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Certeza para contribuyentes: reforma al artículo 69-B del CFF

Certeza para contribuyentes: reforma al artículo 69-B del CFF
septiembre 01
08:00 2018

Establece los plazos para que las autoridades valoren las pruebas que desmientan operaciones inexistentes aportadas por contribuyentes en lista negra.

El 25 de junio de 2018 fue reformado el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), a efecto de brindar certeza a los contribuyentes, en relación con el plazo de las autoridades fiscales para valorar las pruebas aportadas y determinar si efectivamente todos los comprobantes fiscales que emiten los contribuyentes listados amparan operaciones inexistentes.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 69-B del CFF faculta a las autoridades fiscales a publicar por diversos medios a contribuyentes que emiten comprobantes fiscales con los que presumiblemente amparan operaciones inexistentes, lo cual no implica el ejercicio de facultades de comprobación, ya que su fin es exponer a presuntos emisores de facturas que amparan operaciones simuladas.

La publicación de contribuyentes en las llamadas listas negras, evidentemente es un medio de presión, tanto a contribuyentes cumplidos como incumplidos, ya que a reserva de que desvirtúen la presunción que pesa en su contra, los comprobantes fiscales que hayan emitido no surtirán efecto fiscal alguno, generando por consecuencia graves implicaciones en la operación comercial de las empresas cumplidas.

En efecto, en caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecte que algún contribuyente no cuenta con el personal ni con los activos para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes, será publicado en las listas negras; es decir, el contribuyente será notificado en primer término de esta situación a través de su buzón tributario, además de ser publicado en la página de internet del SAT y del Diario Oficial de la Federación (DOF), permitiéndoles que en 15 días puedan desvirtuar la presunción.

El artículo 69-B del CFF originalmente establecía que, transcurrido el plazo de 15 días, la autoridad contará con cinco días para valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificando la resolución respectiva a través del buzón tributario del contribuyente, del portal del SAT y a través del DOF.

Sin embargo, en diversos casos y por diferentes motivos, aun y cuando el contribuyente haya exhibido en el plazo de 15 días las pruebas pertinentes para desvirtuar que los comprobantes fiscales emitidos amparan operaciones inexistentes, la resolución que confirmaba dicha situación era emitida fuera del plazo de cinco días, toda vez que la autoridad fiscal había sostenido que tal plazo es única y exclusivamente para valorar las pruebas y no así para emitir la resolución, por lo que la emisión fuera de plazo no podía tener como consecuencia la ilegalidad o anulación de este procedimiento.

En caso de que el SAT detecte que algún contribuyente no cuente con el personal ni con los activos necesarios, será publicado en las listas negras”

No obstante lo anterior, lo cierto es que el propio artículo 69-B del CFF, expresamente establecía un plazo de cinco días dentro del cual la autoridad tenía que valorar las pruebas, así como hacer el juicio respectivo en sentido favorable o desfavorable, por lo que no puede entenderse la mera valoración de las pruebas en el plazo de cinco días, sin la emisión de la resolución correspondiente. Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió el criterio jurisdiccional 12/2017, cuyo rubro es:

  • Operaciones inexistentes. Resulta ilegal el procedimiento para determinarlas, establecido en el artículo 69-B del CFF, si la autoridad notifica fuera del plazo de cinco días la resolución que contempla el tercer párrafo de dicho numeral.

Aunque en un fallo muy cuestionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo directo en revisión 3827/2017, determinó que toda vez que el artículo 69-B del CFF, regula facultades de comprobación, al mismo le debía ser aplicable el plazo de caducidad de cinco o 10 años previsto en el artículo 67 del CFF. Además, se menciona que es un caso cuestionado y aislado por parte de la SCJN, en virtud de que bajo ningún supuesto se puede observar que dicho artículo regula el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, sino única y exclusivamente como se ha mencionado, regula una facultad que la ley otorga a la autoridad para publicar por diversos medios a contribuyentes que presumiblemente realizan operaciones inexistentes.

Inclusive resulta tan ambigua y cuestionable la resolución de la SCJN, que en la regla 1.4 de la propia Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2018, en la cual se establece que una vez transcurrido el plazo de 15 días para aportar pruebas, la resolución en la cual se resolverá si se desvirtuó o no la presunción de operaciones deberá ser notificada en un plazo de 30 días, con independencia de que también se puede considerar que tal disposición reglamentaria es ilegal al ir más allá de lo previsto en ley. Es precisamente derivado de estas resoluciones y disposiciones contradictorias que el 25 de junio de 2018 fue reformado el artículo 69-B del CFF, para que, entre otros temas, quedara previsto en el propio artículo de manera clara y expresa el plazo con el que cuenta la autoridad fiscal para emitir su resolución.

REFORMA PUBLICADA EL PASADO 25 DE JUNIO DE 2018

Derivado de la reforma al artículo 69-B del CFF, se establece en primer lugar que los contribuyentes podrán pedir una prórroga de cinco días, en adición a los 15 días que tienen los contribuyentes para exhibir pruebas. Una vez transcurrido el plazo para aportar pruebas y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad fiscal en un plazo que no excederá de 50 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a través de buzón tributario. En este sentido, se establece en el propio artículo reformado un plazo específico de 50 días para que la autoridad fiscal valore pruebas y emita su resolución.

Sin embargo, tal plazo de 50 días no es aplicable para todos los contribuyentes, sino única y exclusivamente a quienes les haya sido iniciado el procedimiento previsto en el mencionado artículo, al momento de la entrada en vigor la mencionada reforma. Al efecto, el artículo primero transitorio del decreto por el que se reformó el mencionado artículo, establece que el mismo entró en vigor dentro de los 30 días siguientes al de su publicación, es decir, el seis de agosto de 2018, por lo que es a partir de los procedimientos que iniciaron a partir de dicha fecha en que le fueron aplicables las modificaciones al mencionado artículo 69-B del CFF.

Asimismo, se estableció que dentro de los primeros 20 días del inicio del cómputo de los 50 días, la autoridad fiscal requerirá información y documentación adicional, la cual debió proporcionarse en un plazo de 10 días posteriores para que surta efecto la notificación del requerimiento. En este caso, el plazo de 50 días se suspenderá a partir de que surta efecto la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente a que venza el plazo de 10 días.

Por otra parte, se dice que también los contribuyentes que hayan logrado desvirtuar los hechos imputados, así como los que obtuvieron una resolución o sentencia desfavorable, saldrán publicados en una lista trimestral donde conste que efectivamente lograron desvirtuar la presunción. Finalmente, se habla de que si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de 50 días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dieron origen al procedimiento.

También los contribuyentes que desvirtuaron las imputaciones y los que tuvieron una resolución o sentencia desfavorable saldrán publicados en la lista”

SITUACIÓN LEGAL ANTES DE LA REFORMA

Los contribuyentes a quienes les haya sido iniciado el procedimiento previsto por el artículo 69-B del CFF, con anterioridad a la entrada en vigor del artículo reformado, no podrán beneficiarse de las modificaciones al artículo mencionado y, por lo tanto, no les será aplicable el plazo de 50 días para que la autoridad fiscal emita su resolución. A pesar de lo anterior, estos contribuyentes pueden hacer valer los argumentos y medios de defensa en caso de que la autoridad emita su resolución fuera del plazo de cinco días o, en su defecto, fuera del plazo de 30 días previsto en la regla 1.4 de la RMF para 2018.

En efecto, los contribuyentes a quienes les haya sido emitida la resolución por la cual se confirma que no desvirtuaron los hechos que se les imputa, fuera del plazo de cinco días o, en su defecto, el de 30 días previsto en la regla 1.4 de la RMF para 2018, podrán hacer valer la ilegalidad del procedimiento por el cual se presume que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, argumentando esta situación, aun y cuando la SCJN haya emitido un criterio aislado donde señale que la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o 10 años para emitir su resolución final, toda vez que esta no constituye jurisprudencia de aplicación obligatoria.

Recientemente, fue publicada una tesis por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en la cual señala que en caso de que la resolución sea emitida fuera del plazo de 30 días, el procedimiento será ilegal. Dicha tesis tiene como rubro lo siguiente:

  • Presunción de operaciones inexistentes. Si la autoridad fiscal no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento relativo, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, precluye su facultad para hacerlo.

En este sentido, la tesis transcrita señala que atendiendo al derecho fundamental de seguridad jurídica, la autoridad fiscal deberá emitir su resolución en 30 días, en términos de lo dispuesto por la regla 1.4 de la RMF, por lo que ya no estará facultada a declarar inexistentes las operaciones aun y cuando esa consecuencia no esté prevista en ley, al haber precluido su derecho.

 

 

L.D. Agustín Durán Becerra
Integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal 3 del Colegio Socio en DMI Abogados
aduran@dmiabogados.mx

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