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97 años de la Constitución: ¿Redefinición del pacto social?

97 años de la Constitución: ¿Redefinición del pacto social?
febrero 28
15:17 2014

Una Constitución representa una suerte de arreglo entre distintas fuerzas políticas y sociales en torno a determinados principios que, en esencia, definen la forma en que se organiza el Estado, las reglas básicas de la convivencia social e, incluso, un proyecto de nación.

En otros términos, la Constitución es un pacto en torno a la naturaleza del régimen político, los derechos y los deberes de los ciudadanos y, como es el caso de países como México, los objetivos y líneas rectoras del desarrollo nacional.

A la luz de esta premisa, la primera y más obvia de las preguntas en torno a la Carta Magna se refiere a en qué medida la fisonomía actual de nuestro texto constitucional sigue expresando con fidelidad los contenidos sustantivos del contrato social de 1917. Si se considera que en el transcurso de sus 97 años de vida el texto constitucional ha experimentado 579 cambios, la pregunta está lejos de ser retórica.

En términos ideales, una Constitución debe, al mismo tiempo, reflejar y normar la realidad. Ello significa que debe haber congruencia entre la norma y la realidad y que, por lo tanto, la Constitución debe entenderse como un hecho dinámico que se reforma en respuesta a los retos cambiantes enfrentados por la sociedad.

Desde esta perspectiva, las reformas constitucionales, lejos de ser una anomalía, son, en teoría, expresión de la necesidad de los Estados de revisar y adecuar sus propios fundamentos.

No obstante, al margen de su magnitud, importa la naturaleza de los cambios. Éstos pueden consistir en adecuaciones dirigidas a reforzar el pacto social o, por el contrario, pueden consistir en transformaciones de fondo que, de facto, modifican los contenidos del pacto. Así, la pregunta acerca de la vigencia del contrato social de 1917 debe considerar el sentido de los cambios.

A este respecto, resulta particularmente relevante el último cuarto de siglo. No sólo porque entre 1988 y 2013 se concretó más de la mitad de las reformas a la Constitución (54.4%), sino principalmente debido a que, de manera incremental, las reformas han alterado de manera significativa los contenidos básicos del contrato social.

Tanto la adopción de un modelo económico más acorde con la lógica de la economía de mercado como los avances democráticos, al tiempo que han modificado la realidad económica y política del país, han dado lugar a un intenso proceso reformista que, según algunos juristas, permite hablar de la construcción de una nueva Constitución no a través de la instauración de un Congreso Constituyente, sino de los procedimientos que el propio texto constitucional prevé.

Resulta válido afirmar que los cambios constitucionales experimentados en los años recientes (y particularmente en 2013) han modificado los referentes clave de la vida nacional. A grandes rasgos, la impronta estatista del contrato social posrevolucionario y el enorme andamiaje institucional y legal en que se sustentó el modelo corporativo de relación entre el gobierno y la sociedad, aunque todavía vigentes en la práctica, han perdido sustento constitucional.

Desde el punto de vista económico, las recientes reformas en materia laboral, de competencia, de telecomunicaciones y, sobre todo, en el rubro energético modifican a fondo el marco jurídico e institucional de la economía. Y si bien es cierto que el cambio constitucional no altera en automático la realidad, sí establece el fundamento legal para hacerlo.

Estas reformas, aunadas a otras realizadas en años previos (por ejemplo, las referentes al ejido o a la autonomía del banco central), no sólo abren una ventana de oportunidad para atraer más inversión y elevar la capacidad competitiva de la economía; representan la posibilidad de allanar el camino para que el sistema de incentivos de la economía transite de la lógica de la captura de rentas (vía privilegios monopólicos y corporativos) a la lógica de la productividad y la innovación.

En lo político los cambios constitucionales no son menos profundos. Desde luego que la definición básica de la nación como república democrática, representativa y federal no se ha modificado. Sin embargo, lo cierto es que la arquitectura institucional del Estado mexicano ha sido objeto de cambios de gran calado.

En el marco de la mayor pluralidad existente en los órganos representativos del Estado, las reformas políticas han ido avanzando en la adopción de reglas favorecedoras de la gobernabilidad democrática. Tales son los casos de las reformas relativas a la iniciativa preferente del Ejecutivo, el reconocimiento a la figura de gobierno de coalición y en la corresponsabilidad del Congreso en los resultados del gobierno (por ejemplo, a través de su participación en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia de Seguridad).

A estas reformas hay que agregar otras que también habrán de incidir en la modificación estructural del Estado. La reelección de legisladores y autoridades municipales, las nuevas disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, así como el reconocimiento constitucional de modalidades emblemáticas de la democracia participativa: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular potencialmente favorecedoras del empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas, de tal suerte que, cabría esperar, no sólo cambios en el modus operandi del gobierno sino avances en la superación del paradigma gobierno fuerte-sociedad débil en que se sustentó el pacto nacionalista revolucionario.

Asimismo, se registran cambios importantes en dos aspectos cruciales del sistema político. Por un lado, el tradicional sistema de división de poderes ha sido alterado mediante la multiplicación de órganos autónomos de Estado: Banco de México, IFE, IFAI, CNDH, INEGI y, más recientemente, CONEVAL, IFETEL, COFECO y la nueva Fiscalía que sustituirá a la PGR. Al margen de que en algunos casos tal proliferación de entidades autónomas puede resultar cuestionable, el hecho escueto es que existen e implican un cambio de fondo en el sistema de pesos y contrapesos.

 

Por Seminario Político

pj999glez@gmail.com

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