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Auditoría forense, fiscalización en un México fracturado

diciembre 01
08:00 2018

Para hacer frente a la corrupción y a la impunidad que imperan en el país, es de suma importancia que los contadores transmitan
las buenas prácticas, su experiencia y su conocimiento

En la última década, México ha sido escenario de eventos muy significativos: desde la declaración de guerra al narcotráfico por parte del gobierno panista y el triunfo del nuevo PRI en el proceso electoral del 1 de julio de 2012 —después de 70 años de comprobar la misma fórmula de gobernar—, hasta los sismos de 2017 que causaron pérdidas materiales en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México, que no solo pusieron a prueba el Reglamento de Construcciones en la capital, sino también la entereza de los mexicanos al enfrentar desastres de tal magnitud.

Se ha pasado del enfado de enterarse de que quieren a los mexicanos detrás de un muro, a la satisfacción de ver cómo otros países reconocen el Día de muertos como lo que siempre ha sido, una tradición mexicana prehispánica llena de significado que honra a los familiares que ya no están; y también por la incredulidad, al identificar a tantos connacionales en el Mundial de Rusia (¿de dónde sacaron dinero para ir?, con los índices de pobreza y disminución en el poder adquisitivo). No hay que olvidar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y el triunfo en las urnas de un candidato que logró convencer a un pueblo cansado de corrupción e impunidad. Todo esto, en un ambiente desafortunado en el que se incrementa la inseguridad en diversos puntos de la República Mexicana. De ahí que muchos esperan que la nueva administración de gobierno haga la diferencia, que disminuya, e incluso acabe, con el mal manejo de los recursos públicos, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, por nombrar los problemas que se han agudizado.

Cierto es que México atraviesa por una época muy complicada y que lo único que le queda es madurar. Asociaciones civiles han levantado la voz y están actuando ante diversos temas; el sector empresarial está haciendo lo propio. En cuanto a las acciones de gobierno, puede decirse que se logró materializar las reformas estructurales, entre ellas la energética, la educativa y de anticorrupción, la cual dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las instituciones de todos los órdenes de gobierno responsables de la prevención, detección, investigación, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, que toma en cuenta por vez primera a la población con el Comité de Participación Ciudadana (CPC). Así, surgen también como piezas clave para el combate a la corrupción el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), integrado este por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y los órganos de control internos de la administración pública federal.

Sin lugar a dudas, es en el ámbito de la fiscalización donde las entidades, órganos, dependencias y empresas del sector privado tienen una participación intrínseca frente a las expectativas de la ciudadanía y ante la situación y los cambios que se avecinan en el país.

PONER EL EJEMPLO

Hoy, más que nunca, por ser la Contaduría Pública la profesión más organizada, los contadores tienen la obligación de transmitir su experiencia, conocimientos, valores y buenas prácticas para mejorar las condiciones de un país fracturado; entre otras razones, porque saben de la importancia que tiene la administración de riesgos en un ambiente económico y político expectante, el establecimiento de controles internos rigurosos, la necesidad de sistemas informáticos efectivos que aseguren la confiabilidad de la información contable, fiscal y presupuestal de los entes; la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, pero, sobre todo, porque conocen el cumplimiento del conjunto de leyes y normas que rigen y regulan la conducta de todos los ciudadanos: civiles, funcionarios, trabajadores, empresarios o comerciantes.

En un periodo de transición como el que se vive, el tema de la fiscalización es más relevante y la auditoría forense, una de las disciplinas más especializadas, adquiere un papel primordial. Pero, ¿por qué la auditoría forense y no la auditoría financiera, de desempeño o de legalidad, por ejemplo? Porque mientras que la auditoría financiera tiene como fin emitir una opinión sobre los estados financieros de un ente —con relación a si están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable— y la auditoría de legalidad se encarga de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a que está sujeta una entidad en las operaciones que realiza, la auditoría forense revisa las operaciones y transacciones en las cuales se presumen situaciones relacionadas con fraude, y recaba de manera sistemática la evidencia legal de los hechos estudiados, que más tarde le servirán de prueba para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales.

Las noticias de operaciones fraudulentas en los tres órdenes de gobierno y la impunidad con que se ejecutan están a la orden del día y la sociedad sigue atenta a los resultados de las entidades de fiscalización del SNF. Así que los auditores forenses deben tener los elementos necesarios para detectar este ilícito.

En cuanto al delito de fraude, el Código Penal Federal (CPF) señala:

Artículo 386. Comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, hace ilícitamente alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Artículo 388. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Es necesario estar alerta para detectar delitos de fraude por manipulación de documentos y el registro de operaciones inexistentes que alteren estados financieros; o ante fraude informático, que recurre a medios electrónicos para efectuar transacciones ilícitas como robos de identidad y de bases de datos.

RIGUROSOS PROCEDIMIENTOS

Para el auditor forense, la forma de solicitar, recabar y concentrar información implica rigurosos procesos. Alguna omisión o algún error por parte del equipo auditor podría dar lugar al desechamiento de pruebas con el argumento de faltas al debido proceso o de querer beneficiar a los presuntos responsables.

Es indispensable tomar en cuenta su actuación en las cadenas de custodia, es decir, en la forma de preservar los materiales probatorios y las evidencias físicas como un disco duro y una unidad extraíble que deben conservarse en su estado original. Siguiendo con el ejemplo, las condiciones en las cuales se recolectaron, el personal que los custodia y los auditores forenses que tuvieron contacto con la evidencia deben constar en un registro. Alterar una cadena de custodia es un delito, de conformidad con el CPF:

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:

XXXI. Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia.

Otra acción que el equipo auditor debe manejar con atención es el de la entrevista que aplica para verificar, desechar o confirmar hechos previamente detectados. Formular preguntas objetivas es esencial para que las siguientes operaciones que emprenda el auditor puedan concluir si los hallazgos son lícitos o fraudulentos.

Todo esto es parte de una fiscalización efectiva que dará la certeza de que los mecanismos adoptados para disminuir los malos manejos de los recursos se están ajustando a lo calculado por la H. Cámara de Diputados.

L.C. Anayansi Hernández Bello
Vocal Consejero
Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C.
sky_yansi@yahoo.com.mx

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