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CEESP: Panorama General

CEESP: Panorama General
junio 24
2019

Por años el CEESP ha insistido en incrementar la inversión, tanto pública como privada, a fin de impulsar un mayor crecimiento de la economía. Un requisito indispensable es contar con la infraestructura suficiente y e calidad que estimule la actividad productiva del país, lo cual es responsabilidad del sector público.

Disponer de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles de calidad, un sector energético eficiente y confiable, así como de obras como presas, canales de irrigación y servicios de agua y drenaje, es sin duda necesario para la eficiencia y productividad de las empresas. Una buena infraestructura reduce los costos de producción, haciendo más competitivo al aparato productivo y beneficiando a los hogares.

Las bondades de la inversión pública con rentabilidad social en el mediano y largo plazos son enormes y se reflejan en el bienestar para la población en general y complementan y detonan la inversión privada, que es la principal fuente de generación de empleos de calidad.

Sin embargo, por ahora la mayor parte del presupuesto del Gobierno Federal se destina a gasto social, y la menor parte a la inversión. Ello inevitablemente inhibe tarde o temprano el crecimiento de la economía. El fenómeno no es nuevo, como porcentaje del PIB, la inversión pública pasó de un pico reciente de 6% en 2009 a 2.8% en 2018. Para este año se prevé que su comportamiento siga a la baja al proyectar un porcentaje de 2.7%. Esta tendencia representa una incidencia negativa continuada en el crecimiento del PIB.

Convencidos de la necesidad de mayor inversión y del potencial de crecimiento de México, el pasado 13 de junio, el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron el Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente. La intención es, además de lograr que la inversión represente el 25% del PIB (20% privada y 5% pública), canalizarla de la manera más eficiente hacia proyectos con una elevada rentabilidad social y económica, y que estimulen la competitividad del país.

Evidentemente debe existir un ambiente que incentive la inversión, por lo que se pondrá atención en elementos como: reglas y mensajes claros y propósitos de representantes empresariales y del sector público que generen confianza y estabilidad para invertir; estado de derecho fuerte y eficaz; estabilidad macroeconómica; y compromiso para resolver, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión.

En el acuerdo, el sector privado se compromete a colaborar para que las acciones que instrumente el sector público para dar confianza a la inversión permitan elevar de 17.5% a 20% del PIB la inversión privada en los siguientes dos años, además de colaborar y participar en proyectos públicos que permitan aumentar de 2.8% a 5.0% del PIB la inversión pública, colaboración que podrá ser a través de diseño, financiamiento, construcción, desarrollo y mantenimiento de los proyectos de inversión.

Conviene profundizar en algunos puntos adicionales para generar incentivos a fin de que la inversión privada efectivamente se eleve de manera tan importante como lo señala el acuerdo. Destaca desde luego la posibilidad de inversión privada en el sector energético, tanto en exploración y explotación de hidrocarburos como en generación eléctrica de todos los tipos, lo que no significa restarle representatividad al sector público en esta importante actividad.

También es relevante la participación de la inversión privada nacional y extranjera en infraestructura de transporte y otras áreas de carácter social como educación, salud y agua y saneamiento, así como en diversas acciones para el desarrollo del sur-sureste.

En general, es indispensable reducir los elevados costos de operación para las empresas (al igual que para los individuos) en la economía, como son los de la inseguridad pública, de transporte, de la regulación excesiva y de la extorsión por parte de autoridades y mafias.

El acuerdo signado por el gobierno y el empresariado reconoce implícitamente la importancia de la confianza para el florecimiento de la inversión privada y las decisiones de consumo de los hogares. En este sentido, los cambios de mensajes generan confusión e inhiben la inversión. Por ello, es necesario evitar incidentes como el anuncio, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la cancelación de la nueva licitación programada para octubre, mediante la que PEMEX buscaría nuevos socios, el mismo día en que se firmó el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente.

El acuerdo entre el Gobierno Federal y el CCE para promover la inversión y el desarrollo incluyente hace hincapié en la necesidad de elevar la inversión pública a 5% del producto y abre la posibilidad de colaboración del sector privado para lograrlo. En este sentido conviene subrayar un par de consideraciones.

En primer lugar, es necesario que los proyectos de inversión pública cuenten con una evaluación de costo beneficio ex ante que muestre que tienen rentabilidad social para que puedan ser incluidos en el presupuesto federal. Ello es un mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es una práctica necesaria para evitar el desperdicio de recursos del estado en proyectos que no generen un valor presente neto en términos sociales. Cabe aclarar que esto último se refiere a que la rentabilidad social, a diferencia de la privada, toma en cuenta los impactos indirectos de los proyectos en áreas de interés público, como el medio ambiente, por ejemplo -las llamadas externalidades en la jerga económica-.

Segundo, para la colaboración del sector privado en proyectos públicos -asociaciones público privadas o APP-, es necesario que los riesgos se asignen justa y correctamente entre los sectores privado y público. Conviene subrayar este aspecto ya que en México y en el mundo hay muchos casos en los que el sector público, y finalmente el contribuyente, han terminado adoptando riesgos en exceso, lo que a su vez deriva al final en mayores costos, en proyectos en los que la participación privada más bien ha disfrutado de los beneficios.

MÉXICO

Los resultados de la oferta y demanda del primer trimestre del año resaltan que el mayor impulso al crecimiento de 0.1% anual del PIB provino de los incrementos de 0.2% en el consumo privado y de 1.0% en las exportaciones de bienes y servicios, que compensaron el efecto de la caída de 1.3% en el consumo de gobierno y de 3.2% en la inversión fija bruta. En esta última vale la pena resaltar que si bien la inversión pública se ha venido debilitando de manera importante, de tal forma que en el primer trimestre se contrajo a una tasa anual de 11.1%, la inversión privada disminuyó 2.1%, acumulando dos trimestres consecutivos con variaciones negativas.

Cifras del INEGI indican que en abril el personal ocupado de la industria manufacturera disminuyó 0.3% respecto al mes previo, lo que representó su segunda baja consecutiva. A pesar de este comportamiento la comparación anual de la nómina manufacturera mantuvo cifras positivas al mostrar un avance de1.1%, aunque es evidente su tendencia a la baja. Por su parte, las horas hombre trabajadas aumentaron 0.2% en el mes y 1.2% en términos anuales, en tanto que las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.2% en el mes, aunque respecto al abril del año pasado se elevaron 1.6%.

El boletín sobre los indicadores de las empresas constructoras, señala que en abril el valor de la producción de este sector tuvo un repunte mensual de 0.2%, después de dos meses consecutivos a la baja. Este resultado provino principalmente del impulso generado por el aumento de 0.5% en el valor de la producción del subsector de edificación, debido a su mayor participación relativa. Otros subsectores con resultados positivos en el mes fueron los de Petróleo y petroquímica y Agua, riego y saneamiento, que en ambos casos tuvieron un avance de 2.4%. El de Transporte y urbanización creció 0.5%. No obstante, respecto al mismo mes del año pasado, el valor de la producción de las empresas constructoras se contrajo 5.3%, acumulado diez meses consecutivos con cifras negativas.

ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano informó que, a tasa anual ajustada estacionalmente, durante mayo se inició la construcción de 1.269 millones de viviendas, cifra que si bien fue ligeramente superior a la estimada por el mercado (1.240 millones), resultó 0.9% menor a la del mes previo, cuando se inició la construcción de 1.281 millones de viviendas. Por zona geográfica, a excepción del sur, donde el inicio de casas creció 11.2% en el mes, en el resto de zonas se reportaron cifras negativas. En el noreste se reportó una baja de 45.5%, en el medio oeste una de 8.0% y en el oeste una de 2.4%. Por su pare, el número de permisos de construcción ascendió a 1.294 millones, 0.3% más que el mes previo y prácticamente igual que la estimación del mercado (1.295 millones). Por zona geográfica, en el sur aumentó en 6.8% la solicitud de permisos de construcción, en tanto que en el sur se elevó 1.8%. Por el contario en el noreste cayeron 24.6% y en el medio oeste 4.8%.

El reporte de la National Association of Realtors señala que, de acuerdo con cifras ajustadas, durante mayo la venta de casas existentes aumentó 2.5% al sumar 5.34 millones de unidades, cifra que superó ligeramente los 5.30 millones que anticipaba el mercado. En mayo, la venta de vivienda usada creció en todas la zonas geográficas del país, resaltando el noreste donde se observó un incremento de 4.7%. Le siguió el medio oeste con una avance de 3.4% y el sur y el oeste con aumentos de 1.8% en ambos casos. El precio promedio de la vivienda existente aumentó a una tasa anual 4.8%, al ubicarse en 277,700 dólares.

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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.
www.ceesp.org.mx

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