es fácil entender que el manejo de los recursos otorgados para una determinada campaña, debe estar constantemente bajo la lupa de contadores y de equipo especializado, pues esto es mucho de lo que se venía criticando con el marco jurídico antes vigente: falta de transparencia y de controles contables.

¡Qué mayor control contable que establecer un delito por recibir fondos del extranjero o por no cerciorarse de que las facturas sean reales y amparen el precio real de bienes o servicios!

La fracción XVIII lo que busca proteger es que no haya incidencia externa a los partidos políticos, que sólo pueden ser conformados por nacionales por tratarse de temas eminentemente nacionales en donde no puede haber injerencia de otros países. Mucho se dijo en las elecciones pasadas que un partido de izquierda estaba recibiendo recursos de Venezuela, y aunque no se pudo demostrar nada, de cualquier manera el fantasma de los recursos de otros países, quedó en el aire y presente, hasta ahora; muestra de ello es la tipificación de este delito.

Respecto de la fracción XIX, resulta muy interesante analizar que se cuida que las facturas y documentación contable coincidan con la realidad.

Y hay que tener claro que lo que se sanciona en esta fracción, es la discordancia entre el monto de la factura y el precio real, que puede ser tanto más alto como más bajo; si la Ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Se pueden pensar en ejemplos donde el precio de la factura sea menor o mayor al precio real del bien o servicio que se cubre con tal documentación, como a continuación se explicará.

Tan sospechoso es que un despacho especializado cobre aparentemente muy barato su trabajo o que se adquiera publicidad a un costo muy bajo, para no rebasar topes, como también es cuestionable el que se pague un sobreprecio para favorecer a algún proveedor aprovechando los recursos otorgados, o que con el precio más elevado de la realidad, una factura pueda cubrir, contablemente, la salida de dinero utilizado en actos prohibidos o en gastos que se quieren encubrir u ocultar.

También es de hacer notar que el delito lo comete quien expide la factura, pero también quien hace uso de ella, es decir, desde el proveedor hasta la persona involucrada con la campaña respectiva, y al no distinguirse al sujeto activo del delito, puede entenderse que es cualquier persona que haga uso de esa documentación. Sin embargo, más adelante, en el artículo 9, se sanciona la utilización de facturas o documentos comprobatorios alterando el costo real de los bienes o servicios, por lo que podría existir, en principio, una falta de precisión jurídica, pues, al parecer, una misma conducta puede caer en dos supuestos delictivos, lo que se prestaría a irregularidades o a impunidad, en último de los casos. Más adelante se analizará el artículo 9º.

Respecto a la fracción XXI, también es importante considerar que un partido político no puede adquirir lo que quiera de quién quiera: hay un registro oficial de proveedores, y si se contrata un bien o servicio de quien formalmente no sea proveedor, para efectos electorales, se estará cometiendo también un delito.

Pudiere parecer exagerado, pero este tipo de controles penales sirven para evitar excesos o solturas en el manejo de recursos dentro de una campaña política, que debe ser transparente pues proviene del dinero que pagamos en impuestos todos los ciudadanos.

Y en este valioso espíritu de poner bajo la lupa a quienes aspiran a un cargo político, también se sanciona como delito, en esta nueva Ley General en materia de Delitos Electorales, el que un funcionario partidista o candidato, no rinda cuentas o realice la comprobación o justificación de gastos. Esto se prevé por el artículo 9º, fracciones VII y IX, y además, en este artículo, también se habla de utilizar facturas o documentación comprobatoria que no corresponda a la realidad, como ya se había indicado. A continuación, su transcripción:

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I a VI…

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido;

VIII…

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

La fracción VII, es claramente una conducta vinculada con la contabilidad que debe llevarse, con un estricto control de gastos y documentación que acredite los mismos. En cualquier campaña o gasto de partidos políticos, se debe cuidar aquello que se adquiera, para qué se adquiere, con quién se adquiere, cuál es su precio en el mercado –como comparativo para el precio “real”- y con qué documentación se acredita.

Es importante señalar que mientras el artículo 7º es muy abierto, el artículo 9 es preciso en cuanto a quién puede imputarse el delito, y se detalla específicamente que puede sancionarse penalmente desde cualquier funcionario de un partido político hasta al candidato mismo, lo cual es por demás plausible.

La fracción IX, que se refiere a ocultar, alterar o negar información requerida, se refiere a cualquier tipo de información, dentro de la cual puede caer también información de gastos efectuados, por lo que también es importante considerar este delito como con clara influencia contable.

Por último, la fracción X aparentemente se refiere a lo mismo que el artículo 7, pero en este caso, el sujeto activo del delito es el funcionario de partido o el candidato; en un afán de buscar armonía en la aplicación e interpretación del marco jurídico, bien podría pensarse que cuando se usen facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados, y dicho uso se lleve a cabo por un funcionario partidista o por un candidato, se aplicará el artículo 9, mientras que la expedición de facturas que no coincidan con la realidad del bien o servicio, o su uso por cualquier persona que no sea funcionario partidista o candidato, se sanciona conforme al artículo 7 de esta nueva Ley.

Por su parte, el artículo 10 se refiere totalmente a cuestiones relacionadas con patrimonio y manejo de recursos, para partidos o agrupaciones políticas que perdieron su registro, y se trata de conductas que claramente tienen alcances contables:

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al que:

I. Se abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la autoridad;

II. Se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad electoral competente;

III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro.

Se busca, en la fracción I, que cuando un partido político desaparece, independientemente de su causa –pérdida de registro por votos insuficientes, por ejemplo-, debe rendir cuentas de aquello con lo que cuenta.

Se contemplan, en esta fracción, tanto hipótesis de conductas pasivas como activas; por un lado, se sanciona la omisión –abstenerse-, y por otro, la acción –rendir información falsa-. En el caso de rendir información falsa, difícilmente podría pensarse en una conducta culposa, pero en cambio, el no proporcionar información, puede derivar tanto de un mal control interno de documentación, como por un actuar doloso al no querer proporcionar información que evidencíe alguna irregularidad.

Por otra parte, en la fracción III, lo que se sanciona es la conducta activa consistente en enajenar, donar o gravar sin autorización, un bien –mueble o inmueble- de un partido o agrupación política que ha perdido su registro.

En todos estos casos, hay que partir de que es un requisito del tipo penal, el hecho de que sean partidos o agrupaciones que perdieron su registro. Esto significa que será una autoridad electoral la que tenga que informar dicha pérdida de registro al partido respectivo, y mientras esto no se dé, aunque el partido o agrupación sepan que perdieron materialmente el registro –por ejemplo, tras una jornada electoral-, formalmente no caen en el supuesto del artículo 10 mientras no se informe de que se ha perdido el registro.

Si por ejemplo, un partido político, sabe que las votaciones no le favorecieron mantener su registro, y en ese momento vende todos los enseres de oficina, podría caer en algún otro delito, pero no en los previstos en el artículo 10, pues formalmente sigue siendo un partido político plenamente funcional y operacional, hasta en tanto no se dé la formalidad de avisarle, de alguna forma, que ha perdido el registro, por parte de la autoridad electoral competente.

En el artículo 11 de esta nueva Ley, se sanciona a servidores públicos que aprovechando su cargo y posición, pretenden incidir en aspectos electorales. En estos supuestos, también hay hipótesis que se vinculan con aspectos económicos y contables, como es el caso de las fracciones III y VI:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I y II…

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV y V…

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

En el supuesto de la fracción III, el reto será, para quien pretenda imputar esta conducta, demostrar los recursos públicos, se destinaron específicamente a un fin ilícito, como es el apoyo o perjuicio a un precandidato, partido, coalición, agrupación o candidato. Contablemente, deberá de establecerse un lazo entre el gasto ilícito –que es fácilmente demostrable- y el origen de ese gasto en los recursos públicos que tenga a su cargo el servidor público a quien se impute el hecho delictivo.

Acerca de la fracción VI, como se ha comentado con anterioridad, se trata de supuestos genéricos donde se habla de no proporcionar información o de negarse a proporcionarla, pero parte de esa información solicitada a un servidor público, por autoridades electorales, puede ser precisamente la relacionada con la fracción III, es decir, con gastos que favorezcan o perjudiquen a un actor político.

¿Cuál es la mejor prevención para estos delitos cometidos por servidores públicos? Que existe absoluta congruencia y transparencia entre el origen del recurso y la licitud de lo que se adquirió con el mismo. La opacidad o las omisiones, generarían responsabilidad penal.

Y en caso de que los recursos a que se refiere la fracción III, favorezcan a alguien, se podrá sancionar penalmente al candidato, precandidato, funcionario partidista o incluso a los organizadores de actos de campaña. Esto, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la misma Ley, en donde se establece una sanción a estas personas, de 2 a 9 años de prisión. Así, con esta medida, se cierra el círculo: el artículo 11 sanciona a los servidores públicos que destinan recursos ilícitamente a fines electorales, y el artículo 14 sanciona a los beneficiarios de tal acto ilícito.

El artículo 15 sanciona a quien reciba recursos sin poder recibirlos, o a quien reciba recursos de procedencia ilícita, con lo cual se pretende bloquear a los llamados “narco candidatos”, que son personas para cuyas campañas se recibieron apoyos económicos de algún cártel de la delincuencia organizada.

Este mismo artículo 15, también contempla un tercer caso: rebasar los montos permitidos, que fue uno de los puntos más sonados y criticados en las pasadas elecciones federales del año 2012.

A continuación se transcribe este precepto:

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

En este artículo, en primer lugar, se sanciona desde a la persona que realice o destine aportaciones en dinero o en especie, hasta quien las recibe, pero el tipo penal también exige que se demuestre que tal aportación tiene que ser a favor de un precandidato, candidato, partido, coalición o agrupación política, cuando existe prohibición para ello.

El segundo caso, se sancionan las mismas conductas de realizar, destinar, utilizar o recibir aportaciones, pero cuando se trate de recursos de origen ilícito.

El tercer supuesto, será realizar estas conductas, de manera tal que se rebasen los topes establecidos.

Cabe indicar que este delito es de los que tiene mayor sanción en esta novel Ley.

Es así como se concluye el análisis de los delitos electorales con posible vinculación a aspectos contables.

 

Conclusiones

La reforma político-electoral, derivada de los múltiples cuestionamientos a las recientes elecciones presidenciales de los últimos 2 sexenios, refleja muchas preocupaciones y suspicacias de la ciudadanía, lo cual es positivo.

El control de la contabilidad por parte de partidos políticos, agrupaciones y candidatos, ahora es un elemento esencial, pues con esta reforma se pretende acabar con los excesos y derroches económicos atribuidos en el pasado a partidos políticos o candidatos concretos.

La consecuencia de una mala contabilidad será no sólo perder la candidatura, por ejemplo, sino incluso habrá consecuencias penales, y aunque se trate de una pena menor en algunos casos, lo relevante es que se atribuyen también consecuencias penales a irregularidades contables y a destinar ilícitamente recursos.

Es importante también que en esta Ley, se sancionan conductas que favorezcan o perjudiquen a actores políticos. Si analizamos de manera integral estos tipos penales, se puede concluir que se sanciona al servidor público, al ciudadano común y corriente, al proveedor, al precandidato, al candidato o incluso a partidos políticos, agrupaciones o coaliciones.

Se buscó, de manera bastante eficiente, por lo menos en papel, que se sancionaran múltiples conductas penalmente, que supuestamente se han evidenciado en las últimas elecciones federales de los últimos 12 años.

Esperemos a ver cómo se cumple la Ley, en donde el gran reto será demostrar cómo un recurso se destinó al fin ilícito que se impute a una persona. Para esto, y para evitar caer en diversos supuestos delictivos, la labor de los contadores será esencial dentro de un buen manejo de los recursos públicos involucrados con asuntos electorales.

 

Por Abogado Samuel Ibarra Vargas

Académico e investigador en Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético

Gerente de Asuntos Públicos y Regulatorios en AgroBIO México, A.C.

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