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Concurso mercantil, herramienta ante las secuelas económicas

Concurso mercantil, herramienta ante las secuelas económicas
junio 01
2020

Llegar a un convenio con los acreedores es la alternativa más viable para que las Mipyme puedan mantenerse a flote, evitar el cierre y conservar los empleos.

Una vez superada la curva de la pandemia, así como el grave deterioro y el declive económico mundial que esto conlleva por la baja en el precio del petróleo, la disminución del turismo nacional e internacional y la caída en la recepción de divisas enviadas por los connacionales, la suspensión
de la producción en algunas de las cadenas productivas que realizan actividades no esenciales provocará que se vean afectados todos los sectores productivos de nuestro país, situación que en el futuro se recrudecerá.

En principio, impactará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), las cuales representan el motor generador de empleos,
y que ante el escaso o nulo apoyo en financiamientos o diferimiento de créditos a largo plazo, así como las altas tasas de interés vigentes en el
mercado, la falta de subsidios, prórrogas o condonaciones por parte del gobierno federal, se encontrarán en un estado de insolvencia generalizado por incumplir sus obligaciones con sus acreedores, el fisco y las entidades financieras.

Una herramienta útil a la que se puede recurrir para hacerle frente a esta crisis económica nunca antes vista es el concurso mercantil (CM), ya que permite reestructurar las deudas en un corto plazo con los acreedores, al obtener quitas y tiempos de espera para aliviar las finanzas y conservar la empresa.

El CM es un juicio universal donde un juez federal es el rector del procedimiento; su ley fue publicada en el año 2000, al derogar a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. El juicio se promueve a través de una solicitud o demanda.

En su artículo 1.º, la Ley de Concursos Mercantiles establece que es de interés público conservar a las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de éstas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Como se señala, esta ley es de interés público, ya que responde a los intereses
generales de los particulares, y encomienda a los poderes públicos facultades suficientes para lograr el bienestar social, dentro del sector empresarial. El CM consta de dos etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. La finalidad de la primera es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante un convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. Previo a esta etapa, el juez del concurso dicta la Sentencia de Concurso Mercantil que contiene cuando menos dos medidas cautelares, que se pueden considerar el cobijo del comerciante:

1.Orden al comerciante de suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir sus efectos la sentencia
de CM. A esto se le conoce como la suspensión de pagos. Durante la etapa de conciliación, al comerciante se le obliga a no pagar sus adeudos contraídos
con anterioridad a la sentencia y, en caso de no acatar esta medida cautelar, se le multará con el doble del pago por desobediencia. Esta medida permite al comerciante allegarse de liquidez por su operación ordinaria y robustecer sus finanzas por la recuperación de sus cuentas por cobrar y el no pago a los acreedores, salvo los que sean indispensables para
la operación ordinaria de la empresa. Quien solicita el concurso mercantil es el mismo comerciante y si fuese demanda, los acreedores. Cuando el juez dicta la sentencia de CM es porque lo solicitaron o demandaron. Y en este caso ya se tiene la sentencia.

2.Orden de suspender durante la etapa de conciliación, todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante (con excepción de los laborales). Con esta medida otorgada se paralizan los actos de ejecución, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), que son sumamente agresivos y de inmediato tratan de embargar o sustraer bienes. Otro caso puede ser cuando se pretenda ejecutar, por alguna razón, una sentencia.

Conciliación para reactivar a la empresa

Una vez obtenida la suspensión de pagos y el blindaje para que no sea ejecutado o desmantelado el comerciante (aspectos de suma importancia), ya que llegar a este punto significa que el comerciante se ubica en una zona de confort, al restarle presiones de toda índole, se pasará a la etapa de conciliación, que inicia en cuanto sea publicada la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta etapa tendrá una duración de 185 días naturales y dos prórrogas de noventa días cada una, para alcanzar un convenio con los acreedores que podría ser de hasta un año, el cual, para que sea  eficaz, deberá suscribirse por el comerciante y sus acreedores reconocidos, quienes representan más
de 50% del monto reconocido.

El convenio consiste en realizar un plan de negocio, un estudio de mercado, proyecciones financieras, comparativos de ventas, flujos de efectivo, avalúos, etcétera, para medir la fuerza y el potencial de la empresa del comerciante, para proponerle a los acreedores reconocidos un plan de pagos viable y razonable a corto y largo plazo, así como el importe de quitas
que se pretenden (en la práctica ha habido quitas desde 30 hasta 95%). Es ardua esta labor, sin embargo, los acreedores terminan por ceder con buena voluntad, debido al interés de recuperar alguna cantidad de efectivo, no ajustarlo a cuentas incobrables y así rehabilitar al comerciante, para después continuar con una sana relación comercial y de negocio duradera,
que al mismo tiempo significa darle un respiro a la empresa y así conservar las fuentes de empleo que es la razón de la ley.

En esta etapa el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también participa en la rehabilitación del comerciante y lo apoya con la condonación parcial de contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la sentencia de CM; estos beneficios se otorgan a la consecución y firma del convenio (artículo 146 B del CFF). Otro beneficio adicional es el monto de las quitas otorgadas, en teoría son ingresos fiscales
que fueron convenidos con los acreedores reconocidos, por lo que no son acumulables en términos del artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Al aprobarse el convenio se da por terminado el Concurso Mercantil.

Una decisión de supervivencia

Como se puede observar, el CM podría ser la solución a los problemas de insolvencia y liquidez que enfrentan las empresas (incluyendo la triple “A”), ya que podría ser el salvavidas para mantenerse a flote, evitar el cierre de las mismas y, sobre todo, la pérdida de empleos que tanto padece el país.

En el supuesto de no alcanzarse un convenio con los acreedores reconocidos se pasaría a una segunda etapa que es la quiebra. Su finalidad es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los acreedores reconocidos. Sin embargo, el hecho de llegar a esta etapa no significa que todo esté perdido, ya que la ley considera que se puede suscribir el convenio al igual que en la conciliación y sacar adelante a la empresa.

Es imperioso que antes de tomar la decisión de solicitar el CM a través del escrito de demanda respectivo, se acuda con un experto en el tema para realizar un profundo análisis de la empresa en cuestión y no correr riesgos innecesarios.

C.P.C. y P.C.FI. Samuel Ricardo Egure Lascano
De la comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente Ulloa Cruz Egure Rojas, S.C.
samuel.egure@egure.com.mx

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