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Certificación de IVA e IEPS, ¿pagar o defenderse?

Certificación de IVA e IEPS, ¿pagar o defenderse?
noviembre 01
2020

La primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020 disminuye los privilegios para las empresas certificadas, aunque solicita cubrir los derechos por inscripción o renovación.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1.º de enero de 2014, nace la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, en la que se adicionan cinco normas relacionadas con la certificación sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Éstas tienen origen en las reformas a las leyes de ambos impuestos, las cuales fueron difundidas el 11 de diciembre de 2013 en el DOF. Con estos cambios, surgió la obligación de que a partir del 1.º de enero de 2015, la importación temporal de algunos regímenes especiales, como el de empresas pertenecientes al programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), estaría gravada en el caso de estos impuestos.

Así, para contrarrestar el efecto en el pago del IVA e IEPS, se estableció la opción de obtener un crédito fiscal equivalente a 100% del monto que se deba cubrir a la importación temporal de mercancías, cuando se obtenga una certificación para las empresas Immex en sus tres modalidades (A, AA y AAA). Ahora bien, desde la exposición de motivos de las reformas que se comentan, se consideró que la certificación fuera gratuita, ya que esto representaba una forma de mitigar los efectos que se podrían provocar en la industria maquiladora.

No obstante, el pasado 24 de julio, se publicó en el DOF la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2020, en la que, además de la disminución de privilegios para las empresas que cuentan con una certificación de IVA e IEPS, entre otros cambios, se estableció que deben realizar el entero de derechos por la inscripción y renovación.

En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el 5 de agosto pasado, a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, una recomendación para que todos los contribuyentes que tengan una certificación en estos dos impuestos, realicen de manera voluntaria el pago de derechos que establece el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos, inclusive por años anteriores.

Es importante señalar que dicha ley no sufrió modificaciones en su parte sustantiva. Las actualizaciones que se realizaron son exclusivamente en las cantidades que deben enterar los contribuyentes por concepto de los derechos establecidos en ésta. Por otra parte, resulta un hecho innegable que la obligación de pago por esta certificación no estuvo considerada en la normativa descrita, sino que se establece por primera ocasión mediante reglas en la primera modificación a las RGCE para 2020, después de cinco años de entrar en vigor el esquema.

A partir de lo descrito se estima que, en promedio, las compañías tendrán que erogar cantidades que rondan los 145 mil pesos, por concepto de derechos de cinco años por la inscripción o renovación de sus certificaciones sobre IVA o IEPS. Este número, multiplicado por las 3 mil 638 empresas certificadas que existían en marzo de 2019, sin incluir las que se hayan podido dar de alta a la publicación de este artículo, resulta en una suma de 527 millones 510 mil pesos para el SAT. Cifra nada despreciable para la economía del país.

En un escenario ideal, ese monto sería la meta a percibir sólo por las entidades certificadas en estos impuestos. Sin embargo, no hay que perder de vista que hay otras certificaciones y modalidades; además de que no todas las empresas están dadas de alta desde 2014 y quizá algunas dejaron de estarlo antes de la entrada en vigor de estas RGCE para 2020, por lo que la cifra mencionada es sólo un indicativo del objetivo de la autoridad fiscal.

Hasta aquí, está claro que el SAT no dejará pasar esta oportunidad para incrementar su recaudación con al menos estas 3 mil 600 empresas cautivas, pues a pesar de la disminución de algunos de sus beneficios, se conserva el más importante: crédito de 100% del monto del IVA que se causa con motivo de las importaciones temporales.

Se plantea una disyuntiva

Las entidades deberán poner en la balanza la suma de beneficios que les quedan con la certificación a partir de la publicación de las RGCE 2020, contra el pago de los derechos y la pérdida de algunos otros, como las devoluciones del IVA en plazos menores a los que señala el Código Fiscal de la Federación (CFF), ya que ahora hay que esperar, como todos los contribuyentes, 40 días hábiles.

El siguiente punto para determinar si se defienden o pagan el derecho por la inscripción y renovación de sus certificaciones por los últimos cinco años, y los siguientes mientras las conserven, requiere un análisis desde dos puntos de vista: el jurídico y el práctico.

En la primera perspectiva, se parte de que el SAT pretende cobrar derechos, incluso en retroactivo, a partir de reglas y comunicados, lo cual es cuestionable. Se debe recordar que el principio de legalidad y subordinación jerárquica de las leyes, entre otros, establece qué se puede poner en reglas; sin embargo, la Ley Federal de Derechos pudiera adolecer de algunos temas de violación de derechos humanos que establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el principio de proporcionalidad, “sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar”.

En cuanto a la retroactividad, existe mucha literatura que podría ser analizada. Los empresarios mexicanos conocen bien sus derechos, pues desde temas como la consolidación fiscal se ha planteado este rubro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no se obviará lo que en términos generales es conocido por todos. Así, para muchos de los lectores resultarán claros los argumentos y medios de defensa que se podrían hacer valer en contra de este derecho. Y aunque para otros no será tan evidente, se puede decir que, por el momento, existen numerosas opiniones en el sentido de que hay elementos serios y razonables para combatir este acto.

Respecto del punto de vista práctico, para definir entre defenderse o pagar, basta con dar una mirada al boletín publicado por el SAT, en el que la recomendación es clara. En ese caso, la sugerencia más pertinente sería realizar los pagos retroactivos conforme a lo señalado en dicha nota. Esto con la finalidad de evitar posibles requerimientos de la autoridad y multas. Con base en lo anterior, se deberá evaluar la posición de cada contribuyente frente a las normas invocadas y la interpretación de la autoridad fiscal, pues surge la posibilidad de que algunos de esos periodos encuentren cabida en la figura de la caducidad o, en su caso, la prescripción contenida en el CFF.

Finalmente, las personas en México cuentan con el derecho para ejercer los medios de defensa que establecen las disposiciones legales para que puedan elevar su petición ante un tribunal que decida sobre la legalidad o ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto.

Lic. Guillermo Massieu Urquiza
Socio en BDO
guillermo.massieu@bdomexico.com

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