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A debate: el nuevo modelo adversarial de justica

A debate: el nuevo modelo adversarial de justica
septiembre 01
08:39 2017

¿Es válido atribuir al nuevo modelo el repunte en los delitos de alto impacto? Antes es preciso subrayar el carácter multidimensional del fenómeno delictivo.

A un año de haber entrado en vigor en todo el país, el sistema adversarial de justicia penal está siendo objeto de debate. En esencia, la discusión se refiere a si el aumento observado en los delitos de alto impacto se explica en virtud de la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia o por las tradicionales deficiencias de policías, ministerios públicos y jueces, cuya superación no es tarea del sistema adversarial.

Como se recordará, debido a los graves déficits en materia de impartición de justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de académicos lograron colocar en la agenda de la discusión pública la necesidad de adoptar un modelo de justicia penal basado en los juicios orales. Esta propuesta encontró eco en los poderes Ejecutivo y Legislativo, de tal suerte que, en junio de 2008, se aprobó una reforma constitucional mediante la cual el sistema inquisitivo de justicia penal sería sustituido por el sistema adversarial.

Vale la pena insistir en la trascendencia de esta reforma. Implicó un giro completo de paradigma, pues se cambió el viejo sistema, en el que el Ministerio Público tenía el control absoluto de la averiguación previa y la acusación, por uno de carácter acusatorio, donde hay un equilibrio procesal entre las partes, se respeta la presunción de inocencia, se limitan los abusos en materia de prisión preventiva y las pruebas se desahogan únicamente ante el juez. Por su parte, la oralidad que caracteriza al nuevo sistema, además de abonar en favor de la transparencia, permite una solución más expedita de los procesos, al tiempo que abre la puerta a la posibilidad de acuerdos (por ejemplo, la conciliación y la reparación del daño) entre las partes involucradas.

Debido a la complejidad de los cambios involucrados, se estableció un periodo de ocho años para que la reforma fuera puesta en operación en todo el país. Así, en este lapso, se desplegaron importantes esfuerzos en materia de capacitación, de adecuación de reglas y procedimientos, acondicionamiento de instalaciones y de adopción de nuevas tecnologías. El cambio no fue sencillo; se enfrentaron enormes dificultades que iban desde la escasez de recursos financieros hasta las resistencias de una burocracia judicial que vio con aprensión los desafíos que el nuevo sistema conlleva.

Frente a la opacidad y la violación de los derechos humanos de víctimas y acusados que distinguían al modelo anterior, el nuevo sistema representa un avance significativo en la construcción de un auténtico Estado de derecho. Ello no significa que su operación carezca de dificultades. Hay, desde luego, problemas técnicos y administrativos que deben ser identificados y remediados.

Sin embargo, el corazón de la controversia se refiere a la pregunta planteada al principio de este texto. ¿Es válido atribuir al nuevo modelo el repunte en los delitos de alto impacto? Para responder a esta interrogante es preciso subrayar el carácter multidimensional del fenómeno delictivo.

En primer lugar es sostenible la hipótesis (que habría que probar) de que ciertos cambios legales, aunados a decisiones de la Suprema Corte, han favorecido la liberación de presuntos delincuentes potencialmente peligrosos para la convivencia social. De acuerdo con el espíritu garantista del modelo adversarial, la Corte decidió que aquellos acusados sujetos a proceso, según las reglas del modelo anterior, podrían solicitar que su caso fuese tratado con los criterios del nuevo modelo; la idea era limitar la práctica de la prisión preventiva. Adicionalmente, tuvo lugar una reclasificación de tipos penales de acuerdo con la cual muchos delitos considerados graves pasaron a la categoría de no graves (y que no implican prisión preventiva).

Vale la pena insistir en la trascendencia de esta reforma implicó un giro de paradigma; en el viejo sistema el Ministerio Público tenía control absoluto”.

De esta manera el problema no es tanto que el nuevo sistema se oriente a reducir la práctica sistemática de la prisión preventiva, sino que determinados delitos hayan dejado de ser considerados graves. No queda claro con base en qué criterios se decidió que la portación de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, el lavado de dinero, la extorsión o el tráfico de personas no constituían delitos graves y que, por tanto, los acusados podían enfrentar su juicio en libertad.

En segundo lugar, debido a sus dificultades intrínsecas, pero también a la negligencia de varios gobernadores para instrumentar el modelo, los ocho años establecidos por la reforma constitucional no fueron en muchos casos suficientes. Se observan, tanto en los ministerios públicos como en las policías, deficiencias en materia de capacitación y conocimiento de las nuevas reglas del juego; de ahí el gran número de presuntos delincuentes liberados a causa de la desaseada integración de los expedientes o de una actuación policial no ceñida a los protocolos del debido proceso.

En tercer lugar, cabe también plantear que el repunte de los delitos no solo se explica por la liberación de presuntos delincuentes, sino principalmente por las múltiples deficiencias del modelo policial. La falta de un modelo policial eficiente aplicable en todo el país está en la raíz del crecimiento del delito. El sistema adversarial no es, en este sentido, una varita mágica que compense los vicios observables en otros ámbitos de la procuración y la impartición de justicia. Su objetivo no es reducir la inseguridad, pues para eso están la policía y los ministerios públicos, sino hacer más transparente y respetuosa de los derechos humanos la impartición de justicia.

Ante esta situación, la solución no está en desechar un avance de tanta trascendencia como la adopción del nuevo modelo de justicia penal. Lo conducente es identificar y corregir errores operativos, reforzar la capacitación de policías, ministerios públicos y aun jueces, diseñar un nuevo modelo policial realmente efectivo y, sobre todo, revisar y corregir la reclasificación de los tipos penales.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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