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CEESP: ¿Subsidio a ricos?

CEESP: ¿Subsidio a ricos?
abril 16
07:22 2018

Las propuestas políticas, especialmente en campañas electorales, se centran en la obtención de votos, independientemente de si son viables o no, que al parecer es lo que menos importa, en tanto se cumpla el objetivo de llenar las urnas. Sin embargo, necesariamente terminan formando parte de los programas de gobierno, por ello hay que tomarlas en serio.

Lo preocupante es que los planteamientos populistas han sido capaces de lograr que la población confíe en propuestas que han generado expectativas que en principio parecen benéficas, sin reflexionar en los impactos que estas puedan tener sobre la misma sociedad en el corto y mediano plazo. Estos aparentes beneficios terminan y la historia así lo demuestra, atentando contra la actividad económica, la creación de empleos y evidentemente en contra del bienestar de los hogares.

Esta es sin duda una manera de seducir a los ciudadanos que demuestran una falta de conocimiento sobre economía e historia, pero sobre todo es una falta de ética política al buscar, al costo que sea, el apoyo popular. Los ciudadanos no tienen por qué saber de economía por ello más importante es la sensatez de los planteamientos.

Recientemente hemos escuchado la propuesta de fijación de precios de productos estratégicos para la actividad económica, que documentado está, implicaría serios desequilibrios para el mercado, propiciando efectos tan negativos que al final del día, terminarán afectando a los que menos tienen, justo a aquellos que el discurso dice beneficiar.

Cuando el estado decide intervenir a través de la fijación de precios, que generalmente es por debajo del precio de mercado con la intención de beneficiar a algún sector o grupo a través de subsidios, es un hecho que la oferta de ese bien se ve afectada debido a que el incentivo para producirlo se reduce, de tal manera que los dueños del capital preferirán invertir sus recursos en otro sector o actividad en la que los precios no respondan a factores artificiales, sino a la evolución de las fuerzas de la oferta y la demanda.

En este entorno, la disminución de la oferta, acompañada de un aumento en la demanda, se convertirá en un entorno de escasez, el cual no se podrá corregir debido precisamente a que la intervención del estado limita la dinámica natural del mercado.

En un entorno como este, los más privilegiados por el control de los precios de los productos serán aquellos que mayor capacidad de compra tienen. Los principales beneficiarios de este proceso nunca serán los grupos de menos recursos. En una situación como esta, las soluciones extremas pueden aparecer y terminar con políticas de racionamiento, que es el principal origen para la aparición de mercados negros, donde se concentran los re-vendedores, con su negativa incidencia en la economía.

En el caso específico de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno durante los años 2007-2014 fue de 871 mil millones de pesos (mmp), que benefició sobre todo a quienes menos lo necesitaban, ya que son aquellos grupos que tienen una mayor capacidad de consumo quienes se vieron beneficiados por la adquisición de bienes a precios menores. De esos 871 mmp, 598 mmp fueron para beneficio del 30% más rico del país. Y sólo 273 mmp para el 70% con menores ingresos.

¿De veras queremos volver a crear un subsidio tan inequitativo para la sociedad, un subsidio desproporcionado para los ricos? ¿Una transferencia de recursos de la sociedad beneficiando sobre todo al 30% más rico? Es inaceptable.

Una mala experiencia reciente para nuestro país fue el decreto que determinaba el control de precios del gas LP, que llevó a alejar cada vez más su precio del precio real, generando la necesidad de cubrir esta diferencia con gasto público, evidentemente proveniente de impuestos de los contribuyentes.

De la misma manera no existía ningún estímulo para que los inversionistas pudieran construir gasoductos que ayudaran a mejorar la situación del consumo. Esto propició que el gasto destinado a este supuesto beneficio significara menores recursos para inversión productiva, para el combate a la pobreza o para mejorar los servicios de salud, educación y seguridad.

Evidentemente esto no es sostenible en el mediano y largo plazos, por lo que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado, por lo que finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado, afectando severamente el poder adquisitivo de los hogares. En febrero del 2017 los precios de las gasolinas alcanzaron su máximo incremento anual el reportar alzas de 26% en la de bajo octanaje y de 30.7% en la de alto octanaje. Asimismo, al cierre del mismo año el gas LP superaba en 44.1% el precio reportado doce meses antes, según los indicadores de precios al consumidor.

La responsabilidad rectora de un gobierno se manifiesta en generar el ambiente propicio para que la economía funcione de tal manera que el beneficio sea generalizado, evitando privilegiar a los grupos de mayores ingresos en el país.

Las políticas asistencialistas simplemente contribuyen a perpetuar la pobreza. La regresividad de los subsidios va en contra de cualquier beneficio de la población que más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas. Déficit que además será de nuevo por el impuesto inflacionario resultante posteriormente, incidiendo indudablemente, es la población con menores ingresos, que ven reducido su poder adquisitivo. Es por ello que la mejor manera de atacar este problema es la generación de empleos bien remunerados, y eso proviene de mayores flujos de inversión. El asistencialismo entretiene, la generación de empleos soluciona y construye. Las familias progresan cuando tienen empleo no cuando reciben subsidios.

El gasto público como herramienta de crecimiento y desarrollo aumenta la posibilidad de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso cuando se destina a resolver problemas y carencias de los más desprotegidos, no cuando se gasta manteniendo un subsidio comprobadamente regresivo; la eficiencia del gasto debe tener entonces una incidencia positiva en el ingreso de los hogares. Hasta ahora, las cifras indican que antes y después de las transferencias del gobierno, el porcentaje de desigualdad (índice de GINI) se mantiene sin cambio.

Es muy importante entonces pugnar por la responsabilidad y seriedad de las propuestas de los candidatos ya que al volverse inevitablemente parte de los programas de gobierno terminan teniendo impactos relevantes en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello apelamos a la ética política, a la seriedad de los planteamientos y al debate abierto que nos permita en esta elección no sólo encontrar al mejor candidato sino, sobre todo, al mejor proyecto de país.

MÉXICO 

Durante marzo, los precios al consumidor reportaron un incremento de 0.32%, avance que permitió que su variación anual continuara con su tendencia a la baja, ya que esta se ubicó 5.04%. El alza mensual del indicador general de precios provino principalmente del aumento de 0.33% en los precios del subíndice subyacente, dentro de los cuales destaca el rubro de servicios, que reportó un alza de 0.40% y fue el origen del 48% del incremento del índice general. El rubro de mercancías se elevó 0.25%. Por su parte, el indicador de precios no subyacente tuvo un aumento de 0.30%, impulsado por un incremento de 0.38% en los precios agropecuarios y de 0.26% en los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno. La variación anual del indicador subyacente fue de 4.02% y del no subyacente 8.03%.

Por otro lado, cifras desestacionalizadas del INEGI indican que durante febrero la actividad industrial del país mostró un repunte mensual de 0.4%, después de que el mes previo se mantuviese sin cambio. Esto permitió que su comparación anual retornara a terreno positivo al mostrar un avance de 0.7%, después de la caída anual de 0.5% en enero. El mejor desempeño mensual  de la actividad industrial respondió, dada su mayor participación relativa, al incremento de 0.6% que tuvo la actividad manufacturera, que la llevó a un repunte anual de 0.5%, después de que en enero cayera 0.5%. Por su parte, la industria de la construcción creció a una tasa mensual de 0.5% y a una anual de 4.0%, en tanto que la generación de energía eléctrica, agua y distribución de gas lo hizo en 0.8% y 3.1%, respectivamente. Por el contrario, la actividad minera cayó 1.9% en el mes y 5.7% en los últimos doce meses, con lo que acumuló 45 meses consecutivos con variaciones anuales negativas.

ESTADOS UNIDOS 

El Departamento del Trabajo informó que durante marzo los precios al consumidor mostraron una disminución de 0.1%, contrario al incremento de 0.1% que anticipaba el mercado. Este comportamiento respondió en buena medida a la disminución de 2.8% en los precios del rubro de energía, especialmente por la baja de 4.9% en el indicador de gasolina.

En el caso del índice de precios de alimentos se observó un alza mensual de 0.1% en marzo después de haberse mantenido sin cambio en febrero. Por su parte, el indicador de precios subyacente, que excluye alimentos y energía se elevó 0.2%, en línea con la expectativa del mercado.

Pese  a la disminución mensual del indicador general de precios su comparación anual reporta un incremento de 2.4%, porcentaje que supera el 2.2% de febrero y la tasa anual promedio del 1.6% de los últimos 10 años. El indicador subyacente tuvo un incremento anual de 2.1%, frente al 1.8% de febrero. Este resultado representó la mayor variación anual desde febrero de 2017, además de superar también, el promedio anual del 1.8% de los últimos 10 años.

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
www.ceesp.org.mx

 

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