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Ciudad de México: Reforma política y constitución

Ciudad de México: Reforma política y constitución
julio 01
08:00 2015

Ahora que la capital del país será una entidad con personalidad jurídica y autonomía política, en la reforma queda pendiente definir cómo el ejercicio del poder debe responder al mandato ciudadano

Desde que asumió como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera manifestó su interés por concretar una reforma política de gran calado que permitiera a la capital del país tener una Constitución propia que, por un lado, otorgase al gobierno capitalino grados de autonomía y facultades decisorias semejantes a los del resto de las entidades federativas y, por otro lado, permitiera a los habitantes de la Ciudad de México gozar de los mismos derechos políticos que el resto de los ciudadanos mexicanos.

Difícilmente se puede exagerar la relevancia de la reforma política del Distrito Federal. La capital ha estado inscrita en un largo proceso de transformación de un ente administrativo de la federación a una entidad con personalidad jurídica y autonomía política. Iniciado con la conformación de un órgano legislativo propio y continuado con la elección directa del Jefe de Gobierno y los jefes delegacionales, el proceso de reforma enfrenta ahora el reto de definir cuál debe ser el estatus idóneo para una ciudad que, además de ser el asiento de los poderes federales, es también el núcleo de la más importante zona metropolitana del país y el hogar de más de ocho millones de habitantes.

La capital requiere un estatus jurídico que modifique el actual esquema de distribución de competencias para transitar a un modelo funcional de relación entre autoridades locales con amplias facultades y el gobierno federal, y para favorecer la creación de figuras asociativas de carácter metropolitano. La gran pregunta es si las reformas aprobadas en el Senado son una respuesta adecuada a esta necesidad.

En sus aspectos esenciales, la reforma política del Distrito Federal aprobada por el Senado aborda la cuestión de la arquitectura institucional de la capital. Las reglas de la distribución del poder, la definición de espacios de autonomía y el juego de pesos y contrapesos son el objeto primordial del esfuerzo reformista. De entrada, la Ciudad de México, nuevo nombre oficial, se convierte en una entidad de la federación encabezada por el Jefe de Gobierno, a quien se le otorgan mayores facultades, como el nombramiento de los titulares de seguridad pública y de la Procuraduría. La entidad tendrá autonomía presupuestal (el presupuesto ya no sería aprobado por el Congreso de la Unión, sino por el Congreso local), podrá contratar deuda y será parte del Sistema de Coordinación Fiscal, amén de que contará con un bono de capitalidad en virtud de los costos que para la ciudad implica la provisión de servicios para la operación de los poderes federales. Por su parte, la actual Asamblea Legislativa se convertirá en Congreso con facultades para presentar iniciativas y formará parte del constituyente permanente.

En la reforma no hay mecanismos que aseguren una administración más eficiente y honesta de los recursos, que se traduzca en mayor seguridad y servicios”.

Las delegaciones se convertirán en alcaldías; contarán con 300 concejales, que serán electos mediante voto directo, y que actuarán como contrapeso al poder de los alcaldes. Sin embargo, este cuerpo de concejales no será el equivalente a un cabildo ni las alcaldías se equiparán a los municipios, pues sus facultades tendrán menor alcance, al tiempo que carecerán de autonomía financiera y patrimonio propio. Este es, sin duda, uno de los puntos más controvertidos de la reforma.

Para muchos críticos, era vital conferir personalidad jurídica y patrimonio propio a las delegaciones para que, en su calidad de entidad más próxima a las demandas de la ciudadanía, contasen con los elementos necesarios para la prestación de servicios públicos y asumiesen las responsabilidades (rendición de cuentas) que sus facultades ampliadas implicarían. Pero, se alega, en tanto las alcaldías quedarán subordinadas en lo presupuestal y administrativo a la Jefatura de Gobierno, la reforma resulta centralista.

A este respecto, vale la pena señalar que si bien desde un punto de vista conceptual el modelo adoptado es centralista, el meollo del asunto es de índole práctica. Ante todo, a lo que debe responderse es qué instancia de Gobierno es la adecuada para cumplir las distintas funciones y proveer los servicios, pues debe reconocerse que, para una unidad económica, social y política tan compleja como la Ciudad de México, el modelo municipal no es necesariamente el idóneo. Hay una amplia gama de servicios y funciones de autoridad cuya correcta ejecución demanda autonomía y capacidad de respuesta de las instancias más próximas a la población (las alcaldías), pero, en paralelo, hay una amplia gama de funciones y servicios cuya eficacia demanda grados mayores de centralización (y aun de una perspectiva metropolitana), es el caso de la seguridad pública, la política ambiental y la movilidad.

Más allá de esta controversia, que sin lugar a dudas se colocará en el centro del debate que en la próxima Legislatura, hay otro aspecto de la reforma que resulta cuestionable: su naturaleza exclusivamente político-institucional. Se trata de una reforma que interesa fundamentalmente a la clase política: regula el ejercicio del poder y busca equilibrios, pero que ha soslayado la dimensión administrativa, de buen gobierno y de servicio que debe desempeñar el orden político. Y es justo esta dimensión la que, en realidad, más importa a la ciudadanía.

No hay en la reforma reglas nuevas que pudieran sugerir que habrá un funcionamiento más eficaz y más responsable ante el ciudadano de las instancias locales del gobierno. No hay mecanismos que aseguren una administración más eficiente y honesta de los recursos, que se traduzca en mejores servicios, mayor seguridad, mejor impartición de justicia o en la promoción de condiciones favorecedoras del crecimiento económico y el bienestar. Asimismo, la problemática metropolitana brilla por su ausencia. En pocas palabras, se trata de una reforma centrada en los mecanismos de organización y distribución del poder que no se hace cargo de cómo el ejercicio del poder debe responder al mandato ciudadano.

Seminario Político
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