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CFDI de operaciones inexistentes, ¿qué delito aplica?

CFDI de operaciones inexistentes, ¿qué delito aplica?
octubre 01
2019

La expedición y adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet para amparar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, representa un serio problema por resolver para la autoridad fiscal, en especial cuando se trata de determinar la sanción penal aplicable a la conducta de que se trate.

Las autoridades fiscales han detectado un uso excesivo de Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) que amparan operaciones inexistentes o falsas, ya sea a través del ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente desde 2014, o a través del ejercicio de diversas facultades de comprobación contempladas en el artículo 42 del mismo ordenamiento.

Por lo anterior, ha surgido una problemática jurídica de singular relevancia: ¿dónde se deben ubicar estas conductas en relación con los diversos delitos contemplados en la legislación mexicana?

De conformidad con el artículo 69-B del CFF, se consideran como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en dicho código, aquellas operaciones amparadas en CFDI a que se refiere dicho numeral.

Ese artículo señala que se presumirán inexistentes las operaciones amparadas en los comprobantes, si la autoridad fiscal detecta que un contribuyente los ha estado emitiendo sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales documentos.

Incluso, dicho precepto legal también presume la inexistencia de las operaciones referidas, si la autoridad fiscal detecta que los contribuyentes que los han estado emitiendo se encuentran como no localizados.

Para disuadir las conductas consideradas actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el CFF, el 16 de mayo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a las sanciones privativas de libertad, tanto para los contribuyentes que adquieran comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, como quienes expidan o enajenen tales CFDI.

Los preceptos legales que las contienen son el reformado artículo 113, fracción III y el nuevo artículo 113 bis del CFF, respectivamente. Sobre esto, la sanción para quienes adquieran los CFDI a los que se refiere el numeral 113, fracción III, será de tres meses a seis años de prisión.

En cambio, la sanción para quien los expida o enajene será de tres a seis años recluido. Como se puede advertir, la pena mínima para los que adquieran estos CFDI es menor que para quienes los expidan o enajenen, a pesar de que los primeros causan el impacto patrimonial al fisco al imprimir un efecto fiscal en sus operaciones mediante la deducción o acreditamiento de impuestos.

Ahora, otro delito previsto en el CFF es el contenido en el artículo 109, fracción IV, para quienes simulen uno o más actos o contratos con un beneficio indebido y perjuicio del fisco federal. Dicha conducta será sancionada con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal, contenidas en el artículo 108 del mismo ordenamiento legal.

Es difícil encontrar a las personas que realizan este tipo de conductas. Sería lamentable que las autoridades no persiguieran o sancionaran estos ilícitos”.

En este sentido, la pena o sanción privativa de libertad para la conducta descrita, oscila entre los tres meses y los nueve años, según el monto de lo defraudado. Además, cuando el delito sea calificado (por ejemplo, que se usen documentos falsos o se manifiesten datos falsos ante la autoridad), la pena podrá aumentar hasta 50%, para alcanzar 13 años y medio como pena máxima.

Entonces, si el artículo 69-B del CFF indica que las operaciones amparadas en los CFDI se consideran actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos, parecería que hay dos sanciones para la conducta que se busca castigar:

  • Penas menos severas contenidas en los artículos 113, fracción III y 113 bis.
  • Castigos más severos registrados en el artículo 108, relacionado con el artículo 109, fracción IV.

CONCLUSIONES

Por todo lo anterior, resulta deseable que el legislador precise cuál es el delito concreto que se actualiza cuando se utiliza un CFDI que ampara operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

En la actualidad es difícil encontrar a las personas que realizan este tipo de conductas. Sería lamentable que las autoridades mexicanas no pudieran perseguir y sancionar estos ilícitos que afectan a la hacienda pública porque la ley no es clara.

En los últimos meses se han discutido en el Congreso de la Unión diversas reformas en materia fiscal penal para disuadir y castigar con mayor severidad el uso de CFDI que amparen operaciones inexistentes. Esta oportunidad debe ser aprovechada para aclarar las incertidumbres de la ley actual. Sin embargo, se debe tener claro que el objetivo de todas estas modificaciones no debe ser saturar los reclusorios, sino evitar daños a la hacienda pública y lograr que todos los contribuyentes paguen las contribuciones que les corresponda conforme a la ley.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados e integrante
de la comisión Fiscal del Colegio
info@jch-abogados.com

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