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CEESP: Finanzas públicas sanas para reducir la pobreza

CEESP: Finanzas públicas sanas para reducir la pobreza
abril 24
07:47 2017

Recientemente el CONEVAL dio a conocer su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 en el que en general se reportan resultados favorables en relación con los indicadores de pobreza en el país, al menos hasta el cierre del 2016.

Hay que recordar que debido a que los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015) que dio a conocer el INEGI en julio del 2016 no fueron metodológicamente comparables con reportes anteriores, específicamente en el tema del ingreso, CONEVAL cuenta con información homogénea solo hasta el 2014, en la cual se aprecia que el porcentaje de pobreza en el país se ubicó en 46.2%, cifra que supera el 45.5% reportado en 2012, lo que significó un aumento de dos millones de personas en niveles de pobreza.

No obstante, con base en estadísticas parciales más actualizadas, CONEVAL tiene la posibilidad de informar sobre la evolución de algunos de los componentes de la pobreza multidimensional y con ello dar una idea de su comportamiento más reciente.

El ingreso es un elemento fundamental en la medición de la pobreza, toda vez que los cambios en este redundan en un mejoramiento o en un deterioro de las condiciones de los hogares. Es por ello que el monitoreo de este indicador es tan relevante. De acuerdo con la información del documento del CONEVAL, entre el tercer trimestre del 2014 y el mismo del 2016 el ingreso laboral medido en términos de su poder adquisitivo en relación con la canasta alimentaria tuvo una ganancia de 6.8%, en tanto que el porcentaje de la población que no tenía la capacidad de adquirir la canasta alimentaria mediante su ingreso laboral se redujo 6.5%. Esto respondió en buena medida a que en el periodo referido, el ritmo de crecimiento de la inflación mantuvo una tendencia descendente, lo que tuvo un efecto directo positivo en la capacidad de compra de los hogares. Hay que recordar que la mejora del poder adquisitivo contribuye a disminuir los niveles de pobreza.

Aunado al espacio de bienestar económico, en el que es fundamental la disponibilidad de recursos económicos de las familias, está el espacio de derechos sociales que incorpora indicadores que consideran la pobreza no solo como la falta de ingreso, sino como la de un mínimo de acceso a los derechos sociales. “En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del sexenio 2013-2018, la meta denominada México Incluyente incorpora dos indicadores de la medición de pobreza para monitorear el avance en el ejercicio de los derechos sociales, estos son: I. Carencias promedio de la población en pobreza extrema y II. Población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación”.

En este entorno, los indicadores de carencias sociales muestran un comportamiento favorable entre 2010 y 2015, en especial el que se refiere a la carencia por acceso a los servicios de salud, toda vez que muestra que mientras que en el 2010 el 29.2% de la población no contaba con acceso a servicios de salud, el porcentaje en 2015 se redujo a 16.9%, respondiendo en buena medida al proceso de formalización que ha llevado a cabo el gobierno federal.

No hay duda de que todos los indicadores relacionados con la medición de la pobreza han contribuido de manera importante en el diseño e instrumentación de la política de desarrollo social, pero también hacen evidente la necesidad de mayores esfuerzos si consideramos que los niveles de pobreza y de carencias en el país aún son elevados.

Aunado a esto, las condiciones que beneficiaron la evolución de los indicadores de pobreza en los últimos años parecen haber tenido un punto de inflexión en el último trimestre del 2016, toda vez que en ese lapso el tipo de cambio mostró presiones importantes que lo llevaron a tocar niveles superiores a los 20 pesos por dólar, lo que comenzó a incidir en la evolución de los precios al consumidor, indicador que es fundamental en el comportamiento del poder adquisitivo.

Si bien hasta ese momento las presiones fueron modestas, a pesar de que la inflación comenzó a repuntar en junio del año pasado, el fuerte ajuste de los precios de la gasolina a principios del 2017, y el constante debilitamiento del tipo de cambio que llegó a niveles cercanos a los 22 pesos por dólar, ya han comenzado impactar la evolución de los precios al consumidor, que en marzo reportaron una tasa anual de 5.35%, la más alta desde julio del 2009.

Aunque el tipo de cambio se ha revaluado notoriamente en los últimos meses, los precios siguen en ascenso, de tal manera que las expectativas para el cierre del 2017 anticipan una inflación cercana al 6%. Sin duda esto deberá tener una incidencia negativa en la medición de la pobreza.

El poder adquisitivo de las familias, que es un determinante de los niveles de pobreza, depende de la evolución de los precios. Hasta ahora el Banco de México ha realizado esfuerzos importantes para evitar mayores presiones, pero es evidente que la dinámica esperada para los próximos meses anticipa un impacto en el salario real de los trabajadores.

El debilitamiento del tipo de cambio ha sido parte importante del origen del repunte reciente de los precios en la economía. La mejor manera de enfrentar este problema es evitar que la deuda siga aumentando como proporción del PIB, lo que implica seguir haciendo esfuerzos en materia de reducción del gasto y del fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes.

Si bien es cierto que el tipo de cambio ha respondido a presiones del exterior, especialmente las que se dieron durante el proceso electoral de los Estados Unidos, cuando la paridad del peso pasó de cerca de los 19 pesos por dólar a los casi 22 pesos, el deterioro del tipo de cambio de los 14 pesos que rondaba a principios del 2015 a los 19 pesos a principios del 2016, tuvo su origen principal en el aumento de la deuda pública.

El saneamiento de las finanzas públicas es fundamental para fortalecer la estabilidad macroeconómica y estimular el crecimiento, lo que se convierte en un beneficio directo para el bienestar de los hogares.

MÉXICO

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI, durante marzo la tasa de desocupación se ubicó en 3.5%, mismo porcentaje que el mes previo, pero seis décimas por debajo del porcentaje reportado en igual mes del año pasado. Por su parte, la subocupación representó 7.2% de la población ocupada, nivel inferior al 7.9% del año pasado. La tasa de informalidad laboral, fue de 56.9%, también menor a la de marzo del 2016, aunque la tasa del sector informal se comportó de manera contraria al mostrar un aumento de seis décimas de punto para ubicarse en 27.2%.

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A pesar del reducido ritmo de avance de la actividad económica, y la modesta expectativa de crecimiento para el presente y el siguiente año, la ocupación ha mantenido resultados relativamente buenos. En el caso del sector manufacturero, las cifras indican que durante febrero el personal ocupado aumentó a una tasa mensual de 0.5%, con lo que acumuló 21 meses consecutivos con cifras positivas. Esto permitió que en términos anuales la plantilla laboral del sector manufacturero creciera 3.6%, con lo que mantiene variaciones positivas desde febrero del 2010.

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Por su parte, las empresas constructoras del país reportaron un aumento mensual de 2.2% en sus niveles de ocupación, lo que además de representar un repunte después de la caída de 2.4% que tuvo un mes antes, fue el mayor avance desde abril del 2014. No obstante, esto no fue suficiente para compensar el deterioro anual que mantiene este sector en materia de ocupación, toda vez que la variación porcentual respecto a febrero del año pasado reportó una caída de 1.3%, con lo que acumuló 23 meses consecutivos con variaciones negativas.

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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

www.ceesp.org.mx

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