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CEESP: Plan de Negocios de Pemex. Tranquiliza en el corto plazo, pero es insuficiente para el mediano y largo plazo

CEESP: Plan de Negocios de Pemex. Tranquiliza en el corto plazo, pero es insuficiente para el mediano y largo plazo
julio 22
2019

Pemex enfrenta en la actualidad serios problemas en varios frentes. Puede decirse que sin precedentes por su importancia y magnitud. El plan de trabajo presentado en días recientes, denominado “Plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2023” es la estrategia de la empresa y el gobierno para afrontar la situación y resolver gradualmente los fuertes desafíos. Sus principales prioridades son el aumento de la producción de crudo y sus reservas, detener el endeudamiento de Pemex y mejorar su balance financiero. Para ello, se plantea un aumento en la inversión principalmente entre 2020 y 2022 apoyado principalmente en una inyección de recursos del gobierno federal y en una reducción de su carga fiscal.

En la presente nota se analiza dicho plan críticamente. Se concluye que no ataca con la suficiente fuerza problemas evidentes de la empresa; que, si bien si provee un bienvenido respiro en el corto plazo y tranquiliza el clima de aprensión respecto las acciones de la empresa, el plan implica una fuerte presión sobre las finanzas públicas, añadiendo a las importantes presiones que ya se aprecian para los próximos años; que finalmente parece ser una estrategia insuficiente para elevar la inversión en lo que se requiere para incrementar la producción y las reservas en la forma proyectada por el mismo plan y darle viabilidad a Pemex en el mediano y largo plazos; y que se pierde la oportunidad de incluir con mayor decisión a la inversión privada, que proveería más recursos y financiamiento, en vez de utilizar deuda pública, así como mayor eficiencia y mayor alcance haciendo posible alcanzar la metas de producción y reconstitución y reservas de manera sostenida.

El PLAN DE TRABAJO DE PEMEX 

De entrada, se establece que “Con este plan de negocios se demuestra que sí es posible un modelo diferente de gestión basado en la innovación, la eficiencia y sobre todo sin corrupción”. El tiempo dirá si esto es correcto, sobre todo si el nuevo modelo es efectivamente exitoso en elevar la producción, reservas y eficiencia de la empresa. En cuanto a su alcance, el plan propone un impulso financiero a Pemex hasta el 2022 cuando, debido a varias acciones, se asevera que la empresa recuperará la solidez suficiente para contribuir al resto de la economía.

El plan enfatiza la elevada carga fiscal sobre Pemex como la principal fuente de sus problemas financieros. Pero ignora la importante diversidad en sus líneas de negocio en cuanto a rentabilidad. A grandes rasgos, la producción y exploración de petróleo (PEP) es rentable aún con los altos impuestos que se le cargan, mientras que las otras actividades lo son menos o de plano pierden. Hay un subsidio de PEP a los siguientes eslabones de la cadena de producción, o “downstream”, dado que se trata de transacciones entre subsidiarias. Este subsidio no se observa en los estados financieros consolidados de Pemex. Un punto de partida razonable sería resolver los problemas de transformación industrial con mejor operación, más tecnología y mejores prácticas de negocio -similares a las privadas- antes de destinar más recursos a ese segmento.

Además, debería considerarse realizar asociaciones con la inversión privada para llevar a cabo dichas mejoras y también la desincorporación de plantas que generan pérdidas.

Al no reconocer la reducida, nula o negativa rentabilidad de esas otras líneas de negocio, el plan propone invertir en ellas, como si fuesen todas igualmente rentables. Así, se propone, además de recuperar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación, “una nueva refinería para corregir la creciente dependencia del país a combustibles importados”, cuando es claro que la refinación es una fuente de pérdida para el corporativo, aunque la comercialización de los productos refinados es rentable. Cabe resaltar que no hay una evaluación beneficio costo social que demuestre que el proyecto aludido, la refinería de Dos Bocas, cuente con la rentabilidad social, ex ante, requerida explícitamente por la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Lo aconsejable es, sin duda, destinar los recursos escasos de inversión más bien a PEP y aprovechar la ganancia de la comercialización de refinados independientemente de su origen. Adicionalmente, podría explorarse la oportunidad, que parece ser rentable, de asociaciones con socios privados en las actividades downstream.

Hay otros elementos importantes que se tratan en el plan de manera superficial o no se contemplan. Por ejemplo, valdría la pena ponderar la conveniencia de que el gobierno federal asumiera la deuda de Pemex, aunque sea de manera parcial. El costo para el país de dicha deuda, que aumentó fuertemente en años recientes podría abatirse de manera importante si ésta se consolidara con la del gobierno federal, que tiene mejor calificación. Para el sector público consolidado la única ventaja sería el ahorro por un menor costo de la deuda que hoy es de la empresa, pero proveería una mayor flexibilidad para el manejo de esta. Un tema relacionado que está casi ausente es el del pasivo laboral. El plan lo ignora y pospone su solución, señalando solamente que podrá reservarse a partir del 2022, cuando podría comenzarse a fondear con el balance financiero positivo que se anticipa a partir de ese año, además de otras cosas como la creación de reservas para caídas en el precio del petróleo y “financiamiento de los programas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del país”.

Claramente, uno de los problemas de Pemex a través de los años, es la falta de un esquema de gobierno eficiente, con los incentivos adecuados para que las decisiones corporativas imiten de manera adecuada los incentivos y responsabilidades naturales de las empresas privadas1/ -sobre todo aquellas que al cotizar en bolsa están sujetos a diversas disciplinas que protegen a los inversionistas dueños de las acciones-. En una empresa estatal los “dueños” son los ciudadanos y hay maneras de hacer responsable a la administración ante ellos, proveyendo así los incentivos adecuados para el manejo responsable de la entidad. Aunque en el pasado se ha intentado que Pemex cuente con esos esquemas, mediante un consejo más independiente, la verdad es que no se ha tenido éxito. Una y otra vez el proceso de adopción de dichas practicas se ha politizado y lo ha hecho fracasar. Eso, por cierto, de ninguna manera exime a la presente administración. Actualmente, los consejeros por parte del gobierno en su mayoría no tienen el incentivo de velar por la rentabilidad de largo plazo de la empresa y los consejeros independientes (que hay solo tres y dos vacantes) parecen haber sido elegidos más por preferencias políticas que por su experiencia y conocimientos sustantivos de la industria y el mercado global de hidrocarburos.

El plan de negocios anunciado no enfrenta desafíos como los anteriores, entre otros, pero si compromete recursos fiscales significativos al rescate de la empresa, aunque sea sólo por los próximos tres años, principalmente durante los siguientes dos.

Notablemente, como se verá adelante, el plan no incluye participación de la inversión privada salvo mediante los contratos de servicios integrados de exploración y extracción (CSIEEs), que son contratos en los que Pemex se queda con la mayor parte del riesgo y los privados son contratistas sin incentivos suficientes para la exploración y el desarrollo. Como se señaló antes, no hay asociaciones en la cadena downstream, pero quizá más importante, no se contemplan proyectos de aguas profundas, donde el riesgo se compartiría con empresas privadas que sí disponen de la tecnología adecuada, mediante esquemas como los denominados “farmouts” como los que licitaron en rondas anteriores bajo el esquema de la reforma energética. Estos involucrarían elevadas sumas de inversión y por ese lado impactos inmediatos en la actividad económica. Por cierto, dichos proyectos incluyen tasas impositivas importantes con deducciones en los periodos de inversión-exploración pero con contribuciones fiscales muy atractivas durante la explotación.

Otra deficiencia del plan es la exclusión de los esquemas de fracturación hidráulica para explotación de petróleo y gas. Ello reduciría la dependencia de EEUU en materia energética sobre una base de rentabilidad en la explotación doméstica. Se podría hacer bajo farmouts o licitaciones vía la CNH, la explotación sería más rápida que en el mar y se generaría empleos y actividad de forma inmediata.

IMPLICACIONES PARA FINANZAS PÚBLICAS 

Los recursos que el gobierno piensa reasignar desde las finanzas federales hacia Pemex son cuantiosos: 111 mil millones de pesos (mmp) en 2020 (66 mmp en aportaciones al capital y 45 en reducción de impuestos), 121 mmp en 2021 (38 mmp en aportaciones y 83 en menores impuestos) y 37 mmp de aportación en 2022. Eso equivale a aproximadamente a 5.8 miles de millones de dólares (mmd) en 2020, 6.4 mmd en 2021 y 1.9 mmd en 2022. Un total de unos 14.1 mmd en los tres años.

Para mantener las finanzas públicas saludables, conservando el superávit primario de 1% del PIB programado para este año -aun cuando el primario planeado para 2020 es de 1.3%- el gobierno federal deberá compensar esos recursos que ahora se irán a Pemex, mediante mayores ingresos o menor gasto en otras áreas. El gobierno ha expresado que el costo de los recursos dirigidos a Pemex (vía inyecciones de capital y alivio de la carga fiscal) serán compensados por ahorros derivados de la ley de austeridad que fue devuelta por el senado a la cámara de diputados -donde se originó- con un par de observaciones (véase Análisis Económico Ejecutivo del pasado viernes 12 de julio) y por mayor recaudación fiscal.

Pero la verdad es que se ve muy difícil que la compensación por esas vías sea muy significativa, sobre todo si se considera que hay otras caídas de ingresos que de hecho ya hay que compensar. La estimación de gasto neto total como porcentaje del PIB para 2019, contemplada en el documento de precriterios para 2020, ya incluye una reducción de 0.5 puntos porcentuales del PIB respecto al gasto aprobado en el PEF de este año. Además, dado que el crecimiento de este año seguramente será menor al anticipado en los precriterios, la reducción en el gasto deberá ser mayor -de aproximadamente 0.64% del PIB suponiendo que finalmente la economía crecerá 1% en 2019-.

Para el año que entra, las perspectivas no apuntan a un crecimiento mucho mayor que el actual y sin embargo habrá que traspasar a Pemex recursos por alrededor de otro 0.4% o 0.5% del producto. O sea que, para mantener el superávit primario actual -ya no el planeado-, habrá que contraer el gasto en adicionalmente en 0.4 puntos porcentuales del producto. Si eso se hace, en el 2020 el gasto público federal neto total tendría que ser equivalente al 22.2% del PIB, un punto porcentual menor al programado para este año, 1.5 puntos menor al del 2018 y 4.3 puntos menores al observado en 2016. Y habría que mantener esa situación en el 2021 de acuerdo al plan de trabajo de Pemex.

Aun considerando que el gasto haya sido excesivo en el 2016, su contracción ha sido muy fuerte, sobre todo cuando se considera que no ha habido una reducción en la estructura de las finanzas públicas.

Independientemente de que un ajuste al gasto del sector público como el que se describe sea posible o deseable o no, dados los síntomas de daño por la astringencia presupuestal observados recientemente, no parece recomendable y es más bien riesgoso imponer una presión adicional a las mismas para rescatar a Pemex, cuando puede evitarse mediante una participación del capital privado en la producción petrolera y liberar recursos presupuestales para cumplir con los programas y proyectos de inversión pública que requiere el país.

¿ES EL PLAN SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS?

Puede decirse que la decisión del gobierno de inyectar recursos a Pemex y reducir su carga fiscal ha sido en principio bienvenida. No obstante, La mayoría de analistas ha expresado dudas acerca de la suficiencia del plan para corregir el rumbo de Pemex de manera durable -en el mediano y largo plazos- y poner a la empresa en una trayectoria de rentabilidad y sostenibilidad financiera. Las estimaciones de la necesidad de recursos para elevar la producción y las reservas petroleras se sitúan en alrededor de 15 mmd anuales por varios años. Cifra muy superior a los 14,118 md para los próximos tres años contemplados en el plan.

Las medidas anunciadas probablemente contribuirán a estabilizar la producción, pero no a elevarla sustancialmente como pretende el plan. Para ello, bajo el enfoque del plan anunciado, se requeriría un apoyo mayor y más duradero, que exigiría recursos con los que el gobierno no cuenta. Por lo tanto, es necesario poner en marcha un plan para atraer inversión privada de manera más agresiva. En este contexto, la estrategia de farmouts, iniciada en años recientes es la adecuada. Además de proveer el financiamiento necesario, la apertura a la inversión privada abriría la oportunidad de adoptar tecnología moderna que es utilizada por las empresas más avanzadas a nivel global. El esquema podría abrirse a proyectos de aguas someras y profundas, campos maduros terrestres y a proyectos de fracturación hidráulica. Con esta estrategia el país y Pemex se beneficiarían de la diversificación del riesgo exploratorio y de elevados niveles de inversión, ya que se extendería a aguas profundas. Además, la inversión privada tendría un efecto inmediato de demanda agregada y crecimiento.

MÉXICO

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, correspondiente a junio del 2019, el 73.9% de la población de 18 años y más residente en 70 ciudades, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Llama la atención que este porcentaje es menor tanto al de marzo pasado como al de junio del 2018, sobre todo cuando la percepción sobre los niveles de delincuencia son históricamente altos. Las ciudades en donde el mayor porcentaje de personas mayores de 18 consideran inseguro vivir fueron Ecatepec de Morelos (97.4%), Coatzacoalcos (94.3%) Naucalpan de Juárez (94%), Villahermosa (92.4%) y Tapachula (92.3%). Por el contrario, las ciudades donde la población se siente más segura fueron San Pedro Garza García (18.9%) y Mérida (30.2%). En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 82.1% de la población consideró los cajeros automáticos localizados en la vía pública los lugares más inseguros.

De acuerdo con el reporte mensual del INEGI, durante mayo el personal ocupado en la industria manufacturera aumentó en 0.3% respecto al mes previo. Este resultado reflejó el aumento del empleo en 13 de las 21 ramas manufactureras que integran el indicador general, sobresaliendo el incremento mensual de 0.9% en la industria de la madera, el avance de 0.8% en la de impresión e industrias conexas y el alza de 0.7% en la fabricación de muebles, colchones y persianas. De esta manera, el personal ocupado resultó 1.3% mayor respecto a mayo del 2018.

ESTADOS UNIDOS 

El Departamento de Comercio informó que durante junio las ventas al menudeo reportaron un avance de 0.4%, porcentaje similar al del mes previo, pero superior al 0.2% que anticipaba el mercado. El mayor incremento en las ventas al menudo se reportó en las ventas minoristas sin establecimiento, que se elevaron 1.7% en el mes, seguidas de los servicios de comida y lugares para beber donde se elevaron 0.9%. Las ventas de vehículos aumentaron 0.7% por segundo mes consecutivo. Por el contario, las ventas de estaciones de gasolina disminuyeron 2.8%. Respecto a junio del año pasado, las ventas al menudeo aumentaron 3.4%.

La Reserva Federal señaló que durante junio la actividad industrial se mantuvo sin cambio, lo que contrasta con la expectativa del mercado que anticipaba un avance de 0.2%. Este comportamiento respondió principalmente a la disminución mensual de 3.6% en la producción de servicios, toda vez que la actividad manufacturera se incrementó en 0.4% y la minería creció 0.2%. Respecto a junio del 2018, la producción industrial reportó un avance de 1.3%

De acuerdo con el reporte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en junio se inició la construcción de 1.253 millones de viviendas nuevas, cifra que resultó 0.9% inferior a la del mes previo y estuvo por debajo de los 1.270 millones que anticipaba el mercado. En el caso de los permisos de construcción, en junio se autorizaron 1.220 millones, lo que significó una disminución de 6.1% respecto al mes previo. El mercado anticipaba 1.300 millones de permisos.

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.
www.ceesp.org.mx

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