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Alcances de la suspensión temporal de relaciones laborales

Alcances de la suspensión temporal de relaciones laborales
mayo 01
2020

Antes de que el gobierno decretara medidas para la pandemia del Covid-19, organizaciones en la iniciativa privada optaron por implementar el aislamiento social para proteger a sus trabajadores y sus familias. Algunas organizaciones reaccionaron desde el 9 de marzo, suspendieron sus actividades y cerraron establecimientos para evitar la propagación acelerada y masiva.

La situación extraordinaria levantó de inmediato dudas y cuestionamientos de índole laboral. ¿En qué situación quedaban los patrones respecto de los trabajadores que tendrían que quedarse en casa sin poder presentarse a laborar?

Pronto circularon diversas opiniones, entre las que destacaban aquellas que hablaban de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Por tratarse de una situación tan extraordinaria como una pandemia, llamaba la atención lo dispuesto en la fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que contempla la suspensión temporal de las relaciones de trabajo derivada de la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Según el artículo 429, fracción IV de la LFT, la suspensión temporal de las relaciones de trabajo derivada de la causal prevista en la fracción VII del artículo 427 no requerirá aprobación o autorización del tribunal, y el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que ésta pueda exceder de un mes.

Desde luego, la posibilidad de que se diera una suspensión temporal de las relaciones de trabajo de esta naturaleza y con esas consecuencias preocupaba a trabajadores y patrones, sobre todo ante la experiencia internacional de crisis de salud por el COVID-19 que duraron más de un mes.

La preocupación crecía, ya que el gobierno federal no reaccionaba con la celeridad que un riesgo de salud de esta magnitud exigía. La reacción llegó hasta el 30 de marzo, casi dos semanas después de que diversas organizaciones habían decidido cerrar sus establecimientos. Ese día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, anunció que se tomarían medidas de emergencia. El Acuerdo del Consejo de Salubridad General se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de marzo, declarando una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”. Al día siguiente, la Secretaría de Salud publicó las medidas extraordinarias para atender esa situación, destacando la orden de suspender, desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales de la actividad económica, con la finalidad de mitigar la propagación y transmisión del COVID-19.

El lenguaje de las publicaciones del gobierno no resolvía las dudas de los trabajadores y patrones. ¿Esa declaratoria de “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” era la “la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria” a que se refiere la fracción VII del artículo 427 de la LFT? Desde luego, las palabras no eran exactamente las mismas: “emergencia sanitaria” vs. “contingencia sanitaria”, pero ¿esa sutil diferencia tenía alguna implicación jurídica? La actitud de los funcionarios parecía confirmar que sí.

Sin mucha dilación fueron saliendo diversos funcionarios (como Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el mismo Hugo López Gatell; Ma. Luisa Alcalde, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hasta el presidente de la República) a formular declaraciones en las que aclaraban que la intención del Acuerdo del Consejo de Salubridad General no era la suspensión temporal de las relaciones de trabajo en términos de la fracción VII del artículo 427 de la LFT. Por eso no se había declarado un “contingencia sanitaria”, sino una “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor”. Con su actuar, pareciera que el gobierno quiso eludir la fracción VII del artículo 427 de la LFT por no querer asumir el costo político que ello podría haberle representado con la clase trabajadora y haber preferido estirar y torcer los supuestos normativos de la LFT, sin importarle la grave afectación que con ello ocasionaría a los patrones.

A decir de los propios funcionarios, al declararse una “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor”, no se actualizó la hipótesis normativa, la fracción VII del artículo 427 de la LFT, sino la prevista en la fracción I del mismo artículo, que reconoce como causal de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor no imputable al patrón que produzca necesaria, inmediata y directamente la suspensión de los trabajos. Según el artículo 429, fracción I de la ley laboral, esta causal de suspensión temporal de las relaciones de trabajo provoca consecuencias muy distintas para el patrón, entre las que destacan dos:

  1. El patrón o su representante, dará aviso de la suspensión al tribunal (sería la Junta de Conciliación y Arbitraje mientras funcionan los tribunales laborales)para que éste, previo el procedimiento consignado en el Procedimiento Especial Colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley, la apruebe o desapruebe.
  2. El patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización, que será establecida por el tribunal al tomar en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que la indemnización pueda exceder del importe de un mes de salario.

Al respecto, en numerosas declaraciones diversos funcionarios del Gobierno federal han conminado a los patrones a pagar a sus trabajadores el salario íntegro durante la emergencia sanitaria.

La suspensión temporal por fuerza mayor requiere aprobación del tribunal, sin embargo, por la misma emergencia sanitaria, las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje suspendieron las audiencias y diligencias programadas desde el 23 de marzo y hasta el 19 de abril, lo que complica la aprobación de la suspensión temporal de labores y la determinación de la indemnización de los trabajadores.

Por ello, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo exhortó a cada patrón a convenir con sus trabajadores la mejor manera de proteger su salud y preservar las fuentes de empleo, así como el pago de salarios. La crisis debe alinear a patrones y trabajadores para adoptar una visión realista y empática de la situación que cada uno enfrenta y alcanzar un acuerdo que permita la supervivencia de la empresa, pues es lo mejor para ambas partes.

C.P. y Lic. Christian R. Natera
Socio en Natera Consultores, S.C
cnatera@natera.com.mx

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