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Amenaza comercial, carta de negociación en materia migratoria

Amenaza comercial, carta de negociación en materia migratoria
agosto 01
2019

Los resultados de la negociación para suspender la amenaza de los aranceles podrían beneficiar al presidente de EUA y requerir medidas adicionales para defender los intereses de México.

La estrategia descrita en su libro sobre el arte de negociar sí le funcionó a Donald Trump. Hizo gala de su fuerza al señalar que Estados Unidos de América (EUA) no necesita a México, mientras que nuestro país sí necesita a su vecino; también amenazó con imponer aranceles, arrinconó al gobierno mexicano y negoció para obtener concesiones más allá de lo que México parecía dispuesto a aceptar. Desde el punto de vista de su objetivo principal, que era mejorar sus posibilidades de reelección, la jugada fue exitosa.

Aunque el presidente Trump era consciente de los efectos negativos de los aranceles sobre la propia economía norteamericana (precios más elevados para los consumidores y ruptura de cadenas productivas que han hecho de América del Norte una región altamente competitiva), desoyó las voces que, dentro de su gobierno y partido o desde las organizaciones empresariales, le solicitaban dar marcha atrás a su amenaza. La razón de esta actitud no se ubica en el terreno de la economía, sino en el del cálculo político. Se puede incluso afirmar que se mostró dispuesto a correr el riesgo de un impacto negativo sobre la economía a cambio de fortalecer su posición en los comicios de 2020.

En última instancia, una premisa de la táctica desplegada por la Casa Blanca era que México tenía más que perder, toda vez que el encarecimiento de las exportaciones y su consecuente pérdida de competitividad incidirían sobre el principal motor de la economía; en paralelo, los efectos sobre el tipo de cambio y la tasa de inflación pondrían en una situación difícil el mantenimiento del equilibrio macroeconómico. Frente a la amenaza, el margen de maniobra del gobierno mexicano era estrecho. Desde luego, se podía haber solicitado un panel para denunciar la violación flagrante a las reglas del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC); también se pudo recrear la maniobra (exitosa en el caso de las negociaciones del Tratado entre México, EUA y Canadá o T-MEC) de responder con aranceles focalizados y dirigidos a generar un impacto político-electoral adverso a la causa del presidente Trump.

En EUA, los legisladores y aun gobernadores opuestos a los aranceles podían haber cuestionado las atribuciones del presidente en esta materia y su invocación a la Ley de Poderes Económicos Internacional de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés). El problema residía en que sus resultados no serían inmediatos ni disuasivos y que, mientras tanto, la aplicación de aranceles ya tendría sus efectos sobre la economía nacional justo cuando enfrenta el riesgo de una recesión.

En este contexto, Trump logró imponer una agenda de negociación en la que lo comercial se ligaba con lo migratorio y que dependía de los avances en este terreno la eventual superación del riesgo comercial. En múltiples ocasiones México se había negado a vincular ambos temas y, tal como lo muestra la delegación enviada a Washington, capital de EUA, su propósito era negociar el tema comercial. No obstante, la postura de las contrapartes estadounidenses fue insistir en la problemática migratoria.

Se puede sostener que esta insistencia, sustentada en una narrativa de amenaza en la frontera, haya sido adoptada para desviar la atención de los problemas políticos y legales que podría enfrentar Trump como resultado del informe del fiscal Robert Mueller. Lo que vale pena subrayar es que, por un lado, la satanización del fenómeno migratorio y su identificación como amenaza ha sido un factor clave de movilización de las huestes más leales al trumpismo; por otro lado, no se debe pasar por alto que el manejo oportunista de la problemática migratoria sí está, al menos en parte, sustentada en hechos reales.

Tanto en EUA como en México hay coincidencia en el sentido de admitir que los flujos migratorios han alcanzado niveles que imposibilitan su manejo ordenado. Más allá de la persistencia de los factores estructurales que la favorecen (pobreza, falta de oportunidades y violencia), el manejo ingenuo del reto migratorio por el gobierno mexicano contribuyó de manera notable a exacerbarlo. A la incapacidad del Instituto Nacional de Migración para, en el marco del respeto de los derechos humanos, hacer valer la ley, se sumó la oferta presidencial de otorgar visas para que los transmigrantes centroamericanos atravesaran el territorio nacional para llegar a la frontera norte. En la práctica, ese gesto de buena voluntad funcionó como invitación al ingreso de ciudadanos centroamericanos y de otras latitudes.

Entonces, las demandas del gobierno de Trump al de Andrés Manuel López Obrador consistieron en dos puntos:

  1. Reforzamiento de la frontera sur de nuestro país para frenar el paso de buscadores de asilo en EUA.
  2. La aceptación de México del estatus de tercer país seguro.

En realidad, el gobierno mexicano, ante la evidencia del descontrol migratorio, ya había endurecido su posición al frenar intentos de cruce y elevar el número de deportaciones. Lo que Trump necesita es un éxito claro que pueda mostrar a sus bases de apoyo.

De ahí su desinterés en la propuesta mexicana de un programa de desarrollo económico y social para Guatemala, El Salvador, Honduras y el sur de la República Mexicana orientado a actuar sobre las causas de fondo de la emigración. Esto no despierta entusiasmo ni genera votos. Lo que sí puede apuntar en esa dirección es mostrar que las acciones del presidente tienen resultados en la medida en que, ante la amenaza arancelaria, México ha accedido a las peticiones de EUA.

El anuncio del despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur es una respuesta puntual a las demandas de la Casa Blanca. De modo análogo lo es la aceptación de una suerte de versión ligera o light de la propuesta de tercer país seguro. México ha accedido a recibir sin restricciones a todos los migrantes solicitantes de asilo expulsados del territorio norteamericano, en tanto no haya una respuesta judicial a sus solicitudes de asilo. Es una versión light debido a que no plantea que los migrantes deban primero solicitar asilo en México, pero sí se convierte en el tercer país seguro, toda vez que, como lo afirmó el canciller Marcelo Ebrard, por razones humanitarias, México está dispuesto a recibir a estos migrantes mientras en los juzgados de EUA se resuelve su situación.

Lo preocupante es que, amén de que la respuesta a la solicitud puede demorar meses, el país de acogida deberá proporcionarles un albergue digno y seguro, así como acceso a oportunidades de trabajo y a servicios básicos de salud y educación. Si se considera que en un año se pueden acumular decenas o cientos de miles de buscadores de asilo en las ciudades fronterizas, resulta obvio que ni éstas ni el gobierno federal cuentan con los medios para tal labor humanitaria. Se asumió un compromiso que difícilmente podrá ser honrado.

La pregunta entonces es qué obtuvo México a cambio. La respuesta es la posposición de la amenaza arancelaria, pero no la renuncia a seguir utilizándola. En un plazo de tres meses, el gobierno de EUA podrá revisar el grado de cumplimiento de México y decidir si la amenaza se revive o no. En otras palabras, se logró un respiro temporal, pero en un escenario en el que todo indica que Trump seguirá esgrimiendo su discurso y su agenda antimexicana.

El triunfo de Trump es claro: podrá presumir a sus bases que doblegó al gobierno mexicano y que, si bien no ha construido el muro en la frontera, lo levantó en la frontera sur de México y que, precisamente por ello, nuestro país lo está pagando. México, en cambio, al margen de las celebraciones que pretendan mostrar como un éxito lo que fue una auténtica capitulación, no pudo ni intentó arrancar compromisos en temas como el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales o el apoyo financiero requerido para cumplir con las obligaciones implicadas en el asilo que deberá proporcionar a los migrantes en busca de asilo. A este respecto, es ilustrativo el caso de Turquía que, frente a una Unión Europea que demandaba algo similar a su conversión en un tercer país seguro para los emigrantes sirios y de otros lugares del Medio Oriente, obtuvo de la Unión el compromiso de un amplio financiamiento para satisfacerlo.

Fiel a su idea de que la mejor política exterior es la política interior, el gobierno de la 4T carece de una noción clara del interés nacional en el marco de un mundo cada vez más complejo e interconectado. Se requiere dejar atrás la visión nacionalista y defensiva que ve en el mundo un peligro y no una oportunidad. Rectificar e ir a Osaka a la reunión del G20 sería un primer paso en la dirección correcta.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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