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Comisión Nacional de Derechos Humanos: Relevo y refundación

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Relevo y refundación
enero 01
00:21 2015

La CNDH ha perdido el rumbo y con el nuevo nombramiento del ombudsman será necesario hacer una reconstrucción y fortalecimiento de la institución, clave en la construcción del Estado de Derecho.

Con una clara mayoría el Senado nombró a Luis Raúl González Pérez, quien se desempeñaba como Abogado General de la UNAM, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los próximos cinco años. La manera en que en las semanas recientes se concatenaron distintos hechos favoreció un amplio acuerdo en torno a la idoneidad del nuevo ombudsman.

A juzgar por la trayectoria profesional y política de González Pérez y, en particular, de su experiencia en el terreno de los derechos humanos, el nombramiento se antoja, en principio, positivo. Destaca la autonomía con que se condujo en casos políticamente complejos como la matanza de Aguas Blancas, así como la manera en que realizó la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde su apego a la verdad jurídica se impuso a las presiones de una opinión pública que ya tenía su veredicto y sus culpables.

Y aunque en el proceso se enfrentó a aspirantes de gran nivel como Mauricio Farah, Ricardo Bucio y Patricia Olamendi, su prestigio y el gran peso político del rector José Narro y del Instituto de Investigaciones Jurídicas fueron factores decisivos.

Pero más allá de sus evidentes méritos, otro factor de peso fue la creciente pérdida de credibilidad de su antecesor. De entrada, parecía obvio que el Dr. Plascencia, en su calidad de ombudsman en funciones, debía ser un firme candidato para la reelección. Sin embargo, cuando parecía que contaba con el apoyo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, dicho apoyo se fue diluyendo.

En particular, los casos Tlatlaya e Iguala no solo evidenciaron las limitaciones de la Comisión y de su titular, sino que pusieron de manifiesto una larga lista de deficiencias y, por tanto, los enormes costos políticos que traería consigo buscar en la simulación una salida a la crisis.

La estrategia política del anterior ombudsman había consistido en ganarse el beneplácito de los factores de poder, sobre todo del Presidente de la República, los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como varios gobernadores y presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos. Ingrediente fundamental de la estrategia dirigida a obtener la buena voluntad del Gobierno Federal, la Comisión se distinguió por su actitud obsequiosa.

De acuerdo con las recomendaciones emitidas a las principales dependencias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, durante la presente administración habría tenido lugar una espectacular reducción de los casos de violación de los derechos humanos.

Así, durante la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, el Presidente Peña afirmó que las recomendaciones de la CNDH a las dependencias de seguridad y procuración de justicia disminuyeron 75% en año y medio; de igual manera, con base en la información de la CNDH, el Jefe del Ejecutivo aseguró, en su Segundo Informe de Gobierno, que su mando registraba avances muy importantes en materia de derechos humanos. El problema es que esta imagen idílica de la situación de los derechos humanos no se correspondía con la realidad.

La Comisión ha ido perdiendo el rumbo e independientemente del rechazo de la sociedad civil y del descrédito internacional que cosechó el ombudsman saliente, lo grave es que se ha lastimado una institución clave para la construcción del Estado de Derecho. Una vez que se ha nombrado un ombudsman con prestigio y que cuenta con el aval de la clase política y de numerosas organizaciones ciudadanas, la tarea de reconstrucción y fortalecimiento de la Comisión se impone. Se trata, ante todo, de una tarea política y de rediseño institucional.

La interrogante es cómo organizar el trabajo de la CNDH para que efectivamente se convierta en una institución al servicio de las víctimas

La premisa básica de un proceso serio de refundación institucional es la colocación de las víctimas en el centro de gravedad de las actividades de la Comisión. Un ombudsman es, ante todo, un defensor público de los derechos humanos. Su misión consiste en trabajar en favor de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Debe, por tanto, actuar con plena autonomía, de manera expedita, con alta calidad profesional, sin banderas partidarias y sin supeditar sus decisiones a cálculos políticos. Su causa debe ser la defensa de los derechos humanos y el combate al abuso de poder.

La interrogante es cómo organizar el trabajo de la Comisión para que efectivamente se convierta en una institución al servicio de las víctimas. A este respecto, los especialistas han planteado una amplia gama de propuestas entre las que sobresalen la de dar a la Comisión un doble mandato: por un lado, la defensa y la promoción de los derechos humanos y, por otro, la de hacer las veces de una defensoría pública que se haga cargo de velar por los derechos de quienes carecen de recursos para sufragar los costos que requiere una defensa de calidad.

También se ha planteado la conveniencia de eliminar la posibilidad de la reelección del ombudsman con el fin de que su actuación no se vea influida por la búsqueda de apoyos para la misma. Finalmente, y esto es fundamental, se ha propuesto que el Consejo de la Comisión, que actualmente solo tiene funciones consultivas, se convierta en un auténtico contrapeso y un mecanismo permanente de evaluación y rendición de cuentas que garantice la autonomía, el buen manejo de los recursos y, por supuesto, el apego a su mandato de defender a las víctimas.

Desde una perspectiva estrecha, la autonomía de una institución como la CNDH puede ser vista por el poder como una molestia. No obstante, la actual crisis de derechos humanos, magnificada por los actos de barbarie cometidos en Iguala, ilustra que una Comisión obsequiosa y cómoda se traduce, al final del día, en altos costos en términos de gobernabilidad y legitimidad.

La autonomía y la colocación de las víctimas como eje de la refundación institucional de la Comisión, aunque en momentos puedan resultar incómodas, no deben ser entendidas como piedras en el zapato, sino como fortalezas del Estado.

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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