Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación tienen el propósito de evitar la evasión de impuestos de los contribuyentes, la informalidad y el fraude.

  En nuestro país, desde hace muchos años, se ha reconocido la debilidad de los ingresos públicos a través de la recaudación de las contribuciones, esta situación se ha compensado de forma común con recursos generados por la explotación del petróleo.

La actual administración federal se ha distinguido por promover importantes reformas a las que México ha llegado tarde en el contexto de otras naciones con condiciones económicas similares. Ese retraso de años, se explica básicamente por la falta de acuerdos políticos derivados de la toma de posturas determinantes e intransitables de las distintas corrientes políticas que en sus posiciones de gobierno u oposición alternada, habían procurado bloquear las iniciativas del Ejecutivo en turno.

Sin embargo, a pesar de ello, desde el inicio de este Gobierno Federal, se atraviesa por un tiempo reformador. Ha sido evidente la toma de acuerdos de las tres más importantes fuerzas políticas con reformas constitucionales, primero, en materia de educación, de telecomunicaciones, ambas, aprobadas prácticamente como un consenso entre los principales actores políticos.

El paso de los meses fue marcando también las diferencias en los planteamientos de las reformas pendientes; cuando en la segunda parte del año se requería abordar las reformas en materia hacendaria, política y de energía, volvieron a surgir las posturas irreconciliables entre los partidos, y fue necesario, en el caso de la reforma hacendaria, conceder modificaciones a lo que era el plan original del Ejecutivo. Estas centraron la reforma en disposiciones fiscales que tendieron a robustecer los impuestos directos, específicamente el Impuesto Sobre la Renta (ISR), incorporándole efectos de abrogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y las medidas de fiscalización; en lugar de generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a tasas menores, como ha sido la tendencia mundial, así como aumentando los impuestos especiales a una canasta de productos con alto contenido calórico.

CAMBIOS AL CFF

Si bien es cierto que durante las discusiones en las Cámaras el debate se centró en aspectos relativos, en primera instancia al IVA y al ISR, la realidad ha mostrado que los aspectos reformados al Código Fiscal de la Federación (CFF) no son cosa menor, y se traducen en importantes medios para incrementar la fiscalización, fortaleciendo las facultades de la autoridad a través de implementar, por ejemplo, importantes innovaciones tecnológicas en sus plataformas de información.

Es indudable que esta reforma al CFF tiene un ánimo eminentemente recaudatorio, pues disminuye plazos que estaban en favor del contribuyente, amplía conceptos para fiscalización, determina nuevos tipos de infracciones a las disposiciones fiscales y sus correspondientes sanciones, y otorga mayores facultades a la autoridad fiscal. En materia de simplificación, las reformas al CFF proponen introducir mecanismos de operación simplificados que estimulen la formalidad. Otorga facilidades tecnológicas para realizar una mayor cantidad de operaciones por medio de internet y crea la figura del Buzón Tributario, que se convierte en un medio ágil y económico de notificación. De igual forma, se amplían las facultades de la autoridad fiscal para poder realizar revisiones electrónicas.

[blockquote style=”1″]En la actualidad para hacer operaciones fiscales a través de los comprobantes digitales, es necesario el uso de un Certificado de Sello Digital Vigente[/blockquote]

Con relación a estos puntos, busca reconocer como no realizados actos que carecen de razón de negocios y por lo tanto las consecuencias que generaron no fueron gravadas debiendo serlo, de tal forma que se modifican diversos tipos de infracciones, sus correspondientes sanciones. Lo mismo sucede con descripciones de delitos y sus correspondientes sanciones privativas de la libertad. Aparece una ampliación del concepto de domicilio fiscal a aquel que se manifieste al abrir una cuenta bancaria y se establece la obligación a cargo de las instituciones financieras de proporcionar información sobre sus cuentahabientes, y a este último de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que se traduce en medidas que procuran combatir la informalidad.

En la actualidad, para hacer operaciones fiscales a través de los comprobantes digitales, es necesario el uso de un Certificado de Sello Digital Vigente. Si se trata de contribuyentes defraudadores, se faculta a la autoridad fiscal a cancelar ese certificado. Dentro de estos conceptos tecnológicos se adecua el de contabilidad, que será accesible a través del uso de la comprobación digital y que deberá reportarse a la autoridad fiscal por medio de una plataforma, sin costo para el contribuyente.

Se realizan adecuaciones al CFF con la finalidad de obligar a los contribuyentes que deseen contratar con el Estado a mantenerse al corriente de sus disposiciones fiscales.

Con relación a las medidas de apremio como la congelación de cuentas bancarias, con la finalidad de alinear esa medida de apremio al criterio expresado por los tribunales, se definen los supuestos en que habrá de incurrir el contribuyente para que la autoridad pueda aplicarla. Otra modificación fundamental está representada por el conjunto de medidas tendientes a combatir el tráfico de comprobantes fiscales, que se convirtió en una práctica con un muy elevado nivel de sofisticación, pero que se originaba en un cúmulo de operaciones inexistentes. De igual forma se procura por agilizar los plazos tratándose del recurso administrativo disminuyendo el lapso de tiempo para su interposición, que pasa de 45 a 30 días; lo mismo sucede con diversas etapas del procedimiento administrativo de ejecución.

Indudablemente la reforma materializada al CFF contiene una serie de medidas que tienden a hacer más estricto el marco legal de la relación tributaria, en ese sentido, es lamentable que muchas de esas medidas sean producto de vicios, de prácticas ilegítimas realizadas por contribuyentes con la finalidad de obtener un beneficio indebido.

Se busca obligar a cumplir al contribuyente, pero sin que lleguen a convertirse en una justificación para estar en contra de la necesaria calidad de contribuir; para el Gobierno quedan asignaturas pendientes como mayor transparencia, eficiencia en el gasto público, supresión de partidas suntuosas, adelgazamiento de sus aparatos burocráticos, disminución del número de diputados en el Congreso Federal, reducción de los costos electorales, promover la eficiencia en general en el ejercicio del gasto público, por citar algunas.

C.P. Héctor Torres Sánchez

Integrante de la Comisión de Docencia del Colegio y Profesor de la EBC Tlalnepantla

h.torres@ebc.edu.mx

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