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27.a Semana de Auditoría Fiscal

27.a Semana de Auditoría Fiscal
noviembre 05
2020

En esta segunda jornada de videoconferencias, los expertos en materia fiscal debatieron acerca de la razón de negocios, IVA en la economía digital y los beneficios fiscales.

Con el objetivo de conocer la importancia del auditor externo, así como los impactos legales y económicos a los que se enfrenta a raíz de la contingencia sanitaria, el Colegio, a través de la comisión de Auditoría Fiscal organizaron —vía online— la vigésimo séptima edición de la Semana de Auditoría Fiscal, la cual contará con cinco días de videoconferencias repartidas en las próximas cinco semanas.

Con un mensaje de apertura, el presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, fue el encargado de dar inicio a las actividades, destacó la importancia que tiene la auditoría en cualquier entidad. “La auditoría fiscal es una materia emblemática en la historia del Colegio que aún no pierde vigencia dentro de los modelos de fiscalización de una empresa, ahí su importancia de perseguir el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias” comentó Bojorges Pérez.

Para comenzar con las ponencias, Rosalía Ortega López, vicepresidenta de la comisión organizadora, charló acerca del dictamen fiscal y cómo presentarlo, comentó que se debe contar con toda la información revisada y cotejada para posteriormente, descargar el SIPRED que es un programa diseñado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la presentación de los dictámenes fiscales a través de Internet.

Asimismo, informó que el dictamen tiene como consecuencia tres factores diferentes, 1) la declaración complementaria derivada de los cambios por ajustes de auditoría, 2) presentación de los papeles de trabajo, es decir, la obligación del auditor, 3) revisión secuencial de las solicitudes de información. Ortega López recordó que, para que un dictamen fiscal pueda tener plena validez legal, es necesario que reúna ciertos requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Durante el panel Implicaciones del artículo 69-B en el informe fiscal del auditor, Jesús Guillermo Mendieta González, de la comisión de Auditoría Fiscal del Colegio, comenzó su participación con un breve análisis de los antecedentes de la lista negra del SAT, al respecto comentó que en estas listas se encuentran los contribuyentes (personas físicas o morales) con irregularidades en su situación fiscal y aquellos que se presume realizaron operaciones inexistentes.

Mendieta González dijo que gracias a la Reforma Fiscal del 2014, en la cual apareció el artículo 69-B en el Código Fiscal de la Federación, se comenzaron a detectar las operaciones electrónicas con fines de evasión fiscal y de igual forma, a los contribuyentes que generen este tipo de operaciones para su beneficio, Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). De esta manera el artículo 69-B, integra un procedimiento de fiscalización que permite a la autoridad verificar y sancionar estos aspectos.

Finalmente, el panelista mencionó que los contribuyentes tienen la obligación de fiscalizar a sus proveedores cada vez que sea publicado un listado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que exhortó a los asistentes a consultar con profesionales en la materia para evitar caer en estas operaciones.

En el segundo día de actividades, se dieron cita Manuel Torres García Villalobos y Luis Calvo Díaz, integrantes de la comisión de Auditoría Fiscal del Colegio, quienes charlaron acerca del nuevo régimen tributario de los servicios digitales, así como de la razón de negocio y beneficio fiscal del artículo 5-A del CFF.

Durante su participación, García Villalobos mencionó que a partir del 1 de junio de 2020, entró en vigor un nuevo régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de regular la prestación de servicios digitales a favor de los usuarios que se encuentran en territorio nacional. Informó que esta modificación pretende gravar a las empresas que en su mayoría no son residentes en México y que realizan operaciones en el país por las cuales obtienen ingresos.

En este sentido, el especialista enlistó las principales obligaciones fiscales a las que están sujetas estas organizaciones, el registro de RFC ante el SAT dentro de los 30 días naturales de la primera operación, ofertar y cobrar el IVA conjuntamente con precios de servicios, la emisión y envío de comprobantes de pago (CFDI), proporcionar trimestralmente información sobre sus operaciones, entre otras.

Para comprender de una mejor manera el tema, Manuel García Villalobos, mostró casos prácticos de los esquemas de operación, señalando las características y diversos supuestos que se pueden llegar a presentar durante el proceso.

A través del panel Razón de negocio, materialidad de ingresos y gastos fiscales, Luis Calvo Díaz puntualizó que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen beneficios fiscales (directos o indirectos), tendrán efectos negativos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico, tal como generar ingresos, reducir costos o aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad.

Por lo anterior, Calvo Díaz comentó que la Ley del Servicio de Administración Tributaria ha facultado a las autoridades fiscales para que en el ejercicio de sus facultades puedan determinar la inexistencia de una operación fiable, verificando si en el fondo no se encuentra escondida alguna operación simulada que genere un deterioro en la recaudación.

Edwin Omar Chávez Díaz
Asesor editorial
echavez@colegiocpmexico.org.mx

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