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Buzón tributario: El fisco se moderniza

Buzón tributario: El fisco se moderniza
enero 31
14:13 2014

Por Lic. Pablo Javier Corvera Caraza

Integrante de la Comisión Fiscal del Colegio

pcorvera@chevez.com.mx

Como un nuevo medio de comunicación entre el fisco y el contribuyente, el buzón tributario y las revisiones electrónicas entrarán en vigor en 2015; sin embargo hay que revisar a detalle el mecanismo y sus implicaciones.

El martes 29 de octubre pasado se aprobaron en la Cámara de Diputados diversas reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), ordenándose su remisión a fin de que el Ejecutivo Federal proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su observancia y vigencia.

Estas reformas implican una serie de medidas a través de las cuales se pretende que las autoridades fiscales cuenten con mecanismos adicionales que tendrán un impacto muy importante en la actividad de fiscalización como la conocemos hoy en día.

El objeto del artículo no será analizar la totalidad de las facultades con que contarán las autoridades, sino simplemente un par de nuevas medidas y obligaciones que impactarán en forma trascendente la actuación y comunicación entre estas y los contribuyentes, principalmente relacionadas con requerimientos, auditorías o incluso liquidaciones de impuestos a través de medios electrónicos, a saber, el buzón tributario y la revisión electrónica.

Buzón Tributario

Como mecanismo de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, se incorpora una nueva disposición al CFF, que dará vida al denominado buzón tributario, que no es sino un sistema de comunicación electrónica entre el fisco y el particular.

Las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón tributario, al cual podrán acceder a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicho buzón será el medio que podrán utilizar las autoridades para la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que se emita en documentos digitales, incluyendo aquellos que puedan ser recurridos, así como la forma en que los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes o avisos, o bien, darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad.

Respecto a su operación, se prevé la obligación a cargo de los contribuyentes de ingresar para notificarse de los actos y trámites de la autoridad, durante los tres días siguientes a la recepción de un aviso electrónico, que será enviado por la autoridad fiscal a través del medio elegido por el contribuyente entre los que la autoridad dé a conocer mediante reglas de carácter general.

En caso de ingresar al buzón, el sistema automáticamente generará el acuse correspondiente en el cual constará la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento. En caso de no ingresar al buzón dentro de los tres días hábiles después de que recibió el aviso electrónico, la notificación se entenderá efectuada al día siguiente en que venció el plazo de los tres días.

Por otra parte, se establece un tipo delictivo por modificar, destruir o provocar la pérdida de la información del buzón tributario, así como por ingresar a este de forma no autorizada. Mediante disposiciones transitorias se prevé que la notificación de actos o resoluciones será aplicable a las personas morales a partir del 30 de junio de 2014 y a las personas físicas a partir del primero de enero de 2015.

Las personas físicas y morales inscritas en el RFC tendrán asignado un buzón tributario, al cual podrán acceder a través de la página del SAT

Revisiones electrónicas

Con la reforma se establece un procedimiento de fiscalización novedoso, que se prevé será efectuado a través de medios electrónicos. Por medio de este mecanismo, la autoridad fiscal podrá notificar, requerir y recibir documentación del contribuyente, responsable solidario o tercero, así como emitir la resolución determinante de un crédito fiscal, utilizando el buzón tributario.

Se prevé que la revisión electrónica iniciará con base en información y documentación que obre en poder de la autoridad, dándole a conocer al contribuyente los hechos que deriven en las supuestas irregularidades a través de una resolución provisional que, en su caso, contenga la preliquidación de diferencias a cargo del particular.

A través de la resolución provisional se podrá requerir al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga a fin de desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las supuestas omisiones, con la posibilidad incluso de ofrecerse pruebas.

Si el contribuyente acepta la preliquidación de la autoridad, deberá cubrir las contribuciones o aprovechamientos omitidos junto con los correspondientes accesorios y gozará del beneficio de pagar una multa reducida equivalente a 20% de las contribuciones omitidas. Sin embargo, si declina y ofrece pruebas, la autoridad fiscal podrá efectuar un segundo requerimiento dentro del plazo de 10 días siguientes a aquel en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de 10 días siguientes contados a partir de la notificación del segundo requerimiento de la autoridad.

Obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución, a no ser que se ofrezcan pruebas periciales, en cuyo caso se suspenderá dicho plazo, en tanto se desahoguen las mismas. Si el contribuyente no desvirtúa lo señalado, la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades determinadas se podrán hacer efectivas, además perderá el derecho para hacer valer lo que convenga al contribuyente.

Problemática

Una vez cumplida la fecha según se trate de personas morales o físicas, operará el denominado buzón tributario y con ello se abre la posibilidad para las autoridades fiscales de iniciar “revisiones electrónicas” a los contribuyentes.

Es cuestionable si las personas físicas con actividad empresarial o las pequeñas y medianas empresas se encuentran lo suficientemente preparadas para este tipo de cargas administrativas y fiscales adicionales, máxime por las repercusiones que pueden generar estos procedimientos a través de medios electrónicos.

Además, si bien es cierto que pudiera ser atractivo para algunos que se establezca de forma legal el uso de los medios electrónicos, cuando entre en vigor, es un hecho conocido la falla en los sistemas con que cuenta la autoridad, así como las deficiencias en los medios electrónicos de comunicación que operan en nuestro país.

Por otra parte, la forma en que se encuentra redactada la disposición, que prevé la pérdida del derecho para desvirtuar lo señalado por la autoridad en las revisiones electrónicas, muy seguramente se prestará a abusos, que tendrán que ser resueltos a través de las instancias litigiosas correspondientes, como el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, con la complicación que conlleva. Lo anterior, considerando los criterios restrictivos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a pruebas requeridas no aportadas durante la fase administrativa que podrían ser aplicados al presente caso.

Dada la trascendencia de la implementación de estas figuras a través de medios electrónicos, sería deseable mayor difusión, otorgar un plazo mayor para su implementación, a fin de reconocer las deficiencias tecnológicas que tiene nuestro país, y que de esta forma se busque privilegiar en todo momento la seguridad jurídica de los contribuyentes.

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